Después de más de un año pidiendo a golpe de manifestación que la sanidad siga siendo pública, la marea blanca ganó esta semana su mayor batalla. La justicia obligó al Gobierno de la Comunidad de Madrid a detener su plan privatizador y, horas después, dimitió el principal artífice del proyecto, el consejeroJavier Fernández-Lasquetty. Esos eran sus principales objetivos desde que, a finales de 2012, el Gobierno de la comunidad puso las cartas sobre la mesa y anunció su intención de privatizar la Atención Primaria y seis hospitales dentro del llamado Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Lejos, aunque no olvidados, quedan también los combates perdidos, como la destrucción de más de 2.000 puestos de trabajo por el cierre de dos centros de Salud Mental de Madrid capital, el cierre del Instituto de Cardiología, la “externalización” de los servicios de limpieza y lavandería, la privatización de la parte no sanitaria del hospital Puerta del Hierro y las jubilaciones forzosas de trabajadores de distintas categoría.

Sin embargo, el famoso “Sí se puede” cobró fuerza el pasado martes. La incansable marea blanca -que no ha perdonado ni una de sus protestas los terceros domingos de cada mes- salió a la calle para celebrarlo, pero celebraron la victoria con prudencia: “Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. La sanidad madrileña seguirá luchando contra los recortes”. La marea blanca no se contenta con la suspensión cautelar del plan de González ni se tranquiliza con la dimisión de Lasquetty, por lo que, para empezar, el próximo 16 de febrero volverán a la calle a protestar, convocados por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública.

“Está bien celebrar la victoria y habrá que repensar las movilizaciones, pero no podemos bajar la guardia porque el Gobierno no ha cambiado de intenciones y quiere seguir privatizando la sanidad”, advierte Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública (Fasdp). La marea blanca, por tanto, no se olvida de que tiene aún muchos frentes abiertos.

El rescate de lo ya privatizado

Aunque González haya dado marcha atrás en la “externalización” de seis hospitales, aún quedan en la comunidad numerosos centros que mantienen concesiones con la Consejería de Sanidad. Este es el caso del Laboratorio Central —adjudicado a Ribera Salud—, el call center que se ocupa de las citaciones de pacientes —adjudicado a Indra—, o los servicios de lavandería y limpieza, dos de las 27 categorías que la Consejería de Lasquetty pretendía extinguir y cuyos servicios ya están adjudicados a empresas de servicios.

Otros seis hospitales funcionan ya con gestión público-privada

En las concesiones se engloban también los hospitales PFI (modelo iniciativa de gestión privada), que fueron construidos por empresas privadas a las que el ente público todavía debe pagar un canon anual millonario hasta el año 2037. Los hospitales de Arganda, Aranjuez, Coslada, Parla, Vallecas y San Sebastián de los Reyes, que ya han visto resarcida su deuda —según Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid)—, seguirán obteniendo beneficios durante años.

Lo mismo ocurre, según CAS-Madrid, con los hospitales PPP (100% privados), que reciben una cantidad anual por cada habitante de su zona y una extra si un paciente de otro lugar acaba siendo derivado a sus instalaciones. A este grupo pertenecen los centros de Valdemoro, Torrejón y Móstoles que, según Gómez, “gozan de buena salud porque están haciendo dinero a espuertas”. Lo mismo opina de la Fundación Jiménez Díaz y los ambulatorios de Quintana y Pontones, todos pertenecientes a IDC-Salud (antigua Capio). “Un Gobierno que tuviera lo que hay que tener los rescataría y volvería a hacerlos públicos”, opina el portavoz de la coordinadora.

El fin de las derivaciones a centros privados

La marea blanca lleva tiempo denunciando que la consejería de Sanidad que ahora dirige Javier Rodríguez presiona para que los pacientes de la sanidad pública sean operados en clínicas privadas. Los llamados call centers se ponen en contacto con los pacientes cuando están pendientes de alguna prueba o cirugía y, alegando una larga espera en la sanidad pública que a veces falsa, les dan citas rápidas en la privada.

La Consejería justifica los trasvases con la reducción de las listas de espera

“Este mecanismo es una privatización encubierta intolerable que despoja la sanidad pública de pacientes en favor de la privada”, denuncia Luis Fernández, vicepresidente de PATU-Salud. La Fasdp matiza que suelen llamar especialmente a pacientes “rentables”. Esto es “un usuario joven o una persona mayor pero siempre y cuando padezca una sola patología“. De hecho, CAS Madrid elaboró una guía para evitar tales engaños y PATU Salud también ha puesto en marcha una campaña en este sentido.

Fuentes de la Consejería de Sanidad alegaron que los trasvases de pacientes se realizan “para cumplir con el compromiso de los 30 días de lista de espera“. Pero lo cierto es que, lejos de conseguirlo, éstas “no han dejado de aumentar y siguen desbordándose”, denuncia Gómez, portavoz de CAS-Madrid. En este sentido, esta organización —que recuerda que nació mucho antes de la marea blanca actual— está preparando una campaña con propuestas para reactivar la actividad de los hospitales por las tardes.

La derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y de la Ley 15/97

La ministra de Sanidad, Ana Mato, anuló a principios de año los copagos en ambulancia, prótesis y dietoterápicos -productos que consumen enfermos con trastornos metabólicos- previstos en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, pero en septiembre del año pasado, estableció un nuevo copago que no estaba contemplado en el real decreto y que afectaba a los fármacos que se dispensan en los hospitales. Entró en vigor en octubre de 2013, pero ninguna comunidad lo ha puesto en marcha.

