La industria de la guerra reporta importantes beneficios a las empresas españolas. La última legislatura las exportaciones de bombas, cohetes o misiles ascendieron a 11.527,4 millones de euros, superando con creces la cifra del periodo anterior (6.446,87 millones). Evidentemente no se trata de un comercio inocuo, son productos pensados para matar y destruir. Y a las oenegés les preocupa en especial que estas armas fabricadas en España se estén utilizando para cometer “crímenes de guerra o atrocidades”.
Es lo que creen que ocurre con parte de este material Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón. Las oenegés alertan en su informe “¿Licencias para matar?”, hecho público ayer, de importantes carencias en el control y la transparencia en el comercio armamentístico. Por eso, ahora que los partidos políticos vuelven a redactar sus programas electorales, exigen que se comprometan a reforzar esta supervisión y a cumplir a rajatabla el tratado sobre el Comercio de Armas, que el Gobierno español ratificó en el 2014.
“Casi un tercio de las exportaciones españolas de armas en el primer semestre del 2015 –últimos datos publicados– fueron a parar a países de la coalición encabezada por Arabia Saudí, que participa en la guerra del Yemen desde marzo del 2015”, pone a modo de ejemplo Alberto Estévez, analista de comercio de armas que ha participado en el informe de las oenegés. En este periodo España exportó a la coalición saudí aviones de guerra, munición, bombas, torpedos, cohetes y misiles por valor de 560 millones de euros. “El periodo de mayor actividad bélica ocurrió durante marzo y junio del año pasado, tenemos documentados 32 ataques a escuelas, hospitales, mezquitas o mercados que podrían constituir crímenes de guerra”, añade Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Y durante ese periodo, “¿qué hizo el Gobierno español? ¿dejó que se exportaran armas? Nos han dado la callada por respuesta”, lamenta Estévez.
Colombia, Egipto, Pakistán, Israel o Camerún son otros de los focos a vigilar, insiste el informe. En este último país las entidades detectaron que una parte de las armas de fabricación española se reexportaron a la República Centroafricana en el 2014, en plena guerra entre milicias cristianas y musulmanas. El Gobierno sólo ha vetado la venta de armas a Venezuela.
La parálisis en el Congreso debido a la situación política ha hecho que toda esta información, aportada por el Gobierno en enero, no haya podido debatirse en la cámara baja, tal y como tendría que haber ocurrido este mes si se hubiera formado gobierno tras el 20-D. “Ya que vamos tarde, sí que pedimos a los partidos que tomen consciencia de esta situación y que introduzcan en sus programas una supervisión estricta del comercio de armas”, insiste Estévez. Y al gobierno que salga del 26-J, que no autorice la exportación prevista por la empresa Navantia de cinco corbetas a Arabia Saudí mientras exista riesgo de que sean usadas para cometer crímenes de guerra.
MSN