¿Qué es el (mal llamado) sistema democrático español? ¿Conoces los aspectos turbios de la política? ¿Sabes que ocurre realmente cuando se celebran unas elecciones? ¿Conoces el grupo anticorrupción GRECO? Este documento, desarrollado con rigor e intención divulgativa nos descubre con total detalle todos los sorprendentes recovecos legales que envuelven a esta falsa democracia, incluyendo las prohibiciones establecidas en la ley para evitar que los ciudadanos puedan tomar ningún tipo de decisión. Después de leerlo coincido plenamente con el movimiento 15M cuando dice: “NO NOS REPRESENTAN”

Análisis crítico de la democracia española ante las elecciones del 20N

Las Elecciones Generales

1. ASPECTOS GENERALES Y PRE-ELECTORALES

1.2. ALCANCE

Las Elecciones Generales en España son las únicas elecciones de representantes de alcance estatal existentes que se realizan mediante sufragio universal (derecho de voto de todos ciudadanos españoles mayores de edad). Se limitan a uno de los poderes del estado, el legislativo, en sus dos cámaras, Congreso y Senado. A partir de la elección de los cargos electos para dichas cámaras se conforma el conjunto de cargos políticos en el Gobierno (poder ejecutivo), Consejo General del Poder Judicial (CGPJ. Máximo órgano del poder judicial) y otros organismos públicos destacados como el  Tribunal Constitucional, empresas públicas, medios públicos de comunicación, organismos reguladores y otros poderes públicos y semipúblicos. No existen otras elecciones análogas para el poder ejecutivo como ocurre en otros paises. El Presidente del Gobierno es elegido por votación del mismo Congreso y el Presidente designa directamente a los ministros. En cuanto al poder judicial, su máximo órgano de gobierno, el CGPJ, es designado por Congreso y Senado, de forma efectiva por los partidos más votados.

En estas circunstancias, puede afirmarse que la separación de poderes, imprescindible en un sistema democrático, no existe en el sistema español, donde todos los poderes derivan de uno mismo, el legislativo. Situaciones habituales en países como EEUU o Francia, como la llamada cohabitación, en la que el partido en el Ejecutivo no tiene mayoría en las cámaras legislativas y debe negociar cada norma, no son posibles en España de ninguna manera. Por su parte la cúpula del poder judicial está inevitablemente condicionada por las consignas e intereses de quienes son responsables de la designación de sus organismos clave, en la práctica los dos partidos mayoritarios, siendo impensable toda discrepancia con los demás poderes. No existe por tanto el recomendable sistema de pesos y contrapesos entre los 3 poderes del Estado. El único control posible a este poder casi absoluto es el que ejerza la oposición en el Parlamento, control absolutamente insuficiente por escaso bajo el punto de vista democrático.

Podemos afirmar por tanto que el 20N elegiremos quien ejercerá un poder institucional  casi absoluto a nivel estatal en España durante cuatro años, sobre todo si obtiene mayoría absoluta, para lo cual como veremos dispone de amplias facilidades en virtud de las peculiaridades del sistema electoral. Y aún peor, esta acumulación de poder provoca que sólo se logre desalojar del poder al partido mayoritario que lo detenta mediante el desgaste propio de la acción de gobierno, grandes movilizaciones, graves y continuadas acusaciones de corrupción y otras formas de abuso de poder o acontecimientos excepcionales, como viene siendo el caso.

1.2. ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL SUFRAGIO PASIVO

El sufragio pasivo es el derecho de cualquier ciudadano a presentarse para ser votado y elegido para un cargo electo. El sistema electoral español exige para presentarse a las elecciones unas garantías prácticamente imposibles para una entidad que no sea un partido político o una coalición (necesariamente formada por dos o más partidos políticos). Las trabas impuestas a otras opciones como las agrupaciones de electores son mayores que las existentes para partidos políticos. Se impide además que un ciudadano cualquiera, a titulo individual, pueda ser candidato. El sistema es marcadamente continuísta, al ofrecer todo tipo de ventajas a los partidos que ya disponen de representación mientras que dificulta las normas para el resto. En ese sentido, cabe destacar el estreno para el 20N de la exigencia de avales a todo partido que no haya conseguido cargos electos en los anteriores comicios. Esta cuestión, por su novedad, tiene un alcance incierto, pero indudablemente restrictivo para los partidos minoritarios y sin presencia previa en las cámaras o para los de nueva formación.

