El escritor alemán y ganador del premio Nobel de Literatura Günter Grass ha calificado a Israel de amenaza para la paz mundial en un poema titulado Lo que hay que decir.

«No sigo callando porque estoy harto de la hipocresía de Occidente», dice uno de los versos de la obra de Grass, publicado en el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

En escritor de 84 años, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1999, llama a la comunidad internacional a que no permita ataques militares contra Teherán y controle tanto las armas nucleares de Israel como las centrales iraníes.

Asimismo, condena la venta de submarinos por parte de Alemania al Estado hebreo, ya que estos podrían ser utilizados en una ofensiva contra Irán.

Grass subraya que no puede permanecer en silencio durante más tiempo sobre este tema tal y como hacen muchos por temor a ser calificados de antisemitas.

Los judíos alemanes y la Embajada israelí ya han expresado su indignación con la publicación.

Grass es un veterano activista a favor de causas de la izquierda y crítico habitual de las intervenciones militares occidentales como la de Irak.

No obstante, la publicación del poema ha despertado las críticas contra el Nobel de Literatura que en 2006 reconoció haber servido en las Waffen SS en el último año de la Segunda Guerra Mundial

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El suicidio de un jubilado farmacéutico de 77 años en Atenas provocó una nueva movilización en protesta contra los recortes presupuestarios. Los enfrentamientos con la Policía antidisturbios fueron registrados al lado de la sede del Parlamento de Grecia, donde se produjo el trágico incidente.

Varios testigos dicen que antes de dispararse en la frente, el anciano gritó que no podía soportar más sus deudas. En la nota que dejó, comparaba la política del actual Gobierno heleno con el sufrimiento que padeció Grecia durante la ocupación nazi.

Durante toda la tarde del miércoles los griegos trajeron a la céntrica plaza Syntagma velas, flores y mensajes que pegaban al tronco de un viejo árbol, junto al que el jubilado se quitó la vida. Varios de los mensajes insistían: “Fue asesinato y no suicidio”, “Las medidas de austeridad matan a la gente”.

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El plan del primer ministro británico, David Cameron, para crear tribunales secretos y extender las competencias de los servicios de inteligencia del país en la lucha antiterrorista ha sufrido un duro revés y ha recibido numerosas críticas. Entre ellas, la de su socio de gobierno, el liberal demócrata Nick Clegg, y del comité de derechos humanos del Parlamento británico y de la Unión Europea.

Cameron justifica ambas medidas como necesarias por cuestiones de seguridad nacional, pero la oposición considera que se trata de un argumento «espurio», un atropello a los derechos civiles y un proyecto injusto, innecesario y potencialmente peligroso para el sistema judicial.

Y es que el Gobierno británico pretende ampliar además las facultades de su inteligencia para que puedan vigilar y monitorizar mensajes de correo electrónico, de las redes sociales y llamadas telefónicas de los ciudadanos en caso de sospecha terrorista.

En el caso de los tribunales secretos, se trata de una respuesta a la difusión pública de las pruebas de los juicios contra ex reclusos de la prisión estadounidense de Guantánamo. Según el gobierno, permitiría a los ministros decidir qué material sensible puede ocultarse a la opinión pública, a los medios de comunicación e incluso a los demandantes en los juicios civiles.

Ponen como ejemplo las pruebas basadas en datos proporcionados por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, donde consideran que debe guardarse el mayor secreto para proteger también a sus propios servicios secretos.

«Tenemos que proteger las libertades de las personas y nuestra seguridad nacional, pero sobre todo asegurarse de que podemos perseguir a los terroristas y detener los atentados que puedan llevar a cabo», manifiesta Cameron.

• La propuesta de ley, que deberá ser votada en el Parlamento, otorgará a la policía griega a detener extranjeros por cuestiones de salud pública.
• Los extranjeros con algún tipo de enfermedad serán sometidos a inspecciones de salud obligatorias y al necesario tratamiento.
• Aquellos que se nieguen a cooperar con las autoridades podrán ser deportados a su país de origen.

Los ministros de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, y Sanidad,Andreas Loverdos, ya habían anunciado el pasado fin de semana que tomarían medidas contra la «bomba para la salud» que, a su juicio, suponen los inmigrantes que viven en Grecia sin documentos.

«La detención de no nacionales, tanto si han solicitado asilo político como si no, está prevista bajo la actual enmienda si suponen un riesgo para la salud pública», dice el proyecto de ley presentado esta semana por el Gobierno que dirige el exbanquero Lukás Papadimos, y publicado hoy por varios medios helenos.

