Los ancianos sufren en sus propias carnes el brutal aumento del coste de mantenerse en vida. A mayor enfermedad, mayores costes. Este año será el más caro hasta la fecha para esa mitad de la población que depende totalmente de los servicios públicos para cubrir sus necesidades sanitarias.

No estamos hablando de suplementos extraordinarios, sino de atenciones básicas de vida o muerte. Las personas que precisan de medicamentos vitales no tienen más alternativa que correr con el aumento de las tasas de las recetas.

Los enfermos graves sin tarjeta sanitaria que han de ser ingresados en un hospital público no tienen la opción de aplazar su tratamiento aunque les esté suponiendo 75 euros por noche. Y los costes ambulatorios para los enfermos de cáncer sometidos a quimioterapia representan toda una «cruz financiera» que tienen que soportar.

Transcurridos casi tres años desde que el Gobierno fuera encumbrado al poder tras sus promesas de atención médica general para todos, seguro médico universal y fin de las tasas sobre las recetas, la realidad es que los recargos insidiosos están afectando con mayor severidad a la población más enferma con menores niveles de renta.

No se trata de importes desdeñables. En 2011, un ciudadano con tarjeta sanitaria aquejado por una serie de dolencias que requiriesen tratamiento a base de medicamentos abonaba un máximo de 10 euros al mes en concepto de tasas sobre las recetas. Actualmente, ese importe ha aumentado a 25 euros al mes.

En 2011, las unidades de tratamiento de lesiones leves que se abrieron en los hospitales donde se cerraron los servicios de urgencias y accidentes dispensaban sus cuidados de forma gratuita. Actualmente, cada visita cuesta 100 euros. En octubre de 2012 se impuso una tarifa de 75 euros al día para los pacientes que acudían a los hospitales públicos con el fin de recibir tratamiento contra el cáncer.

Pero la herida financiera más grave ha sido la asestada por la decisión de dificultar el acceso a la tarjeta sanitaria a todos los grupos de edad, especialmente los mayores de 70 años.

En las próximas semanas llegará a los buzones de decenas de miles de mayores de setenta años (como ya sucedió a 20.000 personas el pasado año) una carta del Health Service Executive (Servicio nacional de salud) en la que se les informará que han perdido el derecho a la tarjeta sanitaria.

Dada la prevalencia de la enfermedad en este grupo de edad y del coste de la medicación, las estancias hospitalarias y el ingreso en un servicio de urgencias y accidentes, es muy probable que muchos de ellos tengan que apurar sus ingresos para encontrar esos 2.500 euros que les permitirán mantenerse en vida este año.

La retirada de las tarjetas sanitarias a ciudadanos de este grupo supondrá un ahorro de aproximadamente 25 millones de euros y cubrirá en gran parte la introducción de atención médica general gratuita para los menores de seis años, con independencia del nivel de renta de sus padres. Una nueva manifestación de la mala fe de un Gobierno votado por muchos de esos ancianos que encaran el 2014 con nuevas angustias y miedos en cuanto a su salud.

La retirada de la tarjeta sanitaria completa al personal recién contratado afectará también a las parejas jóvenes, que se verán obligadas a hacer frente a costes médicos. Sus hijos no estarán ya exentos de las tasas de los exámenes estatales ni de las tarifas del transporte público y perderán las ayudas a los libros escolares. En eso han quedado las promesas preelectorales….

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