De lo cual extraemos que, aunque veremos que también por otras razones además de por estas, el sistema electoral español favorece a los partidos mayoritarios mientras dificulta el sufragio pasivo a los minoritarios. El sistema electoral se rediseña a su antojo por dichos partidos para mantenerse alternativamente en el poder e impedir toda amenaza de competencia.

Cuestión aparte merecen los cambios normativos en la legislación para prohibir determinadas opciones de voto a través de la ley de partidos. Independientemente de las causas y razonamientos del poder legislativo para hacerlo, cuestión que no está al alcance de este documento evaluar, dichos cambios y la forma en que se vienen aplicando restringen gravemente derechos constitucionales, el de sufragio activo y pasivo, a un gran número de ciudadanos.

1.3. LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El art. 6 de la Constitución Española (en adelante CE)  dice  ”Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son  instrumento fundamental para la participación política. Su creación y  el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la  Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”

1.3.1. Nominación de candidato a Presidente (Cabeza de lista por Madrid)

Debido a lo comentado en el punto uno, el cabeza de lista al Congreso por la capital es, habitualmente, el candidato elegido por la Camara para ser designado por el Rey como Presidente del Gobierno. A pesar de que la CE explicitan el deber de los partidos de funcionar de forma democrática (Art. 6), ningún partido garantiza estatutariamente las elecciones primarias del llamado “cabeza de lista”, que podrá ser nada menos que Presidente del Gobierno. No se permite por tanto votar ni a los los afiliados al partido ni menos todavía por todos los ciudadanos que deseen hacerlo como ocurre en otros paises, como EE.UU. donde los ciudadanos se pueden registrar como votantes de uno u otro partido en cada ocasión para votar en las primarias a candidato a presidente del partido elegido. En estas circunstancias, muy pocos partidos realizan primarias, y aún así sólo cuando sus cúpulas dirigentes quieren hacerlas, sin garantía de continuidad alguna. La práctica totalidad de los cabeza de lista de los partidos son designados a dedo por las élites del partido o por el anterior cabeza de lista, de espaldas a sus propias bases y al resto de ciudadanos no-afiliados.

1.3.2. Nominación del resto de candidatos

En el sistema electoral español para el Congreso el votante elije una lista cerrada de candidatos de un partido entre las listas presentadas por los diferentes partidos. Es decir, se vota a la lista de un partido aunque en esta consten personas con nombres y apellidos. Estas listas de personas están confeccionadas a dedo por las élites de los partidos. Este procedimiento de selección de candidatos provoca la lógica lealtad de los futuros representantes hacia sus élites. Aquellos que deciden apoyar iniciativas de otros partidos (los llamados tránsfugas) se arriesgan al ostracismo. Los candidatos saben que no pueden llegar a ser representantes electos sin el visto bueno de la cúpula de su partido, y que una vez elegidos cualquier desobediencia será castigada, como mínimo, con la no inclusión en las próximas listas. No obstante, el representante electo es el dueño de su escaño y podría correr el riesgo de actuar en contra de la disciplina de voto, siendo amparado por la ley. Lamentablemente esto rara vez ocurre, y cuando se da el caso en ocasiones obedece a intereses personales o de grupos de presión. Los candidatos responden más a las élites de sus partidos pues son quienes los designan, o incluso a sus propios intereses, antes que a los ciudadanos. De estas particularidades de su gestión interna no cabe deducir sino que los partidos incumplen crónicamente el espíritu de la CE, tratándose de organizaciones tendentes a una escasa democracia interna. Su funcionamiento se asemeja más al de una empresa privada común, de estructura vertical, que busca ante todo su supervivencia, por encima de sus valores o principios fundacionales y el bienestar de quienes no figuran en su plantilla.

Esto además produce el efecto de limitar la naturaleza deliberativa de las cámaras ya que de la deliberación rara vez surgen cambios de parecer y propuestas de consenso. Los posibles compromisos surgen de procesos de deliberación y negociación en el seno de cada partido y llegado el caso en mesas de negociación entre representantes de dos o más partidos pero no en Congreso y Senado.

