El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, solicitó asilo político a Ecuador en la embajada de este país en Londres por considerarse perseguido, y el Gobierno de Quito evalúa esa petición, informó este martes el ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño.

Assange agotó la semana pasada su batalla legal en el Reino Unido para evitar su extradición a Suecia, donde está acusado de delitos sexuales, al ser rechazada por el Tribunal Supremo su petición para reabrir el caso.

El canciller dijo a la prensa que Assange se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres y que envió una carta al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en la que afirma que existe una “persecución” contra él por lo que busca asilo político. El ministro declaró que Assange, de nacionalidad australiana y con residencia en el Reino Unido, se presentó en la sede de la Embajada en Londres “solicitando la protección del Gobierno del Ecuador”.

En la carta a Correa, Assange afirma que es “imposible” el retorno a su país de origen tras la “lamentable declaración efectiva de abandono” recibida por las autoridades australianas, dijo Patiño, quien no admitió preguntas de la prensa.

“El Gobierno de Ecuador se encuentra evaluando el pedido del señor Julian Assange y cualquier decisión que adopte sobre el mismo tendrá en cuenta el respeto a las normas y principios del derecho internacional, así como la tradicional política de Ecuador de precautelar los derechos humanos”, dijo el canciller.

EFE

La discusión en la Asamblea Nacional de Panamá de una ley que permitiría al Estado vender su 49 por ciento de acciones en empresas de telefonía y energía parcialmente privatizadas, generó este martes un enfrentamiento entre grupos de oposición y la Policía en las afueras del Parlamento.

Fruto de los importantes disturbios producidos en las afueras del Parlamento, el presidente Ricardo Martinelli se vio forzado este martes a anunciar la suspensión de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, al igual que nombramientos de los magistrados a la Sala Quinta de Garantías Constitucionales y el retiro de los polémicos proyectos para la venta de las acciones de las empresas eléctricas y de telefonía.

La noticia fue recibida con jubilo en la Asamblea Nacional, donde los opositores a los proyectos aplaudieron y cantaron el himno nacional.

El Presidente, indicó que los temas suspendidos, serán enviados a la mesa de la Concertación Nacional. Mientras, realizó un llamado a la paz y a la reflexión en el país.

Según reportan medios locales, durante los incidentes de este martes al menos un diputado resultó con síntomas de asfixia luego que la Policía Antidisturbios lanzó gases lacrimógenos contra sindicalistas y simpatizantes de la oposición panameña.

El pueblo rechazó la venta de las acciones de empresas de telefonía y generación eléctrica porque harían desaparecer el patrimonio público.

En el interior de la Asamblea también se registraron incidentes cuando diputados de oposición y afectos al Gobierno del presidente se enfrentaron con gritos, empujones y amenazas de golpe.

Las intenciones de la mayoría oficialista de ratificar a tres magistrados de una sala del Supremo designados por el Jefe de Estado fue otro punto álgido que generó los enfrentamientos dentro del Parlamento de Panamá.

Tras los hechos de violencia fueron suspendidas las sesiones extraordinarias que habían sido convocadas por el presidente Martinelli.

Tras los disturbios más de 40 personas fueron detenidas por las autoridades, 21 de ellas estudiantes menores de edad.

En la sesión del lunes el ministro de Finanzas, Frank de Lima, afirmó que el Gobierno quería vender el 49 por ciento de acciones que posee de la telefónica Cable & Wireless y que depositaría cerca de la mitad de lo obtenido en el recién creado Fondo de Ahorro Panameño.

Cable & Wireless ingresó a Panamá en 1997, al comprar por 652 millones de dólares el 49 por ciento de las acciones del entonces estatal Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), mientras que el restante dos por ciento quedó en manos de los trabajadores.

De Lima añadió que el Ejecutivo también tenía la intención de vender el 49 por ciento de las acciones que tiene en las empresas eléctricas, entre ellas la española Unión Fenosa, para invertirlo en proyectos internacionales.

Grupos de oposición además de asegurar que se perdería el patrimonio público, sostenían que con esas ventas Martinelli endeudaría al país.

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http://www.librered.net/?p=18978

Los ejércitos de Rusia, Irán, China y Siria planean realizar ejercicios conjuntos a lo largo de las costas de Siria en las próximas semanas, según reveló este martes la agencia iraní Fars. Al parecer 90.000 soldados, incluyendo fuerzas terrestres, aéreas y marítimas, así como unidades de defensa aérea y de misiles de los cuatro países, tomarán parte en los ejercicios. Egipto ha concedido el paso a 12 buques de guerra chinos para navegar por el Canal de Suez, y agregó que el convoy militar debe atracar en los puertos sirios en las próximas dos semanas, según informó la agencia iraní Fars. Submarinos atómicos rusos y barcos de guerra, portaaviones y destructores de remoción de minas, así como buques de guerra iraníes y submarinos, también llegarán a Siria en torno a la misma fecha. Siria se propone poner a prueba sus misiles costa-mar y de defensa aérea en los ejercicios de guerra. Un total de 400 aviones y mil tanques también se utilizarán en los ejercicios. Un funcionario sirio bajo anonimato informó hace dos semanas de que los ejercicios se llevarían a cabo en Siria pronto. Fuentes no oficiales también dijeron que los cuatro países están ahora ocupados en la toma de rápidas medidas de preparación para estos ejercicios de guerra. Por otra parte, la idea de realizar estos simulacros de manera conjunta entre estos cuatro países es algo imposible, según afirma el experto militar Vladimir Kudelev. «Esto es ficción, pura desinformación, estos ejercicios conjuntos no han sido programados, y además sería algo imposible de realizar en la actual situación que prevalece en Siria y sus alrededores», dijo Kudelev, quien es el director de investigación en el Centro de Estudios Árabes del Instituto de Estudios Orientales ante la Academia rusa de Ciencias. La información sobre una posible operación de simulacro conjunta, fue desmentida este mismo martes por un consejero del presidente sirio Bashar al Assad.

