Seis intentos masivos de asalto a las vallas de Ceuta y Melilla, más de 500 subsaharianos dentro ya, 80.000 esperando a hacerlo y un encendido debate político que ha llegado hasta la UE. La olla a presión de la inmigración irregular ha estallado cuando casi todo el mundo se había olvidado de este problema.
Este es el escenario un mes después de la tragedia de Ceuta en la que fallecieron quince inmigrantes ahogados cuando trataban de alcanzar la costa española, tras una actuación de la Guardia Civil cuestionada dentro y fuera de nuestras fronteras, pero que ha dejado a los agentes que trabajan en los perímetros fronterizos de las dos ciudades autónomas en una situación de “desánimo generalizado”.
Mientras se buscan soluciones a la fuerte presión migratoria, los agentes destinados en Ceuta y Melilla sufren cierto desamparo al sentir que a los ojos de algunos políticos han dejado de ser “los guardianes del mundo civilizado” para convertirse en los “culpables” cuando “la cosa pinta mal”.
De este modo describe a Efe un agente de la Guardia Civil destacado en Melilla la situación del colectivo, desde el convencimiento de que los políticos no se han acordado de ellos ni de las condiciones en las que desarrollan su labor. Solo de la defensa del cuerpo como institución sin darse cuenta de que en su pugna política “están pegando contra los guardias”.
Reconoce que tras la polémica por los sucesos del día 6 de febrero, los guardias “están muy poco por complicarse la vida”, ya que piensan que “serán ellos al final los que paguen el pato”, si bien este agente niega que hayan hecho dejación de sus funciones y asegura que la responsabilidad “está por encima de todo”.
Lamentan estos funcionarios ser la diana en un momento en que la inmigración ha vuelto a primera página. En el centro de ella, la fotografía del lanzamiento de pelotas de goma al mar por parte de los agentes ese fatídico jueves, lo que abrió un debate meses después de que se sofocara el de concertina sí, concertina no.
Interior tardó en reconocer el uso de este material antidisturbios -fue su titular Jorge Fernández Díaz quien tuvo que hacerlo en el Congreso una semana después-, mientras la oposición aprovechó la circunstancia para pedir dimisiones y comisiones de investigación.
Con la tragedia en primera página y cruces de vídeos de esa madrugada, Ceuta y, especialmente, Melilla están sufriendo una fuerte presión migratoria similar a la crisis de 2005 y que se antoja de difícil solución para el Gobierno, que busca la implicación de la UE en su frontera sur.
En ello se afana Fernández Díaz, que ha tomado las riendas, ha prohibido el uso de pelotas de goma en las vallas, ha viajado a Bruselas para pedir 45 millones de euros de ayuda para reforzar la seguridad y se ha reunido con su homólogo marroquí. Hoy y mañana visita Ceuta y Melilla.
Y es que para el Gobierno, la inmigración, y lo que puede venir, es un asunto de Estado en el que quiere que se involucre la oposición, más empeñada en esclarecer lo ocurrido el día 6 de febrero que en pactar políticas con el Ejecutivo en esta materia, que relega a otro momento.
Al departamento de Interior le preocupa no solo los 80.000 subsaharianos que esperan su oportunidad para entrar en Europa a través de España, sino también que la polémica política sea aprovechada por las mafias para en medio de este rifirrafe hacer su “agosto” con los inmigrantes.
Otra de las preocupaciones es la acogida de los que ya han entrado. Su hacinamiento en los centros de internamiento de extranjeros -el de Melilla ya está al triple de su capacidad- y las escasas posibilidades de salir de allí en un periodo corto de tiempo puede convertir estas dos ciudades en un polvorín social, como han alertado ya los sindicatos policiales.
¿Pero cómo evitar las entradas? La solución no es fácil y todas las partes implicadas reconocen que no pasa por “subir” la valla, sino por medidas de desarrollo en los países de origen, que de tomarse, solo tendría resultado a largo plazo.
El refuerzo de la Guardia Civil en Melilla ha sido una medida que puede ser efectiva puntualmente, pero las asociaciones del instituto armado advierten a Efe de que se trata de un “parche” que no arregla el fondo del problema, que contribuiría a resolver mejores medios pasivos más allá de las concertinas, más agentes de forma permanente y un protocolo claro de actuación, como pide la AUGC.
Un portavoz de esta asociación destaca la actuación de la policía marroquí que está colaborando “más que nunca”, aunque su intervención dentro del reino alauí “llega hasta donde llega” porque tampoco está sobrada de medios.
Y avisa de que seguirán intentando entrar cientos de inmigrantes, que harán uso de la agresividad en su empeño por cruzar la frontera, y que será muy difícil controlarlo porque las cuentas no salen para la Guardia Civil: “en el fondo es uno contra veinte”.