Por Matías S. Zavia / Gizmodo

Estados Unidos acaba de destapar un nuevo escándalo de vigilancia abusiva por parte de las autoridades. Esta vez afecta directamente a Mickey Mouse, residente oficial de Anaheim desde 1955. En esta ciudad de 300.000 habitantes, que crece en torno a Disneyland, la policía lleva años espiando en secreto las comunicaciones.

Según las pruebas publicadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la policía local de Anaheim acumula al menos desde 2009 un auténtico arsenal de dispositivos de vigilancia. Se conocen como dirtboxes, herramienta para espiar comunicaciones móviles con antenas muy potentes que simulan ser una torre de telefonía para engañar a los teléfonos.

Entre los equipos hay un StingRay del tamaño de una maleta, otros que caben en la palma de la mano y una Dirtbox del mismo modelo que pidió la Fuerza Aérea en 2012. Hasta ahora se creía que estos dispositivos de tecnología militar sólo estaban en poder del FBI y la policía federal de Los Ángeles y Chicago.

“Si una ciudad de sólo unos pocos cientos de miles de personas como Anaheim ha comprado esta amplia gama de dispositivos, uno se plantea cómo de generalizado es el uso de estas herramientas realmente” denuncia Matthew Cagle, abogado de ACLU. Los equipos permiten a la policía conectarse a los teléfonos móviles de los residentes, retener información y conocer su ubicación.

En uno de los documentos se puede ver que Anaheim solicitó financiar estos dispositivos a “cada ciudad en el Condado de Orange” puesto que todas se habían “beneficiado” de su equipo de vigilancia celular, lo que levantó todavía más controversia sobre la transparencia de las autoridades. “Ya de por sí está mal que Anaheim adquiera esta tecnología de vigilancia secreta , pero al prestarla fuera de sus límites, el departamento de policía ha sometido a gente de todo el condado a decisiones tomadas por líderes no electos de otras comunidades” añade Cagle.

ACLU obtuvo estos documentos tras interponer una demanda por una negativa inicial a un pedido de registros públicos. El programa afecta potencialmente a la privacidad de los 3 millones de residentes del condado de Orange y a las 16 millones de personas que visitan Disneyland cada año.