La alcaldía que preside Antonio Ledezma, el político opositor venezolano arrestado este jueves, pasó de ser una de las más importantes del país a ser prácticamente irrelevante.

Según cifras del mismo Ledezma, que fue detenido al ser acusado de planear un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, la Alcaldía Metropolitana de Caracas fue despojada del 99,5% de sus competencias y recursos desde que el opositor fue elegido en 2009.

Y se trata de una queja de todos los alcaldes y gobernadores de oposición en Venezuela: que les quitaron el poder.

Además, aseguran que sufren una persecución judicial que les limita su margen de maniobra como gobernantes: de las 76 alcaldías que presiden opositores, de 335 en total, 33 de ellos tienen al menos un caso judicial abierto.

Y no son esporádicas las denuncias de gobernantes opositores de que les sabotean la gestión, como ocurrió hace un mes cuando el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo que los helicópteros de los bomberos y la policía de su jurisdicción no se pueden mover por orden del gobierno.

Qué dice el gobierno

En el gobierno central esto se ve como una forma de actuación de la justicia, que no consideran politizada, pese a las constantes denuncias de la oposición.

Y, ante el despojo de competencias, el oficialismo dice que es una manera devolverle al pueblo el poder que «la burguesía le arrebató».

El fallecido presidente Hugo Chávez explicó varias veces que su idea de descentralización, una garantía de la constitución venezolana, era entregarles los recursos y las competencias a la gente.

«El concepto imperialista de la descentralización tenía el objetivo de dividir al país en pedacitos; pretendían quitarle poder al Estado nacional, desmembrar al país», dijo, en 2007, cuando empezaban esta serie de políticas de reorganización del poder central y regional.

El nuevo proceso de «desconcentración», aseguró, «busca ceder el poder hacia el pueblo, hacia los consejos comunales», una institución de participación, articulación e integración entre los grupos sociales que, desde entonces, no han hecho sino crecer y adquirir poder en el país.

De hecho, la primera parte de la intervención de Maduro el jueves, cuando confirmó la detención de Ledezma, fue dedicada al empoderamiento de los consejos comunales y el establecimiento del Estado Comunal.

Sin presupuesto

«Bajo esa teoría el gobierno central ha activado varios métodos para bloquear la posibilidad de gestión de los gobernantes regionales opositores, aunque también, pero en menor medida, de los oficialistas», dice Mercedes de Freitas, directora de la sucursal en Venezuela de la ONG Transparencia Internacional.

Los gobiernos regionales en Venezuela generan muy pocos recursos: según la Constitución, el 20% del presupuesto anual del Estado debe ir para las gobernaciones, en lo que en Venezuela se conoce como el situado.

«Pero muchas veces eso no se cumple porque el gobierno, con la ayuda de la Asamblea Nacional, hace cálculos raros y no transparentes de los ingresos, que suelen ser mayores de lo que se reporta en el presupuesto anual», dice De Freitas, que hace seguimientos del presupuesto cada año.

Y las quejas de que el situado no llegó a tiempo van y vuelven cada tanto.

Sin competencias

Por otro lado, los aeropuerto y puertos de varias gobernaciones pasaron de ser manejados por las autoridades locales al control central. Pero eso no ocurrió en algunas gobernaciones oficialistas, como Anzoátegui.

Algo similar pasó con los peajes en las carretera y los dispensarios de salud, ambas fuentes de ingresos y poder de los gobiernos locales.

Chávez intervino la Policía Metropolitana de Caracas cuando Ledezma fue elegido con el objetivo de crear otra que respetara los Derechos Humanos y estuviera adscrita a la nueva Policía Nacional Bolivariana (PNB), que depende del Ministerio del Interior.

Cuando Ledezma quedó elegido, el gobierno central creó el Distrito Capital, una dependencia designada y financiada por la presidencia que se estableció en la sede tradicional del alcalde en el centro de Caracas.

Por eso Ledezma fue arrestado en una oficina particular. Y quien preside el Distrito Capital desde octubre de 2014 -tras ser designado por Maduro- es Ernesto Villegas, periodista y exministro de Comunicación e Información que compitió por la Alcaldía Metropolitana de Caracas en las elecciones municipales de 2013 y perdió frente a Ledezma (resultó en segundo lugar con el 47% de los votos).

«El oficialismo en esto de limitar a la oposición es muy exitoso; se inventan algo cada cierto tiempo y les funciona muy bien», concluye Freitas.

En la gobernación del estado de Amazonas, que es de oposición, intervinieron la policía, las escuelas y hasta un hotel famoso, que pasaron a ser competencias de la oficialista CorpoAmazonas.

CorpoMiranda, por su parte, ha sido como una piedra en el zapato para el gobernador del Estado, Henrique Capriles, pues con más presupuesto ha podido ejecutar grandes proyectos de vivienda.

La llamada «gobernación paralela» está a cargo de Elías Jaua, cuyo título es Protector de Miranda, un estado que según el oficialismo está solo y abandonado por su gobernador, Capriles.

«Red clientelar»

Para el director del centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, esta relativamente reciente estrategia del gobierno tiene fines electorales.

«A un gobierno que ya no tiene su figura carismática (Chávez), y al que se la acabó la bonanza del petróleo, le toca pensar en nuevas formas de ganar elecciones», asegura.

«Y una muy efectiva es posicionar geográficamente a una persona, con recursos que le permitan ganar seguidores, y crear una red clientelar que en el futuro le garantice votos», sostiene.

Este año en Venezuela habrá elecciones del Parlamento, que llegan en momento de baja popularidad para el presidente (22%, según Datanálisis).

Por eso no son pocos los que han interpretado la detención de Ledezma como una jugada electoral: «Lo que quieren es que en la oposición nos salgamos de los mecanismos regulares de la democracia para la resolución de conflictos», le dijo a BBC Mundo Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que agrupa a partidos opositores, justo antes de anunciar las elecciones primarias de la oposición para el 7 de mayo.

El oficialismo, por su parte, anunció sus primarias el 7 de junio. Y rechazan que la detención sea una movida de campaña.

La detención es, dijo Maduro, una consecución de usar «la doble banda de los cargos públicos legales para buscar la violencia, el atentado golpista, la desestabilización».