La norma que sirvió de germen de todas las privatizaciones se aprobó en 1997

Además de por los copagos, el real decreto 16/2012 también es conocido por ser el real decreto de la exclusión sanitaria porque limita el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular. Juan Luis Ruiz-Giménez, de Yo Sí Sanidad Universal denuncia que “el número de personas excluidas del derecho a la atención sanitaria ya se acerca al millón y hay dos muertes reconocidas directamente relacionadas con esta normativa” y reivindica el derecho universal a la atención sanitaria. Además, el Consejo de Europa reprochó el pasado miércoles a España que haya dejado de prestar la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular porque tal hecho contradice al artículo 11 y 13 de la Carta Social Europea.

Pero el germen de las privatizaciones es, como siempre recuerdan desde CAS-Madrid, la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que fue la que permitió y permite que “la gestión de los servicios sanitarios” se pueda llevar a cabo “mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas“. Por ello, una de sus luchas permanentes es y seguirá siendo la derogación de tal normativa que en su día fue apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción de IU y BNG.

Luchar contra la privatización de las donaciones de sangre

Antes de que acabara 2013, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo con Cruz Roja para privatizar la donación de sangre. Hasta ahora, tanto Cruz Roja como el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid extraían sangre (en la calle y en sus propios centros), la procesaban, la almacenaban y la distribuían a los hospitales. Con el nuevo convenio, la ONG se encargará exclusivamente de la extracción de sangre en los autobuses y el centro de transfusión asumirá el resto del proceso, además de la extracción que ya practicaba en sus instalaciones. El Gobierno regional pretende conseguir 219.000 unidades de sangre en 2014, de las que 74.000 procederán de las extracciones de Cruz Roja (el 33% del total). La comunidad pagará por ello a Cruz Roja 9.300.000 millones de euros, por lo que Luis Fernández, de PATU Salud, advierte del “riesgo en la calidad asistencial” que puede suponer este cambio.

La marea blanca advierte del riesgo de la reducción de calidad asistencial por esta privatización

Los trabajadores del centro público llevan semanas protestando por lo que consideran “el inicio de la privatización” de la gestión de la sangre. Han denunciado que la Comunidad de Madrid especule con un acto, la donación, basado en “el altruismo y la solidaridad”, unas acusaciones a las Lasquetty ha respondido presentando a Cruz Roja como ejemplo de “excelencia de solidaridad, entrega, buen trabajo y ausencia de ánimo de lucro”.

Recuperar los empleos destruidos

Desde que Lasquetty puso en marcha el Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público hace un año, se han destruido más de 3.300 puestos de trabajo públicos, según el tercer informe del Observatorio Madrileño de Salud, formado por 34 entidades, entre las que se encuentran 19 ayuntamientos, dos sindicatos, tres asociaciones profesionales y 10 entidades sociales. Ése es también, según Marciano Sánchez Bayle, otro de los retos de la marea blanca. “El presupuesto sanitario en la Comunidad de Madrid se ha recortado un 1,7% y este año se prevé que haya 7.500 profesionales menos que en 2009″, afirma.

En los últimos años se ha despedido a entre 3.000 y 5.000 trabajadores

Desde CAS-Madrid incluso se atreven a elevar la cifra de empleos perdidos en los últimos años. “Es difícil cuantificarla, pero podrían ser más de 5.000″, estima Gómez. “Es verdad que hay sitios donde sobre gente y sitios en los que falta; había que hacer una reestructuración, pero no así”, lamenta. Por ello, una de las medidas que lanzarán en su campaña de febrero será la de pedir que los médicos de los hospitales vuelvan a trabajar por las tardes con dos objetivos: el incremento de las plantillas y la reducción de listas de espera. “Así no habría camas vacías ni plantas cerradas mientras las operaciones se derivan a la privada”, aventura el portavoz de la coordinadora.

Mejorar la gestión de la sanidad

Para Afem, la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid que interpuso uno de los recursos de la victoria contra la privatización, la nueva situación significa ahora una “vuelta al kilómetro 0″. “Queda todo por hacer; la privatización sólo era un obstáculo más para llegar a lo importante: gestionar mejor la sanidad”, explica su portavoz, Fátima Brañas.

Afem pide “autonomía” para que los médicos puedan contribuir a gestionar mejor el sistema

Para Afem, el reto ahora es “despolitizar la sanidad, que se gestione pensando en el paciente y no en rentabilidades electoralistas” y para ello, dice Brañas, se necesita dar “autonomía y responsabilidad a los profesionales”. “Si se le preguntara a cada médico, a cada núcleo de cada área lo que se puede hacer para mejorar la gestión de la sanidad, sin poner una cifra de ahorro sino primando el mantenimiento de la calidad del servicio, así, sumando poquitos, lo conseguiríamos”, asegura la portavoz de la plataforma.

Ante el anuncio del nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Rodríguez, de querer recuperar las “maltrechas relaciones” con los médicos, Brañas se muestra escéptica, pero dispuesta a colaborar. “Resulta difícil creer que una persona que ha defendido el plan privatizador pueda cambiar de pronto su forma de pensar. Tal vez el cargo le haga ser consciente de que no se puede dar acabar con un problema sin contar con los agentes que pueden ser causa y solución del mismo”, concluye.