Cádiz, Córdoba y Sevilla. Y desde hace poco. Son las tres únicas capitales de provincia españolas que garantizan a sus vecinos el suministro de un mínimo vital de agua de boca aunque no puedan pagarlo, según indica un estudio de Aeopas(Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) al que ha tenido acceso Público.

¿En qué consiste el mínimo vital de agua de boca? Las recomendaciones de la ONU y la OMS (Organización Mundial de la Salud), consideran «una obligación básica del Estado velar por que se satisfagan por lo menos los niveles esenciales mínimos del derecho, lo que comprende el acceso a la cantidad mínima indispensable de agua».

Se cuantifica en «por lo menos 100 litros por persona al día» cuando «hay agua corriente en las viviendas», aunque «para las situaciones de emergencia, como los desastres naturales, los conflictos o las situaciones posteriores a conflictos, se ha propuesto un suministro básico mínimo de entre 7,5 y 15 litros por persona al día, ya que puede no haber agua suficiente para cubrir todos los usos personales y domésticos». La inmensa mayoría de las ciudades españolas se encuentran oficialmente por debajo de este segundo nivel.

«Se trata de la bonificación primordial, que toda entidad debería tener implantada en su sistema de bonificaciones, para no privar de un recurso básico a ninguna persona por causas económicas», señala el estudio de Aeopas, que añade que, no obstante, «bajo otros conceptos si se contempla el no corte de suministro» en otras ciudades como Palma de Mallorca, que «dispone de fondos de emergencia social para impedir el corte del suministro a personas en riesgo de exclusión social», y también en Zaragoza y A Coruña.

Bonificaciones sin progresividad

En el caso de Sevilla, la gestora pública Emasesa «supera esta medida y no se produce corte bajo ningún concepto siempre y cuando la persona afectada cuente con informe positivo de los servicios sociales».

El informe, que califica de «fundamental» aplicar esta medida, anota que «no se observa la implantación generalizada de medidas de emergencia social» en el suministro de agua de boca en las ciudades españolas, aunque sí hay «pequeñas reducciones de las cuantías de los bloques o de las cuotas de servicio para determinados colectivos sociales» como las familias numerosas, los desempleados y los pensionistas.

No obstante, esos descuentos carecen habitualmente de componentes progresivos. «Es mucho más importante el suministro mínimo vital que la reducción de la tarifa por familia numerosa, porque no se analiza la situación» socioeconómica de ese hogar para aplicarla.

«Los ayuntamientos son el verdadero entre competencial en materia de agua de boca, aunque en la mayoría de los casos no se preocupan del servicio después de haberlo privatizado«, explica Luis Babiano, gerente de Aeopas, que destaca cómo ninguna medida de este tipo había sido implementada hace cinco años.

La disparidad de las tarifas

Aeopas llama la atención sobre la extensión de la privatización del suministro de agua de boca en España, mayoritaria en las principales ciudades y con casos extremos como el de Murcia, donde su gestión solo es pública en dos municipios, y también sobre la disparidad de las tarifas, con desequilibrios como el tres a uno que se da entre las de Barcelona y Valladolid o las situaciones de Valencia, Gijón, Palma, A Coruña y Zaragoza, donde el ciudadano soporta un coste de depuración superior al del suministro.

Por otra parte, añade, «la mayoría» de las ordenanzas municipales «no reflejan los costes del agua, ni se interpone un precio mayor a los usuarios con mayores actitudes derrochadoras«. Y tampoco las tarifas del servicios reflejan «una estructura de costes ajustada a la prestación». «Se encuentran entidades gestoras geográficamente muy cercanas con una gran disparidad en los precios en condiciones similares», añade.

Ese régimen tarifario y las privatizaciones, que han convertido el suministro y depuración en un magro negocio en el que uno de cada cinco euros es beneficio empresarial, han provocado un notable encarecimiento de los recibos mientras el consumo desciende, con incrementos de hasta el 22% en una década.

Mientras tanto, la participación ciudadana «es inexistente en aquellas ciudades en el que el servicio se presta de una forma indirecta, siendo la transparencia muy mejorable también. Son las entidades de gestión directa, las que tienen un mayor número de instrumentos para favorecer la participación y la transparencia».
No obstante, sí ha habido avances en ciudades como Cádiz, que está creando un observatorio, algo que Xàbia (Valencia) activó hace dos años y que Terrassa (Barcelona) está a punto de poner en marcha. «Se trata de algo importante para mejorar el sistema, porque permite conocer la eficacia del sistema desde el punto de vista del usuario», anota Babiano.

Las carencias del mantenimiento

El estudio llama la atención sobre las necesidades de inversión que requiere el ciclo integral del agua: los planes hidrológicos de cuenca «incluyen 3.433 nuevas actuaciones de saneamiento y depuración por valor de más de 10.000 millones de Euros hasta el 2033 (64% antes del 2021)» a los que «habría que añadirles las necesidades de reposición de las infraestructuras existentes«, cuyo deterioro provoca la pérdida de más de un billón de litros al año por fugas y averías en las ciudades.

Así, «el 41% de los 224.000 kilómetros de redes de distribución tienen actualmente más de 30 años de antigüedad», y parte de ellos ronda los 50, pero solo se reponen anualmente el 0,9%.

Paralelamente, «de los 165.000 kilómetros de redes de alcantarillado, el 40% tiene también más de 30 años y en este caso se repone al 0,6%», señala el informe, que estima que «la reposición de las infraestructuras actuales requeriría una inversión de unos 1.900 millones de euros al año y solo se estarían invirtiendo unos 585».
«La falta de inversión se traducirá necesariamente en el deterioro de la calidad y en la disminución de la garantía futura de prestación de los servicios», añade.

«Sintomático de un fallo institucional»

Por lo pronto, la racanería inversora en el ciclo del agua ya ha comenzado a costarle dinero al Estado español, al que la UE ha impuesto una multa de doce millones más otros 10,95 por cada semestre de retraso por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de las aguas residuales de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes. Y hay otros 1.031 sistemas de saneamiento y depuración con carta de emplazamiento, o en fase contenciosa o judicial.

«Más allá de su dimensión judicial, esta situación es sintomática de un fallo institucional que debe solventarse, para lo cual es necesario hacer un diagnóstico adecuado», indica el documento.

Sin embargo, concluye, «no existe una planificación ni estrategia real, que permita el establecimiento de las necesidades de cada servicio y correspondiente repercusión a los usuarios» vía recuperación de costes pese a que las previsiones del cambio climático apuntan a una menor disponibilidad de agua.

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