por Ernesto Montero Acuña (Prensa Latina)*
Las bases militares y los Tratados de Libre Comercio (TLC) de Estados Unidos con países latinoamericanos provocan rechazo en fuerzas políticas de la región, que los perciben como una estrategia para extender el dominio estadounidense.
Se evidencia desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, en vigor desde el 1 de enero de 1994, hasta las recientes bases militares en países de Latinoamérica.
El antecedente más inmediato fue el arribo el 1 de julio de 2005 a Mariscal Estigarribia, Paraguay, de 400 marines -pertenecientes a un contingente de 16 mil- para la instalación de una base destinada al control estratégico del Cono Sur.
Su ubicación en aquel poblado de tres mil habitantes era la más adecuada a los intereses de Washington, potenciados por elProyecto para el Nuevo Siglo Americano de la administración de George W. Bush.
Se ubica a 250 kilómetros de la frontera con Bolivia, en las proximidades de la que se considera la mayor reserva de gas del mundo y de importantes pozos petrolíferos sin explotar.
Está a pocos kilómetros de la Triple Frontera, entre Paraguay, Argentina y Brasil, objetivo de sionistas, empresarios y gobernantes estadounidenses.
También se encuentra el Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce del planeta, capaz de garantizar, a la actual población mundial, un promedio de 100 litros de agua por persona durante 180 años.
Es destacable que Latinoamérica constituye un objetivo estratégico para Estados Unidos, debido a que la región posee los recursos naturales que demandan países desarrollados y cuenta con un espacio geográfico relativamente poco poblado.
Dos de los TLC anteriores fueron con Perú y Colombia, por ese orden, a punto de perder entonces el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias estadounidense.
La autorización había vencido el 30 de septiembre de 2001, pero fue restablecida por la Ley de Comercio de 2002, en forma retroactiva al 30 de septiembre de 2001, para más de cinco mil productos importados de casi 140 naciones en desarrollo, hasta fines de 2008.
Este país mantiene tratados de libre comercio con Chile, y Centroamérica y República Dominicana, la mayoría posteriores al fracaso del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en el 2005.
Se da por sentado que un TLC es un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países o bloques que lo integren, como es el caso de Centroamérica y Dominicana con Estados Unidos.
Mas, este último es inequitativo -aparte de por las dimensiones económicas y geográficas de los integrantes- porque la Unión Americana conserva intactas sus medidas proteccionistas y los subsidios agrícolas, pero su contra parte ni siquiera los posee.
Los TLC de este tipo no implican integración económica, social y política en condiciones justas y favorables para todos sus miembros.
Priman los preceptos del neoliberalismo, desde la perspectiva del Consenso de Washington, que enfatiza lo tecnocrático y macroeconómico, a la vez que rechaza el papel del Estado en lo económico y lo social.
Por el contrario, defienden el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y del crecimiento económico de un país o grupo de ellos.
El término Consenso de Washington, por su parte, fue acuñado en 1989 por John Williamson para las políticas fiscales y monetarias establecidas a los países en desarrollo por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro estadounidense.
Donde impera el neoliberalismo, grava a las mayorías y exime a las minorías, con lo que eleva la pobreza y la precariedad, deprime la demanda e ignora la necesidad del gasto público para el crecimiento-desarrollo.
Desde 1980 hasta el 2000, Estados Unidos lo promovió en América Latina y el Caribe, a través de políticos locales, para cobrar la deuda externa y sus intereses, controlar las economías y consolidar más su dominio político sobre la región.
Fue el causante de todos los problemas sociales de los años posteriores a su aplicación, con crisis culminante en la Argentina de 2001, aunque sus secuelas no han desaparecido.
