Libertad sin fianza para Teddy Bautista que permanece imputado

La del sábado al domingo ha sido la segunda noche del todopoderoso de la SGAE en una celda individual de los calabozos del Centro de Detención de la Comandancia de la Guardia Civil, donde se le hizo la ficha policial, al parecer el sábado después de desayunar.

Los detenidos en situación de detención preventiva deben pasar a disposición de la Autoridad Judicial en el plazo máximo de 72 horas. De tal forman que ahora será el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien decidirá, después de los interrogatorios y tras escuchar a la Fiscalía Anticorrupción, si envía a Teddy Bautista a prisión o le concede la libertad (con o sin cargos / con o sin fianza). Lo mismo sucederá con el resto de detenidos que pasarán entre hoy y mañana por el despacho del juez Ruz.

ACTUALIZACIÓN

Teddy Bautista y otros cuatro detenidos en la Operación contra la cúpula de la SGAE esperan en los calabozos de la Audiencia Nacional el inicio de su declaración.

ACTUALIZACIÓN

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la puesta en libertad provisional “con cargos y sin fianza” para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos societarios y de blanqueo de capitales: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga.

Los tres han abandonado ya las dependencias judiciales en un coche que esperaba a la puerta de la Audiencia Nacional. Como medidas cautelares el juez ha fijado a los tres la prohibición de abandonar el territorio nacional, les ha retirado el pasaporte y les ha obligado a fijar un domicilio y un teléfono de contacto. En su auto, Pablo Ruz señala que existe arraigo y no aprecia riesgo de fuga.

Tras tomarles declaración el juez aprecia un presunto delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad, atendiendo al valor de lo defraudado, así como un “presunto delito de administración fraudulenta”.

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