El texto incluye, como ejemplo de tales eventuales casos, personas con enfermedades infecciosas o pertenecientes «a grupos de riesgo como usuarios de drogas intravenosas, trabajadores del sexo o gente que vive en condiciones que no alcanzan los estándares higiénicos mínimos».

La medida llega, además, después del fiasco que ha supuesto la llamada «macro operación contra la ilegalidad» del Ministerio de Protección Ciudadana (Orden Público), por la que durante la pasada semana fueron detenidos unos 2.000 extranjeros.

De ellos, sólo se pudo hallar cargos contra 420, de los que en 234 casos fue por no poseer documentos de residencia en regla, lo que implica quemás de 1.500 fueron detenidos sin ningún tipo de acusación o sospecha válida.

El Gobierno ha anunciado la transformación de 30 antiguas bases militares en campos de reclusión para unos 30.000 inmigrantes indocumentados.

Varias organizaciones no gubernamentales se han quejado de estas medidas, que muchos achacan a la proximidad de las elecciones, en las que se prevé un gran aumento del voto a los grupos ultraderechistasque hacen campaña exclusivamente con la cuestión de la inmigración.

«Es especialmente preocupante que aquellos que tienen derecho a protección internacional se enfrentan a la detención. Inmigrantes y refugiados no son criminales y no deberían ser tratados como tales», se quejó ayer Amnistía Internacional en un comunicado.

«Las autoridades griegas deberían retirar inmediatamente este tipo de medidas, que sólo exacerban el estigma hacia los inmigrantes y refugiados en el país», añadió.

De acuerdo a un estudio del grupo ELIAMEP, en 2011 residían en Grecia1,1 millones de inmigrantes, de los cuales 400.000 no disponían de documentos en regla.

Según los datos de la agencia europea de control de fronteras (FRONTEX), que dispone de una misión para ayudar a Grecia en la materia, en 2011 se registraron 57.000 entradas ilegales de inmigrantes en el país mediterráneo.

Traducido al castellano por Silvia Arana para Rebelión

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Espías en la universidad. Gas pimienta. Equipos SWAT. Vigilancia de Tiwtter. Biometría informática. Expertos de seguridad estudiantil. Profesores de seguridad nacional. Bienvenidos a la Universidad de la Represión, Clase 2012.

Desde el 11 de septiembre, el estado de seguridad nacional se ha instalado en la universidad al igual que en las ciudades y los pueblos estadounidenses, en sitios de trabajo y templos, espacios públicos y cibernéticos. Pero la época de la (in)seguridad había llegado a las universidades con menos estruendo que a otros lugares -hasta el otoño de 2011, cuando fueron desplegadas las armas «menos letales».

Hoy, desde la Universidad de la Ciudad de Nueva York hasta la Universidad de California, los estudiantes se hallan cada vez más en la línea de fuego, no de una guerra contra el terrorismo, sino de una guerra contra el «radicalismo» y el «extremismo». Prácticamente todos los administradores y educadores universitarios al igual que el personal policial y los ejecutivos corporativos parecen haberse enlistado en las acciones de guerra. Y, crecientemente, los estudiantes estadounidenses están en la mira.

En 2008, expuse los siete pasos que el gobierno de Bush había diseñado para crear un plan de seguridad nacional en las universidades. Cuatro años después y con un nuevo presidente, la Universidad de la Represión ha recorrido un largo camino. Con Obama, se han agregado siete pasos más para hacer que la universidad sea un lugar seguro para la plutocracia. Esta es la guía, paso por paso, de lo que hicieron.

1. Blanco de ataque: Movimiento Ocupar

Si no hubieran existido ni la Universidad de California en Davis (UC Davis), ni el Teniente John Pike 1 , ni se hubieran usado armas químicas contra protestas estudiantiles pacíficas ni hubiera habido cámaras para difundir todo esto, los estadounidenses quizás nunca habrían conocido los alcances de la seguridad nacional para controlar a los estudiantes universitarios. Antes, llamaban a la Guardia Nacional. Ahora, todo lo que se requiere es un departamento de policía localizado en la universidad con armas «menos letales», entrenado por el FBI y financiado por la nación.

