Una semana después de que Bahréin suprimiera la protesta de la plaza de la Perla, el centro de Manama recupera poco a poco la normalidad. Casas de cambio, tiendas de recuerdos, bancos y restaurantes populares han reabierto sus puertas y los trabajadores, sobre todo asiáticos, vuelven a transitar por la zona con alivio. También los taxistas bahreiníes han regresado a la parada de Bab el Bahréin. Pero ni en el zoco del oro ni en el centro comercial Yatim hay clientes. Un mes de protestas antigubernamentales y la dura respuesta policial contra los manifestantes han dejado a esta isla-Estado conmocionada.
Todo el mundo sabe que la crisis se ha cerrado en falso. En lugar de afrontar las causas que sacaron a la calle a los bahreiníes, jóvenes y chiíes sobre todo, las autoridades han recurrido al viejo argumento de la trama extranjera (léase iraní) y se han limitado a aplicar medidas de seguridad. A decir de diversos analistas, ambas vías de actuación están radicalizando el movimiento de protesta. De hecho, mañana viernes hay convocada una gran manifestación a pesar de la prohibición.
La excusa de la mano oculta iraní, sobre la que el Gobierno no ha aportado ninguna prueba, ha justificado la llamada a las tropas del Escudo de la Península, una fuerza conjunta de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) concebida para repeler una eventual agresión exterior. Pero el conflicto que vive Bahréin es, sobre todo, interno: de monopolio del poder político y económico por la familia real y una élite aliada. La entrada en escena, siquiera simbólica, de los soldados de Arabia Saudí (el más poderoso de los integrantes del CCG) ha dado un estupendo pretexto a Irán, el rival chií de las monarquías suníes de ese club, para presentarse como el defensor de los oprimidos.
La proclamación del estado de emergencia ha servido para prohibir las manifestaciones y dar poderes extraordinarios a los militares, cuya presencia en las calles ha causado consternación. Aunque se ha reducido el toque de queda (desde ayer fijado entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana), el movimiento de protesta (grupos tradicionales de oposición incluidos) denuncia una campaña de intimidación que incluye detenciones de activistas, redadas nocturnas y amenazas.
«Las fuerzas de seguridad dispararon ayer gases lacrimógenos y pelotas de goma en una protesta en Malikya», asegura el último comunicado de la Asociación Juvenil por los Derechos Humanos (BYSHR). Desde ese centro, al que el Gobierno acusa de estar alineado con los manifestantes, se han hecho eco también de la actuación de somatenes de civiles armados, una alegación que esta corresponsal ha oído repetidamente en diversas localidades de los alrededores de Manama. Entre las casas atacadas por esos desconocidos, se encuentra la de Munira Fakhro, una conocida política suní que es miembro del grupo liberal Waad.
Especialmente graves han sido las alegaciones de acoso a personas heridas y personal sanitario. EL PAÍS ha recogido numerosas quejas de personas que aseguran no haber podido acudir a los centros médicos por temor a ser detenidas. El Salmaniya, el hospital público de referencia, fue literalmente tomado por las fuerzas de seguridad el miércoles 16, a la vez que se procedía al desalojo de la acampada de la plaza de la Perla. Médicos y enfermeras mantienen que la policía llevó a cabo batidas y detenciones en su interior, y que en los últimos días se han llevado a entre 20 y 80 pacientes con destino desconocido.
Una portavoz del Gobierno, Maysun Sakbar, reiteró ayer la postura oficial de que «Salmaniya estaba siendo utilizado como un centro de coordinación por parte de los manifestantes y que había sido invadido por la actividad política y sectaria». Sabkar admitió que «la policía había realizado una búsqueda habitación por habitación» y que «12 pacientes que se encontraban estables fueron transferidos al hospital militar porque están sujetos a una investigación criminal». En otros 10 casos, su situación no lo permitió. La portavoz negó no obstante la intervención de las fuerzas de seguridad hubiera interferido en el funcionamiento del centro.
«Bahréin tiene un buen sistema sanitario que se ha visto desbordado por los problemas y obstaculizado [por las operaciones policiales], pero no tiene problemas de suministros médicos, sino de acceso», concluyen dos médicos extranjeros que han analizado las denuncias. En su opinión, «el sistema hospitalario se ha politizado con las detenciones y los controles de entrada».
«Se han profundizado las divisiones entre las comunidades», señala un observador europeo con nueve años de residencia en Bahréin. Las propias autoridades reconocen la fragilidad de la situación actual. «Bahréin atraviesa una fase muy peligrosa. Hay estabilidad, pero tememos la división entre las comunidades religiosas», ha declarado el ministro de Exteriores, el jeque Jaled Bin Ahmad al Jalifa durante una visita a Turquía. Este responsable reitera el discurso oficial sobre la necesidad de «consultas políticas», pero tras lo ocurrido, ni la comunidad chií ni la oposición política (que también incluye a suníes en sus filas) se fían de que sentarse a negociar sirva de algo.
Después de 16 muertos, decenas de heridos y al menos 62 detenidos, los simpatizantes con el movimiento pro reforma insisten en que apuestan por la vía pacífica y así lo han subrayado tanto sus líderes políticos como religiosos. Sin embargo, también se quejan del doble rasero occidental (y en especial de EEUU). Sienten que su protesta no está recibiendo el mismo respaldo y simpatías que las de Túnez, Egipto o Libia. «Se está cerrando la ventana de oportunidad a favor de Irán», advierte uno de los activistas que ha pasado a la clandestinidad.
FUENTE https://selenitaconsciente.com