Apenas 24 horas después de que ERC subiera el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez y anunciara la presentación de una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, Moncloa ha cedido a exigencias de la Generalitat, defendidas en los últimos días por el PDeCAT. La esperanza que le queda al Gobierno es que sus guiños convenzan a los postconvergentes en favor de las cuentas públicas y atraer así a los republicanos.
El viraje comenzó a explicitarse este martes, cuando Miquel Iceta aseguró que el Gobierno estudiaba aceptar una suerte de «notario» para que «dé fe» de lo que pasa en la mesa de partidos que negocian Carmen Calvo y la Generalitat. La figura del mediador era una de las exigencias de la Generalitat que hasta ahora no había aceptado Moncloa. Es más, las negociaciones encallaron en la última reunión de Calvo con Pere Aragonès y Elsa Artadi y el Gobierno reconoció el viernes que estaban en un «punto ciego».
La confirmación de la aceptación de condiciones del Govern la verbalizó la número dos del PSOE, Adriana Lastra, horas después al asegurar que se estaba hablando de un «coordinador». La portavoz parlamentaria abría además la puerta a que la mesa de partidos tuviera un ámbito estatal, como reclaman los independentistas: «Si hubiera un acuerdo sobre una mesa de partidos a nivel nacional, sobre un coordinador o lo que fuera de esa mesa de partidos, se haría saber», afirmó en una rueda de prensa en el Congreso.
A primera hora de la tarde, la vicepresidenta asumía un «relator» que se haga cargo de la coordinación de esas reuniones: «Alguien que sea capaz de decir: nos convocamos, tomo nota de lo que vais hablando, un poco ayudar», expresó.
Calvo hizo equilibrios con respecto al ámbito de actuación de la mesa de partidos con la que pretenden buscar una solución al conflicto territorial, que es otra de las exigencias del PDeCAT. Los independentistas reclaman que sea un órgano estatal mientras que el Gobierno la deja en el «ámbito catalán». Sin embargo, la vicepresidenta no descartó que participen miembros del PSOE al asegurar que su «partido evidentemente tiene que estar representado en una manera muy importante por el PSC». «Tendremos que contar mucho con el PSC», dijo sin dejar fuera de esa mesa al PSOE.
Desde Moncloa precisaron después que, más allá del plano institucional a través de la Comisión Bilateral que prevé el Estatut, la propuesta de diálogo es una «mesa abierta a los partidos que en el ámbito catalán han de encontrar puntos en común que saquen a la sociedad catalana del actual escenario de fractura». Dicho «espacio» estaría coordinado por un «relator» al que Moncloa posteriormente ha denominado «facilitador». En cualquier caso, el Gobierno sostiene que tendrá que ser una persona «neutral y elegida de común acuerdo»
Iceta apuesta por una mesa con el PSOE
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha explicado posteriormente que la mesa que se busca es de partidos a nivel estatal puesto que ya existe una mesa de partidos a nivel autonómico en el marco del Parlament y una comisión bilateral entre gobiernos. Esas declaraciones las ha hecho precisamente al terminar la reunión del organismo que reúne a los grupos de JxCat, ERC, PSC y ‘comuns’ en el Parlament. Con todo, el líder de los socialistas catalanes ha apostado por mantener una «actitud facilitadora» para conseguir que el diálogo arranque, avanzando que estarán de acuerdo con lo que se acuerde entre la Generalitat y el Gobierno.
Los gestos que emitieron este martes los socialistas fueron en la línea de cumplir con las exigencias del PDeCAT en las últimas horas. Los portavoces del partido en Madrid insistieron en que la aceptación de un «observador» para una mesa de partidos a nivel estatal era suficiente para no presentar una enmienda a la totalidad y facilitar así la tramitación de los presupuestos. «Es evidente que si en las próximas horas, o días hay acuerdo, esto ayudaría a facilitar el inicio de la tramitación presupuestaria», expresó Carles Campuzano.
Fuentes socialistas temen que no haya unidad de acción en el PDeCAT –creen que Carles Puigdemont y Quim Torra pueden imponer un criterio distinto a los negociadores parlamentarios, a los que ven convencidos de apoyar al Ejecutivo–. La única baza que le queda a Sánchez para sacar adelante las cuentas es que los postconvergentes no presenten una enmienda a la totalidad en favor de la tramitación presupuestaria, como va a hacer el PNV, y que toda la presión recaiga sobre ERC.
Desde el PSOE insisten en que el «órdago» de ERC obedece a su «competición» con Junts Per Catalunya. La idea que manejan en las filas socialistas es que los republicanos no pueden votar junto a PP y Ciudadanos en contra de un proyecto «progresista». Esa presión se redobla si su socio conservador vira hacia el apoyo a las cuentas.
Mientras que en el PDeCAT dicen que la música que llega desde Madrid tras el anuncio de la vicepresidenta «va en el buen camino», ERC la rechaza por completo porque considera que los pasos dados aún no cumplen sus condiciones. Así, mantiene su exigencia doble de «una mesa de diálogo con el Estado con mediación internacional y sobre la autodeterminación catalana sin límites» y, por otro lado, «el fin de la represión». «Ninguna de las dos se ha aceptado esta tarde», han afirmado, por lo que «la enmienda a la totalidad ha venido para quedarse».
Exigencias inasumibles para el Gobierno
Las exigencias de ERC son inasumibles para los socialistas, que insisten en que no pueden interferir en el juicio del procés ni dar órdenes a la Fiscalía para que elimine la acusación por rebelión –la que conlleva mayores condenas–. El Ejecutivo de Sánchez sí accedió a que la Abogacía del Estado rebaje la acusación a sedición y malversación contra los líderes del proceso independentista.
A la vez que Calvo hace guiños al Govern, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, avisó de que si los independentistas imponen condiciones «imposibles», el Gobierno tendrá que «suspender la terapia del ibuprofeno» en referencia a la política de distensión que ha iniciado el Ejecutivo con la Generalitat. En las filas socialistas preocupa la factura que pueda pasar en los territorios la cesión del Gobierno.
En la dirección socialista reconocen que puede pasar cualquier cosa respecto a la aprobación de los presupuestos, que suponen el punto de inflexión para la duración de la legislatura, pero lo fían todo al apoyo del PDeCAT y a un cambio de criterio de ERC. La votación definitiva será el miércoles 13 de febrero, coincidiendo con el arranque del juicio delprocés, y hasta entonces el grupo que lidera Joan Tardà puede retirar la enmienda a la totalidad que han registrado este martes.
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