El pucherazo frustrado en València en Comú se hizo desde una IP de la Junta de Andalucía

 

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El intento de manipulación del censo para la elección de la Ejecutiva de València en Comú se realizó con nombres reales de personas que trabajan en la Consejería de Salud andaluza, según la denuncia que la formación política interpuso este viernes en el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia.

Según informa Valencia Plaza, la elección que se iba a realizar el jueves por la tarde en el plenario de València en Comú fue suspendida ante la sospecha de que el censo se había falseado, motivo por el cual la secretaria general de la formación, Mireia Biosca, interpuso la denuncia este viernes.

En ella, Biosca expone que el día 7 de septiembre, “en el proceso electoral abierto por el partido Valencia en Común (sic) para elegir su comisión coordinadora y para el cual estaba abierta una inscripción telemática, empezaron a entrar registros con una cadencia de un minuto” con la documentación “para justificar que la persona vivía, trabajaba o estudiaba en Valencia claramente falsificada”.

Según la denuncia, “todos los registros falsificados fueron incluidos el mismo 7 de septiembre desde la misma dirección IP” y 83 de ellos -de un total de 86- pertenecen, “tanto el nombre como el DNI”, a personas físicas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

En el escrito se facilitan todos los nombres en un anexo y en el texto se destacan tres: Mario Sobalvarro, David Rouces y Miguel Jiménez Cordón. Este último es “el anterior informático responsable de la plataforma Valencia en Común” y cerraba la lista, según destacan los denunciantes.

Cada nombre inscrito iba acompañado de un número de teléfono al que los responsables del partido llamaron, “siendo su sorpresa mayúscula al comprobar que todos estos teléfonos eran inexistentes, salvo dos que contestaron que no sabían absolutamente nada”.

A pesar de las sospechas, los dirigentes de València en Comú no los bloquearon para comprobar si los inscritos votaban, cosa que hicieron, concretamente tres personas el día 7 y 31 al día siguiente, representando estos votos el 12,6% del total emitidos.

Dos beneficiarios

Aunque la base de votaciones está encriptada y los votos se ordenan aleatoriamente para evitar identificar a quién vota cada uno, los responsables del partido idearon una estrategia para identificar a los beneficiarios: salvar la base de datos después de cada voto para identificar mediante comparación a quién había ido el nuevo voto.

Pues bien, según la denuncia hubo dos beneficiarios de esos votos: Vicente Germán Polo Fabra, siempre como primer candidato elegido, y Judith Llian Saldivia Rodríguez, siempre como segunda candidata. No obstante, la denuncia no va dirigida contra ninguna persona.

El plenario, al que acudió el concejal de Innovación y Participación en el Ayuntamiento, Jordi Peris, comenzó a las 18.30 horas del jueves en la sede de Comisiones Obreras de la calle Nápoles y Sicilia.
Se aprobó la comisión de garantías

En la convulsa sesión, el plenario de Valencia en Comú aprobó la creación de una comisión de garantías, cuyo fin principal es el de fiscalizar el trabajo de sus representantes políticos, entre los que se encuentran los concejales en el Ayuntamiento María Oliver, Jordi Peris y Berto Jaramillo. Así, se debía elegir a las cinco personas que formarían esa comisión de entre los diez candidatos que se presentaron.

Tras el presunto fraude detectado en la recogida de votos se estuvo barajando la posibilidad de posponer la renovación de esta comisión, aunque finalmente no se consideró oportuno al contar con el apoyo de 128 votantes.

Entre algunas de las funciones que tendrá esta comisión es la de vigilar que se cumpla el programa electoral, los compromisos que se toman en las asambleas o el código ético.

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