El uso masivo de gas pimienta contra los estudiantes de UC Davis fue solo la manifestación más difundida de una tendencia de larga data en las universidades, en la que, para los encargados del orden, la pacificación de las protestas estudiantiles ha devenido una de sus tareas principales. Entre las armas escogidas han figurado a veces instrumentos contundentes como los bastones expandibles usados para castigar a los estudiantes en Berkeley, Baruch y la Universidad de Puerto Rico. Otras veces, los policías recurrieron a armas «menos letales» como gas lacrimógeno, balas de goma y perdigones de pimienta disparados contra las multitudes del movimiento de protesta Ocupar a lo largo del sistema de la Universidad de California el invierno pasado.

Sin embargo, a pesar de todo lo que vemos que se hace en los campus en nombre de la seguridad nacional, hay una buena parte que no vemos. Detrás de los uniformes antimotines, de las porras y de las rociadas con gas pimienta se levanta una vasta infraestructura posible gracias a subsidios multimillonarios de fondos nacionales, «convenios» y acuerdos de «ayuda mutua» frente las agencias a cargo de mantener el orden público, entrenamiento antiterrorista, una «alianza académica» patrocinada por el FBI y 103 Fuerzas Conjuntas Antiterroristas (las que proveen «servicios completos» para las operaciones antiterroristas a más de 50 agencias nacionales y 600 agencias estatales y locales).

«Tenemos que ir hacia donde el terrorismo nos conduzca, entonces, a menudo tenemos que ir a las universidades», declaró la agente especial del FBI Jennifer Gant a la revista Campus Safety Magazine el año pasado. Con ese fin, los administradores universitarios y los jefes de policía en los campus universitarios coordinan actualmente sus operaciones con los «consejeros especiales» del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS, según su sigla en inglés), los «agentes de enlace en las universidades» del FBI, una Junta Consultiva de Seguridad Nacional liderada por el FBI y un Centro de Entrenamiento para las Fuerzas del Orden Nacional a cargo de la instrucción policial abarcando desde «técnicas físicas» hasta «ciencias del comportamiento». Más de la mitad de las fuerzas policiales asignadas a las universidades tienen «convenios para compartir información» con estas y otras agencias gubernamentales.

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2. Traer un equipo SWAT 2

Desde el 2007, la policía asignada a las universidades ha ido escalando sus tácticas, expandiendo sus arsenales y entrenando a más oficiales en las técnicas paramilitares estilo SWAT. Muchas agencias adquieren sus armas directamente del Departamento de Defensa mediante un programa de venta de armas conocido como «1033» que ofrece, entre otras cosas, «lanzadores de granada usados (para la utilización de armas menos letales)… a un costo significativamente reducido».

Según los datos nacionales disponibles con fecha más reciente, nueve de diez agencias con oficiales de policía utilizan ahora patrullas armadas autorizadas a usar fuerza letal. Nueve de diez también autorizan el uso de municiones químicas, mientras que uno de cinco usan regularmente Tásers 3 . En agosto pasado, un estudiante-atleta murió víctima del Táser en la Universidad de Cincinnati.

Mientras tanto, muchos escuadrones policiales en las universidades han sido formados en el arte de la guerra en sesiones de entrenamiento con armas especiales a cargo de «asociaciones de oficiales tácticos» que conforman una especie de universidad SWAT. En octubre, en la Universidad de Berkeley se realizó el ejercicio de entrenamiento SWAT » Escudo Urbano» (Urban Shield) en el que participaron agencias locales y del campus, la Guardia Nacional de California, fuerzas policiales especiales de Israel, Jordania y Bahrein. Y desde 2010, la Universidad West Texas A&M ha sido la sede de programas de entrenamiento paramilitar a policías mexicanos.

En octubre, la Universidad de Carolina del Norte (UNC), en Charlotte, estableció su propio equipo SWAT, equipado con rifles MP-15, pistolas M&P 40 y escopetas Remington. «Hemos incorporado oficiales SWAT en los escuadrones de nuestras universidades día y noche», decía orgullosamente el Jefe de Policía de la UNC Jeff Baker. El mes siguiente, en Chapel Hill, Carolina del Norte, un equipo SWAT realizó una redada armada en un edificio ocupado, apuntando con rifles a las cabezas de los activistas, entre los que había estudiantes de la UNC.

3. Espiar a los musulmanes

El largo brazo de la Universidad de la Represión se extiende más allá de los límites físicos de las ciudades universitarias. Según reportes de Associated Press (AP) de este invierno, la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y su hasta ahora secreta «Unidad Demográfica» asignan agentes encubiertos para espiar a la Asociación de Estudiantes Musulmanes en más de 20 universidades, en cuatro estados del Noreste desde 2006.