Artículo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/47229-Rusia%2C-China%2C-Siria-e-Ir%C3%A1n-planean-ejercicios-de-guerra-en-territorio-sirio

La Corte Suprema de EE. UU. ordenó al gobierno indemnizar a los indígenas por omisiones presupuestales para garantizar servicios públicos, educación, seguridad y protección al medio ambiente. Las leyes federales de EE. UU. estipulan que las tribus indígenas deben recibir presupuesto para programas sociales. Sin embargo, durante años el Congreso de  EE. UU. no asignó el dinero suficiente para cubrir estas necesidades básicas, privándolos de cientos de millones de dólares. La reciente decisión judicial ordenó el reembolso del presupuesto para programas sociales en las comunidades nativas, entre ellas la tribu Navajo, que será recompensada totalmente. Este es el primer avance serio para atender el rezago y los problemas sociales de los nativos norteamericanos. A principios de mayo, la ONU instó al gobierno estadounidense a devolver las tierras robadas a los indígenas, lo que consideró una medida «de peso» para mejorar la situación económica y social en las reservas de indios. Los indígenas estadounidenses son discriminados en el ámbito laboral y educativo. Cerca de un millón de indios viven en las 310 reservas que existen en el país y sus ingresos per cápita son de unos 7.000 dólares al año, seis veces menos que el promedio nacional. La esperanza de vida es de 50 años y entre ellos se registra uno de las más altas tasas de suicidios (también entre adolescentes) de todo EE. UU.

Artículo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/47231-EE.-UU.-indemnizar%C3%A1-a-tribus-ind%C3%ADgenas

La medida quiere garantizar que el consumidor que vaya a firmar un contrato hipotecario disponga de toda la información al respecto.

El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado hoy la modificación de la ley del código de consumo, que pretende aumentar la protección de los consumidores al contratar un crédito o préstamo hipotecario u otros productos financieros y prevé sanciones de hasta 100.000 euros a las entidades que cometan abusos.

El proyecto de ley impulsado por el Govern, que será remitido al Parlament para su tramitación, pretende poner coto a las prácticas abusivas y garantizar que el consumidor que vaya a firmar un contrato hipotecario disponga de toda la información al respecto.

Una de las novedades que introduce el proyecto es la tipificación de infracciones, que en el caso de las consideradas «graves» pueden acarrear una sanción de hasta 100.000 euros por cada caso concreto en que una entidad financiera no haya cumplido las obligaciones que marca la ley, por lo que la suma de casos pueden comportar sanciones «millonarias», ha señalado el portavoz del Govern, Francesc Homs.

Homs ha explicado que las medidas contenidas en este proyecto afectan de manera muy directa a créditos y préstamos hipotecarios, pero también a otros tipos de productos financieros que puedan ofrecer las entidades bancarias.

No obstante, ha puntualizado que la aplicación de estas nuevas medidasno puede hacerse con carácter retroactivo para todos los casos que han ocurrido hasta ahora, sino que su aplicación empezará con los contratos que se firmen a partir de la aprobación de la ley.

Otra de las novedades del proyecto es que, en el caso de las hipotecas, se establece por ley un interés de demora máximo que no puede superar en 2,5 veces el interés legal del dinero, por lo que cualquier cláusula que incluya un tipo de interés superior a eso se considerará abusiva.

Además, se introducen medidas para mejorar y ampliar el contenido de la información previa que se entrega al consumidor, en referencia a la posibilidad de incremento de los tipos de interés, el riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimiento de los compromisos que estipula el contrato, los servicios adicionales que el cliente está obligado a contratar o las cláusulas que contengan un mayor riesgo.

También se pretende evitar la publicidad engañosa de préstamos y créditos hipotecarios a través de comunicaciones publicitarias que levanten falsas expectativas entre los clientes.

Por otra parte, Homs ha celebrado que el Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado el recurso que presentó en 2001 el gobierno de José María Aznar sobre el impuesto a los grandes establecimientos comerciales que había aprobado el Parlament un año antes.

Para Homs, el anuncio es una «buena noticia» porque «avala» la política comercial que aplicaba entonces el Govern de Jordi Pujol y que «mantiene» el ejecutivo de Artur Mas, si bien ha «lamentado» que el TC haya tardado tanto en resolver el recurso.

http://www.teinteresa.es/politica/Cataluna-preve-sanciones-abusos-bancarios_0_721729867.html