1.4. PROGRAMAS ELECTORALES

El cumplimiento de los programas electorales no es obligatorio en España. No existe garantía legal alguna de cumplimiento de una sola de las medidas contenidas en los programas ni en ninguna otra de las promesas electorales de ninguno de los partidos. Este hecho de por sí no se puede calificar como antidemocrático. En un sistema democrático de partidos aquella formación que obtiene un respaldo mayoritario y forma el Gobierno es légitimo suponer que debe gobernar en base al programa propuesto pero llegando a acuerdos con otros partidos y las circunstancias de cada momento que no tienen porqué ser las previstas cuando se elaboró el programa. Dicho de otra manera, debe gobernar no sólo para sus votantes sino para el conjunto de la sociedad y teniendo en cuenta una realidad cambiante. Algo bien diferente es que se gobierne y se legisle en abierta contradicción con el programa propuesto y la voluntad ciudadana sin que para ello se den circunstancias extraordinarias que lo justifiquen. El límite entre un caso y el otro es difuso pero es una situación a tener muy en cuenta a la hora de valorar si el actual sistema representativo responde de manera eficiente a la voluntad ciudadana. Es destacado en este sentido que los excesos en el incumplimiento obviamente si bien parece que deben tener un límite no hay regulación alguna para ello. No existe por ejemplo, en nuestro marco legal, la fórmula del mecanismo de revocatoria mediante el cual los ciudadanos pueden recoger firmas para solicitar la destitución, antes de la convocatoria de unas nuevas elecciones, de un representante político que hubiera abusado de su cargo o producido un rechazo ciudadano elevado por su comportamiento, aún sin haber incumplido la ley.

1.5. FINANCIACIÓN

Existe una ley dedicada únicamente a la regulación de la forma en que los partidos políticos se financian en España, la ley Orgánica 8/2007. A pesar de ello, es uno de los aspectos más oscuros del sistema democrático español entre otros motivos porque el organismo encargado de supervisarlo, el Tribunal de Cuentas, no tiene capacidad de sanción directa y ejecutiva y además sus miembros son nombrados por diputados y senadores de los mismos partidos cuya financiación deben fiscalizar.

En concreto, cerca del 70% de la financiación de los partidos políticos proviene de créditos con los bancos, que de manera frecuente se conceden en condiciones muy ventajosas y se acaban condonando (no se exigirá su devolución total o parcial). El origen del resto de su financiación es desconocido, pero resulta frecuente ver como tras muchos de los entramados de corrupción investigados aparecen fuertes conexiones con la financiación de los partidos.

Existe un organismo europeo para la lucha contra la corrupción, el grupo GRECO (GRoupe d’Etats Contre la COrruption. “Grupo de Estados Contra la Corrupción” en castellano) dependiente del Consejo de Europa. GRECO reclama al Estado español que traduzca sus sucesivos informes del inglés al castellano, sugerencia que las administraciones españolas ignoran. En su informe de abril de 2011 este organismo afirma en lo referente a la financiación de los partidos políticos en España en su punto 83:

“Los progresos en lo que respecta a la financiación de los partidos son mucho más modestos (*). Si bien GRECO aplaude la atención prestada por el Tribunal de Cuentas a los problemas planteados en nuestro 3er Informe de Evaluación sobre España, nuestra postura es la de pedir acciones más decisivas en este área en España incluyendo (pero sin limitarse a) modificaciones legislativas para incrementar de manera efectiva la transparencia de las cuentas de los partidos políticos y sus campañas electorales y de esa manera disminuir las posibilidades de corrupción en un sector que se identifica como particularmente dado a las malas prácticas. Estos cambios deben centrarse en las áreas en las que GRECO ha identificado retos evidentes incluyendo la regulación de préstamos bancarios, la consolidación de las cuentas de los partidos (que deben incluir detalle de los ingresos y gastos de ramas locales y entidades afines), el refuerzo del control interno de los partidos y el desarrollo de un sistema de sanciones más amplio así como la mejora de las atribuciones y recursos del Tribunal de Cuentas de manera que este organismo se encuentre mejor equipado para llevar a cabo su papel clave y sus responsabilidades de supervisión y hacer cumplir la ley.”

* N. del T: Se refiere a más modestos que otros avances en la lucha contra la corrupción que se citan anteriormente en el mismo informe.

2. PROCEDIMIENTO ELECTORAL

2.1. LISTAS ELECTORALES

2.1.1. Congreso

Las listas electorales al Congreso que el elector encuentra son cerradas y bloqueadas. Quiere decirse que no puede en ningún caso modificar el orden, que también es decidido por las élites de los partidos, o tachar a quien no desee. Esta circunstancia, unida a la forma en la que se elaboran las listas por los partidos y la inexistencia de elecciones primarias (punto 1.3), nos lleva a afirmar que el elector no tiene posibilidad alguna de elegir a sus representantes al Congreso, limitándose a elegir un lote cerrado entre los varios que las élites de los partidos les han preparado.

El Congreso elegirá después a un candidato a ser designado por el Rey como Presidente, que como vemos, resulta elegido con los intrincados y poco democráticos mecanismos que estamos mencionando.

2.1.2. Senado

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