Ninguna de estas organizaciones o personas están acusadas de delito alguno, pero eso no detuvo a los detectives de NYPD en la vigilancia de estudiantes musulmanes a través de la «Unidad de Inteligencia Cibernética», la que emite reportes semanales sobre las sedes locales de la Asociación de Estudiantes Musulmanes. Los agentes encubiertos asisten a reuniones y seminarios en campus universitarios, registran cuántas veces rezaron los estudiantes, e incluso sirven de chaperones en excursiones que ellos llaman «militant paintball trips» 4 . El espionaje se hace en una amplia gama de instituciones desde colleges pequeños hasta Columbia y Yale.

Según la investigación realizada por AP, las unidades de inteligencia antes mencionadas trabajaron estrechamente no solo con agencias de otras ciudades sino también con un agente de la CIA. Ray Kelly, el Comisionado de Policía, ante los crecientes pedidos de que presentara su renuncia, emitió una acalorada defensa del programa de espionaje en las universidades, de manera similar al Alcalde Michael Bloomberg. «Si los terroristas no tienen límites de fronteras ni de acción, tampoco podemos tenerlos nosotros», dijo Kelly en un discurso en la Escuela de Leyes de Fordham.

El NYPD distaba de ser la única agencia haciendo vigilancia secreta de estudiantes musulmanes en las universidades. El FBI venía llevando a cabo dichas tácticas por años. En 2007, Yasser Ahmed, estudiante de la Universidad de California en Irvine, fue atacado por agentes del FBI, que lo habían seguido en camino a una «área de libertad de expresión» en el campus universitario. En 2010, Yasir Afifi, estudiante de Misión College en Santa Clara, California, encontró un dispositivo GPS de monitoreo en su coche. Una media docena de agentes, fue luego a su casa para pedir que la devolución del dispositivo.

4. Mantener los indocumentados afuera

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La polémica ley de inmigrantes también llegó a las universidades

Los estudiantes extranjeros son vigilados de cerca por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE) a través del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Student and Exchange Visitor Information System, SEVIS). En el 2011, la agencia controlaba 1,2 millones de estudiantes y sus dependientes. Recientemente, como parte de una transición de SEVIS II -con el fin de «unificar récords»- ICE ha comenzado a conectar los archivos de los estudiantes usando biometría informática y datos de los empleadores recogidos por Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias.

Louis Farrell, director del programa ICE dice: «Esa información queda para siempre. Y se revelará cada actividad en la que participe esa persona. Esto es algo solicitado por la comunidad de seguridad nacional…[y] la comunidad académica».

Luego, habría más de 360.000 estudiantes indocumentados y graduados de escuela secundaria que calificarían para obtener el estatus de residentes permanentes si se hubiera aprobado el Dream Act 5 . Este proyecto de ley propone otorgar residencia permanente condicional a los estudiantes indocumentados que fueron llevados a EE.UU. cuando eran menores de edad. Cuando los estudiantes comenzaron a «destaparse» públicamente como parte de la campaña «Indocumentados y sin miedo», muchos recibieron notificaciones de DHS para que se presentaran para iniciar trámites de deportación. Por ejemplo, a Uriel Alberto, del College Lees-McRae, quien recientemente iniciara una huelga de hambre en la cárcel del Condado Wake en Carolina del Norte; ahora fue sometido a trámites de deportación (lo que implica la separación de su hijo nacido en EE.UU.) por participar en una protesta frente a la legislatura estatal.

Desde 2010, el estado de Arizona ha recurrido a la seguridad nacional en las universidades para hacer cumplir la ley en todos los aspectos, desde prohibiciones sobre programas de estudios étnicos hasta leyes como la S. B. 1070, la que convierte en delito el hecho de presentarse en público sin pruebas de residencia legal y autoriza a la policía a detener a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada. Muchos estudiantes indocumentados no aceptaron propuestas de admisión de la Universidad de Arizona desde que se derogó esta ley, mientras que otros, dejaron de asistir a clase por temor a ser detenidos y deportados.

5. Vigilar los espacios estudiantiles y las redes sociales

Los estudiantes musulmanes y los estudiantes indocumentados no son los únicos que están en la mira de la vigilancia policial. La vigilancia electrónica se ha extendido más allá del tradicional circuito de cámaras de televisión hacia tecnologías de nueva generación como cámaras mega-pixel IQeye HD, llamadas dispositivos extremos (que hacen su propio análisis) y el software video analítico Perceptrak, que «analiza videos tomados con cámaras de seguridad de 24×7 en situaciones determinadas», el que recientemente fue inaugurado en la Universidad Johns Hopkings y en el College Mount Holyoke.

