Al término de 2018, con los datos estudiados más actualizados antes de las elecciones del 28A, había más de 230.000 personas con una prestación asignada para la dependencia que todavía no la habían recibido. Constituían el 19% del total. Las cifras proceden del Sistema de Ayudas y Atención a la Dependencia y las analizan cada año la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS).
En total, había 1.304.312 personas en situación de dependencia reconocida, 128.568 pendientes de valoración, y 30.400 personas con el derecho reconocido fallecidas sin haber recibido la prestación. De media, cada día en España todavía mueren más de 80 personas que tenían derecho a una cuantía pero seguían esperándola. Una situación «lamentable», según José Manuel Ramírez, presidente de la ADGSS, aunque ha mejorado paulatinamente desde su peor momento hace 4 años, con más de 430.000 personas en espera.
En 2018 se incorporaron al sistema 90.000, pero «la mayoría son de Grado I, de menor coste. La cifra de dependientes de Grado II y III, grandes y severos, se mantiene próxima a 100.000″. Valoran»positivamente» esa evolución de la lista de espera,»pero sentimos profundamente que no se aprobaran los Presupuestos. Eran 515 millones con los que se podría haber atendido a 70.000 dependientes de grado alto».
«Siempre, por una cosa o por otra, la dependencia paga», lamentan desde la Asociación. El sistema de la dependencia todavía arrastra los recortes del PP de 2012, que eliminó de la lista de espera a los dependientes leves de 2012 hasta 2015: «Suman 5.400 millones de euros que se han dejado de invertir. Ha sido terrible, los recortes han generado un sufrimiento inmisericorde a los cuidadores y sus familias. Cada año han fallecido 30.000 personas sin prestación».
Según la Ley de Dependencia de 2007, las comunidades y el Estado deberían aportar cada uno un 50% de los recursos. Actualmente, comunidades aportan un 80% y Estado un 20%. Eso provoca que haya «gravísimas desigualdades territoriales», con dos regiones en situación especialmente alarmante: Catalunya y Canarias. La primera,»por el frenazo de las medidas políticas en los últimos dos años». La segunda,»por una situación endémica, una desidia del gobierno canario que provoca 12 años de retraso».
Según los informes del IMSERSO de marzo de 2019, el 65% de todas las personas con dependencia reconocida en España son mujeres y el 35% hombres. El 72,5% tiene más de 65 años, el 54,4% supera los 80. Dentro de las prestaciones a la dependencia, las más requeridas son para cuidados familiares, seguidas de la ayuda al domicilio y en tercer lugar la residencia. Alrededor del 90% de las cuidadoras, profesionales y no profesionales son también mujeres. Las cuantías, que dependen de la valoración por grados de servicios sociales, rondan en su grado máximo los 700 euros.
Los trabajadores y familias coinciden en calificar la recuperación, desde este 1 de abril, del derecho de las cuidadoras no profesionales a cotizar que les quitaron en 2012 como la pequeña gran conquista de esta legislatura. También las familias lo celebraban cuando se aprobó el decreto, aunque Ana, cuidadora de su madre, esperaba que «por estos años que nos la han quitado, se nos dé una compensatoria o nos pidan menos tiempo, sería lo justo». «Las familias son las grandes olvidadas del sistema de dependencia, aun más que los propios dependientes. Esas cotizaciones, al menos, las reconoce», dice Raúl Espada, trabajador social de Ascudean.
Los partidos políticos han metido la dependencia en sus programas. El que más se explaya es el Partido Popular, que menciona una evaluación de la Ley de Dependencia para una gestión»ágil, común y sostenible» o planes autonómicos para que las listas de espera no superen los 30 días. Podemos habla de»situar a España a la vanguardia mundial de la atención a la dependencia», alcanzando los 1,6 millones de personas atendidas y 400.000 nuevos puestos de trabajo. El PSOE, en sus 100 puntos, se compromete a promover «la formación, la mayor profesionalización y unas condiciones de trabajo dignas de los cuidadores de mayores».
Para José Manuel Ramírez, hay varios puntos sobre dependencia que deberían ser cumplidos «gobierne quien gobierne». Como base, que la Ley de Dependencia no se pueda modificar vía decreto «como hizo sistemáticamente Mariano Rajoy», sino solo con la mayoría parlamentaria. Cuando haya PGE, el reto es llegar a una financiación estable desde la administración general del Estado que garantice esa aportación del 50%. Y una medida que se puede cumplir casi de manera inmediata es «hacer el sistema de información a la dependencia más transparente». Hace dos años, la Asociación promulgó un Pacto de Estado que incluía estos aspectos y al que se adhirieron todos los grupos menos el PP.
«El sistema piensa muy poco en las familias»
Según Raúl Espada, las familias cuidadoras de dependientes sufren varios problemas a los que debería prestar atención la clase política. En una primera fase se enfrentan a la alta burocracia y tiempos de espera que requiere llegar a obtener una prestación «que de hecho se puede retrasar si hay un ingreso hospitalario, porque se hace una valoración por si hay mejoría».
Superado ese periodo e incluso la lista de espera, aun con la ayuda,»no llega». «Las ayudas este tiempo, a diferencia del Salario Mínimo Interprofesional, no han subido». Las ayudas, excepto la teleasistencia, no son totalmente compatibles sino que, en todo caso, si se permite asignar dos se reduce la cuantía «y aunque tu madre vaya a un centro de día, igualmente el resto de las horas necesitas u otra ayuda profesional, o estar tú cuidando».
En general, cree Espada, «se piensa muy poco en las familias. Y siempre hay un familiar detrás preocupado y pendiente, incluso cuando la persona esté en una residencia. Eso es lo que sostiene el sistema y hace la situación de las personas dependientes algo menos precaria». Ahí también tiene que estar el compromiso,»lo ideal sería fomentar programas de respiro, que las familias que cuidan puedan disponer de apoyo y tiempo para descansar, además de darles recursos y formación».
«Hay que mejorar el sistema de atención a la dependencia en primer lugar por justicia social», defiende Ramírez. Pero, «si esto no se entiende», recomienda atender a la pirámide socodemográfica: «Todos los organismos internacionales nos advierten de que este es un país de viejos, de potencialmente dependientes. Todos tendremos familiares dependiente, o nosotros mismos lo seremos». Por último, Ramírez apela a la cuestión económica: «Va a ahorrar coste sanitario. Es más sencillo atender a las personas en sus entornos, y una cama de hospital cuesta 10 veces más que una de residencia. Y es un nicho de empleo: por cada millón de euros invertidos, 38 puestos de trabajo directos, estables y deslocalizables que nunca van a faltar».
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