maestroviejo

Un gobierno de izquierdas va a tener la responsabilidad de aprobar una operación que puede acabar definitivamente con la posibilidad de una banca publica, justo en un momento en que el papel de lo público para definir e impulsar sectores estratégicos se considera esencial, justo en el momento también en el que el Estado debe aumentar su capacidad de intervención si quiere impulsar las transiciones tecnológicas y medioambientales que España necesita.

De aprobarla sin encontrar una fórmula que garantice la defensa del interés general debilitaría la posición del Estado, al cambiar una participación de control en un gran banco por una participación minoritaria, que no alcanza capacidad de control, en otro mayor.

Con ello confirmaría una lógica que ya ha tenido un antecedente incomprensible. Y es que, controlando el 62% del capital social de Bankia a través del FROB, no se entiende que no haya ejercido el poder que le corresponde cuando necesitaba un banco público con red suficiente para garantizar una gestión rápida de los programas de avales y subvenciones, y que se haya “olvidado” de utilizarlo como palanca ante las evidentes dificultades del ICO.

Una fusión bancaria que podría ayudar a impulsar sectores estratégicos.

El gobierno va disponer de 140.000 M€ dirigidos a nuevos sectores estratégicos procedentes de la UE. Su reparto, decidir en donde y cuanto se invierte en cada proyecto, se convierten en la operación más importante de las últimas décadas y marcará el devenir del modelo productivo.

Pero no solo es el reparto. Se necesita de actores profesionales capaces de canalizarlos y gestionarlos y, en particular, se necesitan actores financieros que asuman roles concretos. Italia lo acaba de demostrar en una operación en la que ha utilizado la Caja de Depósitos y Préstamos (CDP), banca semipública italiana, para impulsar el 5G y extender la fibra óptica a todo el país en una alianza con TIM, la antigua compañía telefónica estatal, privatizada en los años noventa.

El Estado español no está inerte ante esos retos. Tiene capacidad para condicionar su aprobación blindando su participación en el banco resultante mediante cualquier fórmula que garantice un papel relevante en la definición de la política crediticia a favor de los sectores estratégicos así definidos. Si no se aprovecha esta oportunidad la capacidad para impulsar un actor financiero publico se habrá diluido para siempre jamas.

Paradójicamente CaixaBank conserva una buena parte de las participaciones industriales de la antigua Caixa, ahora concentradas en Criteria. Hasta el punto que su valor representan un 46% del grupo Fundación Bancaria La Caixa, mientras que el negocio bancario en sí, antes de la fusión anunciada, solo pesa un 34%, por un 23% del negocio inmobiliario.

Por tanto, la operación era una oportunidad para incidir de alguna forma en el dibujo de la nueva política industrial española, bien representada en las empresas participadas en Criteria. El holding industrial estaba especializada en redes de servicios de alto valor, principalmente, infraestructura de gas (Naturgy), telecomunicaciones (Cellnex y Telefónica), de movilidad (Saba Infraestructuras), de tratamiento aguas y residuos (Aigües de Barcelona y Suez) y de sanidad privada (Vithas).

La fusión aumenta un fenómeno ya preocupante de exclusión bancaria

Desgraciadamente esta oportunidad lleva todos los visos de perderse, con lo que aparecen otras consecuencias negativas derivadas de la previsible desaparición de muchas de las 6.600 sucursales de las entidades fusionadas.

El aumento de la concentración en el sector bancario español y como consecuencia, el aumento de la exclusión bancaria para los usuarios de buena parte de la España vaciada, sin acceso a sucursales bancarias cercanas, será un daño colateral difícil de digerir por un gobierno de izquierdas.

El punto de partida es ya preocupante. En un informe realizado para Funcas en 2016, Joaquín Maudos, afirmaba que en 21 provincias, casi la mitad de las existentes, la concentración sobrepasaba umbrales que en otros países se consideraban preocupantes. Y que en 9 de ellas, casi todas ellas marcadas entre las “más vaciadas” (Cantabria, Cuenca, Salamanca, Segovia, Tarragona, Teruel, Zamora y Melilla) tres bancos concentraban más del 70% de la actividad financiera.

En aquel momento, la cuota de mercado, de los cinco mayores bancos era en España del 58%, una concentración que superaba con creces el 39% existente en el Reino Unido, el 41% de Italia y el 48% de Francia y casi duplicaba el 32% existente en Alemania.

Tiene gracia que la fusión que ahora se contempla y que va a acentuar los fenómenos de exclusión financiera corresponda a la herencia de las dos mayores cajas de ahorro hoy bancarizadas, mientras la mayor competencia en Alemania surja del peso que conservan las cajas de ahorro regionales y locales, las landesbanken y sparkassen, que, allí sí, pudieron mantener su existencia.

Con ello se culminaría una operación (la privatización de las Cajas) que un informe de CCOO calificó, utilizando una terminología muy gráfica, la mayor desamortización de bienes sociales de toda nuestra historia.

El discutible gobierno de Goirigolzarri

El tercer factor asociado a la fusión es su oportunidad como tabla de salvación de un equipo directivo, capitaneado por Goirigolzarri, que ha destacado por dirigir durante ocho años un gran banco que ha perdido valor en los mercados en mucha mayor dimensión que la media del sector. Así lo señalaba mi compañero de EFC Jose Manuel Gomez de Miguel en un reciente artículo en el que apuntaba que, desde comienzos de 2015, la acción de Bankia ha perdido el 80% de su valor frente al 65% de media del sector. Aún más: si elimináramos los últimos meses asociados al coronavirus, la situación sería todavía peor pues Bankia ha perdido el 57% de su valor frente al 26% de la media del sector.

La dudosa gestión de los gestores se puede medir también en su incapacidad para cumplir los objetivos de su propio Plan Estratégico, de los que ya se encontraban muy alejados. La razón central es que Bankia sigue manteniendo en cartera un elevado nivel de activos improductivos y préstamos dudosos.

La singularidad de esta gestión es la absoluta libertad con la que se ha producido. Y es que la participación del Estado en Bankia la detentaba el FROB, organismo encargado del saneamiento y resolución de bancos, y no la SEPI, encargada de gestionar las participaciones empresariales del Estado y controlar a sus ejecutivos. Significa que Goirigolzarri es el único CEO que ha gobernado una banca, con un accionista ausente, cuyo único mandato era deshacerse de su participación, desinteresado de marcar directrices de actuación ni siquiera en un contexto de crisis aguda que ha necesitado como nunca de una red que acercara la banca a los usuarios.

Pues bien, esa misma persona es la llamada para dirigir la fusión como presidente del mayor banco del país y, por lo tanto, de una dimensión que lo coloca en los niveles de banco sistémico, “demasiado grande para caer”, una condición que tendrá que aprobar el FSB (Consejo de Estabilidad Financiera) y, que de ser aprobada, pasará a ser controlado directamente por Banco Central Europeo (BCE) a través del Mecanismo Único de Supervisión. De modo que tenemos un gestor santificado y salvado por la operación que ha pilotado.

¿Dónde se ubicará su sede? La pelea va a reverdecer las tensiones de los partidos nacionalistas “con Madrid” en un momento político en el que se dilucida la aprobación de los presupuestos.

Resumiendo. Casi, casi se podría decir que la operación pareciera diseñada como un torpedo en la linea de flotación de las alianzas que soportan al gobierno.