Al mismo tiempo, las cuentas en las redes sociales se han vuelto un destino preferido para muchos, desde oficiales de policía hasta analistas de Seguridad Nacional (DHS).

En 2010, el Centro Nacional de Operaciones de DHS estableció un Centro de Monitoreo de Medios (Media Monitoring Capability, MMC). Según el comunicado interno de la agencia, MMC está a cargo de «equilibrar las noticias, los reportes de prensa y enviar mensajes a las redes sociales… con datos operacionalmente relevantes, información, análisis e imágenes». La definición de ‘datos operacionalmente relevantes’ incluye «reportes de prensa que reflejen negatividad contra el DHS y actividades de reacción», «sitios partidistas o que responden a una agenda», y una categoría final catalogada ambiguamente «investigación/estudios, etc.».

Los departamentos de policía de las universidades entraron en acción cuando arribó a las universidades el movimiento Ocupar. Según una guía titulada «Ingredientes esenciales para enfrentar protestas en las universidades» presentada por Dustin Olson, Jefe de Policía de la Universidad de California en Santa Bárbara, el primer paso es «el control permanente de los sitios de las redes sociales» en busca de información sobre «liderazgo y agenda» y de «cualquier mensaje de comportamiento violento o delictivo».

6. Cooptar las clases y los laboratorios

En una época en la que las facultades y las disciplinas universitarias se enfrentan a grandes recortes de presupuesto, el DHS es la institución mejor financiada de todos. Los estudios de Seguridad Nacional han sido el sector con mayor crecimiento en la educación superior y en la actualidad hay más de 340 programas que otorgan certificados. Muchos colleges (universidades de pregrado) se han unido al Consorcio de Seguridad Nacional y Defensa de la Educación, surgido del Comando Norte de EE.UU. (la división de seguridad nacional del Departamento de Defensa) que ofrece un currículum modelo para sus miembros.

Esta nueva disciplina está dirigida y financiada por DHS con cuatro mil millones de dólares para los últimos cinco años. La meta es, según la Dra. Tara O’Toole, Subsecretaria de Ciencia y Tecnología del DHS, «optimizar la inversión y la capacitación de los académicos… para las necesidades del Departamento». El Pentágono ofrece financiamiento adicional a través de su rama de investigación, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa (Defense Advanced Research Projects Agency) y la «comunidad de inteligencia» a través de la agencia análoga Actividad de Proyectos de Investigación Avanzada de Inteligencia (Intelligence Advanced Research Projects Activity).

En el núcleo de la sociedad seguridad nacional-universidades figuran los 12 centros de excelencia del DHS (que se ha duplicado desde el 2008 cuando reporté esta iniciativa por primera vez). La Oficina de Programas Universitarios de DHS propagandiza los centros de excelencia como «un consorcio ampliado de cientos de universidades» que trabajan en conjunto para «desarrollar soluciones a través de la investigación teniendo en cuenta las necesidades de los clientes» y para «proveer entrenamiento esencial a la nueva generación de expertos en seguridad nacional».

Pero, ¿qué tipo de investigación está siendo implementada en estos centros de excelencia con el financiamiento de decenas de millones de dólares anuales de los contribuyentes? Entre los 41 «productos de conocimiento» usados por el DHS o que están siendo evaluados en estudios piloto, figuran una «base de datos de delitos extremistas», un conjunto de datos sobre «minorías en riesgo por comportamiento organizativo» y tecnologías para monitorear redes sociales. Otros enfoques investigativos incluyen biometría informática, «detección de comportamiento sospechoso» y «radicalización violenta».

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Policias molestando a estudiantes universitarios y despreocupados por la verdadera delincuencia, pone de manifiesto su función de control y no la de protección a los ciudadanos

7. Privatizar, subsidiar y capitalizar

La represión en las universidades no solo ha significado una importante fuente de ingreso para cientos de universidades necesitadas de dinero sino también para las grandes corporaciones. Mientras que una mayor parte de los $184 mil millones de financiamiento de seguridad nacional en 2011 proviene de agencias gubernamentales como DHS y el Pentágono, se pronostica un incremento de la contribución proporcional del sector privado en los próximos años, según la Corporación de Investigación de Seguridad Nacional, una empresa consultora en la industria de seguridad nacional.

