El juez imputa a Rus por blanquear dinero a través de sus empresas

El juez del «Caso Taula», Víctor Gómez, acaba de comunicar al exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, una nueva imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales por, supuestamente, lavar dinero de mordidas a través de sus empresas. El magistrado considera que «existen indicios de que la recompra por 1,2 millones de las acciones de su sociedad que había vendido tres años antes por 1,8 millones fue una operación simulada».

En esta misma pieza también ha sido imputado el empresario Jaime Cabot y, al estar relacionada con su cargo como alcalde de Xàtiva, conforma la última pieza separada del «Caso Taula» del que ayer se levantó totalmente el secreto del sumario. En esta pieza se analizan las operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM (una empresa de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación y Geneva Fondo Inmobiliario,.

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia considera que «existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1.800.000 euros 50 participaciones que Arteinvest, a su vez, había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una «operación simulada». Según recoge el auto, «existen indicios racionales de que la primera operación», la constitución de Arteinvest (carente a lo largo del tiempo de toda actividad) para adquirir las acciones de FDM, «también fue una operación ficticia, supuestamente orquestada para realizar una operación de blanqueo de dinero que el grupo investigador relaciona como presuntamente procedente de la actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante el desempeño de su cargo como alcalde de Xàtiva».

Esta última pieza se constituyó en junio para investigar estos hechos de manera separada al resto de las diligencias del «Caso Imelsa». En ella están imputados (investigados) por un presunto delito de blanqueo de capitales Rus y el empresario Jaime Cabot, al haber fallecido la tercera persona que aparece vinculada a Geneva.

Antes de conocer esta nueva imputación, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus negaba que haber evadido dinero al extranjero, el lavado de dinero negro o que él mismo dirigiera la red provincial de cobro de mordidas. «Me lo tendrán que demostrar», ha asegurado a los periodistas -sin micrófonos- tras declarar otra vez ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia por el presunto amaño de la gestión telefónica tributaria o «call center» de Imelsa, una pieza separada del «Caso Taula».

Rus no ha querido extenderse más sobre los detalles de la pieza principal de la macrocausa judicial que lo sitúa a él como el líder de la red de mordidas. «Son 18.000 folios, no ha dado tiempo a leerlos», asegura. Y se ha limitado a calificar de «barbaridades» las acusaciones que se vierten sobre él como el cobro de mordidas de Ciegsa, los amaños en Imelsa, el supuesto blanqueo de dinero a través del Olímpic de Xàtiva, el club de fútbol que presidió, o el desvío de fondos al extranjero. «Vamos a rebatir una a una todas las informaciones», ha rebatido al tiempo que defendía la inocencia de cualquier procesado «hasta que el juez no diga lo contrario».

El expresidente provincial del PP de Valencia ha defendido la inocencia de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá «mientras un juez no diga que es culpable», defensa que hace extensiva al exdiputado socialista Rafael Rubio, recientemente imputado en la pieza de los zombis de Imelsa del «Caso Taula». También ha recordado la reciente absolución de su exvicepresidente, Enrique Crespo, en el juicio por la supuesta ocultación de un premio de la lotería nacional, aunque ha obviado que aún tiene pendiente la macrocausa del «Caso Emarsa». «Si Crespo hubiese dimitido como vicepresidente de la Diputación por estos hechos, ¿qué sucedería ahora?», se ha preguntado Rus.
Aunque al ser preguntado por su defensa del exconseller Rafael Blasco, condenado y en la cárcel por el desvío de fondos de cooperación, ha torcido el gesto. «Yo lo defendí porque era mi amigo, pero siempre decía que cuando un juez lo declarase culpable, que lo pague».
Sobre el motivo de su nueva visita a la Ciutat de la Justicia, el «call center» ha explicado que «era cosa de los técnicos» y el contrato se basaba en un «pliego impoluto que ninguna otra empresa recurrió»

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