Analistas lo consideran vinculado al neocolonialismo histórico, “asociado a la herencia del colonialismo y a la continuidad del sistema capitalista globalizador”, desde sus orígenes hasta el presente
Durante los años setentas, muchos países latinoamericanos recurrieron a créditos de bancos o empresas multinacionales y contrajeron deudas privadas que luego se convirtieron en públicas. Al no poder amortizarlas, Estados Unidos las utilizó para establecer con ellos relaciones neocoloniales, una fórmula que José María Vidal Villa consideró en 1998 como típica de la expansión capitalista.
“Salta las fronteras e invade los territorios sin necesidad de conquistarlos y anexionarlos”, aseguró al respecto el político e intelectual de origen mexicano, asentado en España. Estados Unidos posee 872 bases militares en 40 países, incluidas las siete de Colombia, para su estrategia de dominio y control mundiales, a pesar de ser un país en crisis, o quizás porque lo es. Su producción militar representa cerca del ocho por ciento de sus bienes duraderos, cifra que se ha elevado en el cinco por ciento desde el año 2000. Se piensa que sus 190 mil soldados en el extranjero, su armamentismo y su comercio bélico pueden representan un alivio al dramático desempleo interno del 9,6 por ciento, sin excluir las aspiraciones neocoloniales.
Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad de California (San Diego), considera que “lo más relevante radica en que tal despliegue es innecesario para la genuina defensa de EE.UU”, amén de provocar fricciones con otros países y “un dispendioso gasto global de 250 mil millones de dólares por año”. Alfredo Jalife-Rahme, en La Jornada de México, añade sobre el asunto que el único propósito es brindar a Estados Unidos hegemonía, control o dominio sobre el mayor número posible de países en el planeta. Desde el 2000, en Latinoamérica se combinan las bases militares tradicionales con el nuevo esquema de control diseñado por el Pentágono, mediante los llamadosForward Operation Location o puntos avanzados de operación.
También se utiliza el Instituto de Cooperación Hemisférica -antes Escuela de las Américas, desde 1946- para el entrenamiento de cientos de miles de soldados latinoamericanos en técnica de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y torturas. Antes de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reclamara la Base Militar de Manta, radicaba allí el principal centro del Pentágono para el espionaje electrónico con tecnología satelital en América del Sur. Estados Unidos mantiene instalaciones de esta categoría en Comalapa, El Salvador; Soto Cano en Honduras, Liberia en Costa Rica y otras tres en Colombia: Arauca, Larandia y Tres Esquinas. También cuenta con las de Iquitos y Nanay en Perú, Mariscal Estigarribia en Paraguay, Guantánamo en Cuba, Vieques en Puerto Rico, Reina Beatriz en Aruba, y Hatos en Curazao, a las que se añaden las nuevas. Chalmers Johnson propone 10 medidas dictadas por la racionalidad para que Estados Unidos comience a rebasar su crítica situación actual, entre ellas la liquidación del imperio e invertir en campos más creativos.
De ellas, las dos últimas consisten en reducir el tamaño del ejército estadounidense y cesar la dependencia inapropiada de la fuerza militar como medio principal para intentar conseguir metas de política exterior. La estrategia de guerra y dominio neocolonial, mediante fuerzas militares que no pueden dominar al mundo, y de pactos ya fracasados, no constituyen la salida para una economía en crisis. Obama no se ha percatado de que Estados Unidos no tiene, asegura Jalife-Rahme en La Jornada, la capacidad de ejercer su hegemonía global, mientras exhibe su lastimoso poder económico lisiado. Cada vez más los analistas consideran que la mejor estrategia es rediseñar el sistema para que no se autodestruya ni liquide al resto del mundo de golpe. * Editor de temas globales.
FUENTE: PRENSA LATINA
En los últimos tiempos hemos asistido a un recorte brutal de nuestras libertades sin hacer absolutamente nada. El primer recorte -aunque a más de uno esta cuestión le pueda parecer baladí- fue la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad cuando se utiliza un vehículo.
Todo esto viene a cuento del titular publicado por el diario asturiano La Nueva España, donde nos explica la nueva normativa municipal que pretende aprobar el ayuntamiento de la ciudad de Gijón.
Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