Los Centros de Excelencia del DHS ha sido fundados por sociedades mixtas (privada y pública), co-patrocinadas por corporaciones y con el liderazgo de «juntas consultivas de la industria», lo que les proporciona a las grandes empresas participación y poder de decisión en el funcionamiento. Entre las grandes corporaciones aliadas con los Centros de Excelencia del DHS figuran:

*Lockheed Martin en el «Consorcio de Estudios sobre el Terrorismo y de Respuestas al Terrorismo» (START, según su acrónimo en inglés), localizado en la Universidad de Maryland en College Park.

*Alcatel-Lucent y AT&T en el «Centro de Comando, Control y Coordinación Operativa para el Análisis Avanzado de Datos» (CICADA, según su acrónimo en inglés), localizado en la Universidad Rutgers.

*ExxonMobil y Con Edison en el «Centro para el Análisis Económico y de Riesgos ante Acciones Terroristas» (CREATE, según su acrónimo en inglés), localizado en la Universidad del Sur de California.

*Motorola, Boeing y Bank of America en el «Centro Analítico Visual para Comando, Control y Coordinación Operativa Ambiental» (VACCINE, según su acrónimo en inglés), localizado en la Universidad Purdue.

*Wal-Mart, Cargill, Kraft y McDonald’s en el «Centro Nacional de Protección de Alimentos y Defensa» (NCFPD, según su sigla en inglés) en la Universidad de Minnesota -Twin Cities.

Lo que es más aún, las universidades han hecho negocios multimillonarios con firmas privadas multinacionales, como Securitas, desplegando «oficiales de protección» a menudo sin entrenamiento suficiente y con salarios bajos como «ojos y oídos extras» en los campus universitarios. La Universidad de Wisconsin-Madison, dice orgullosamente en un reporte que los policías y sus socios privados están «perfectamente integrados».

En otros sitios, hasta los estudiantes están involucrados en el negocio de la seguridad. La firma privada de inteligencia STRATFOR, por ejemplo, está colaborando con la Universidad de Texas para emplear a estudiantes en la tarea de «hacer trabajo esencialmente paralelo… al de los consultantes externos» dentro del campus, proporcionando información sobre grupos activistas como Yes Men.

Paso a paso, de universidad a universidad, el campus de seguridad nacional ha ejecutado un golpe silencioso en la década posterior al 11 de septiembre. La universidad usurpada ha devenido cada vez más un instrumento no de educación sino de recolección de información y de un lucrativo entrenamiento paramilitar en nombre del «1%» de estadounidenses que se considera en peligro.

Sin embargo, la nueva generación podría estar movilizada. Desde septiembre de 2011, un nuevo movimiento estudiantil apareció en todo el país, haciéndose sentir más recientemente el primero de marzo con un día nacional de acción en defensa del derecho a la educación. Esta ola de activismo universitario inspirado en el movimiento «Ocupar» está haciendo visible lo que antes era invisible, cuestionando lo que era incuestionable, y contrarrestando la lógica de la Universidad de la Represión con la lógica de la no-violencia y la educación por la democracia.

Para muchos, el auge de la seguridad nacional en los campus ha generado algunas preguntas básicas sobre los propósitos y los principios de la educación superior: ¿A quién sirve la universidad? ¿A quién protege? ¿Quién tiene derecho a expresarse? ¿Quién será silenciado? ¿A quién le pertenece el futuro?

Estas preguntas no les interesan a los guardianes de la Universidad de la Represión. Ellos están enfocados en preparar sus armas, poner cerrojos en las puertas y alistarse para el próximo paso.

2 Nota de la traductora: Un equipo SWAT (acrónimo de Special Weapons and Tactics) es una unidad especial de élite en diversos departamentos policiales de Estados Unidos. Están entrenados para operaciones de alto riesgo que sobrepasen las capacidades de los policías regulares (rescate de rehenes, operativos anti-terrorismo, enfrentamientos con delincuentes armados, etc.)

5 Nota de la traductora: Dream Act, acrónimo de Development, Relief and Education for Alien Minors, es un proyecto de Ley que propone otorgar el estatus de residente permanente a jóvenes estudiantes indocumentados, que se hayan graduado de la escuela secundaria, que tengan buena conducta, que hayan arribado a EE.UU. siendo menores de edad y que hayan vivido en el país durante al menos cinco años consecutivos.

http://es.sott.net/articles/show/12849-Universidad-de-la-Represion-Clase-2012

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