El objetivo de este acuerdo, del que las compañías, preguntadas por Sputnik Nóvosti, no dan más información, podría ser “introducir en España y en Europa, a través de SENER, los aviones que fabrica General Atomics como Predator o Reaper», señala a esta agencia Jordi Calvo, economista e investigador sobre movimientos sociales, paz, armamentismo y economía de defensa.

Calvo aclara que, aunque se trata de aparatos no tripulados, son «los aviones más importantes que llevan armas y que pueden ser utilizados con una autonomía de vuelo de 25 ó 30 horas, y volar a una altitud muy elevada”.

Los negocios de la industria militar “siempre están enmarcados en la opacidad y el secretismo”, asegura este doctor en paz, conflictos y desarrollo por la Cátedra UNESCO de Filosofía por la Paz de la UJI de Castellón, porque afectan a cuestiones de seguridad y defensa, y también porque “los intereses industriales son muy importantes por el negocio que suponen”.

Además, son operaciones que pueden generar “controversia, ya que hay campañas muy críticas» y «seguimiento sobre la entrada de aviones no tripulados” en algunos países y en concreto en “España, porque todavía no tenemos drones armados”.

El mutismo es una medida de “precaución” para evitar “protestas y criticas y proteger al mismo tiempo los intereses económicos de las dos empresas”, insiste Calvo.

El especialista aventura que, con este acuerdo, General Atomics busca introducirse en el mercado español y en el europeo, que aplican medidas protectoras con sus empresas militares.

“Puede que sea el inicio de la introducción de los drones militares armados en España para ser utilizados por el Ejército español o por los ejércitos europeos”, afirma Calvo, que recuerda que este tipo de aparatos sólo han sido usados como arma de combate por Estados Unidos y Reino Unido.

Calvo señala que España no necesita aviones de combate para vigilancia, para tareas de inteligencia o para salvar vidas en los desastres naturales.

“Todo forma parte de la estrategia del miedo, que es la que lleva consigo la estrategia del negocio armamentístico”, dijo.

Para Calvo, lo «que se necesita son políticas sociales y de cooperación”, señala este experto en la paz que cree que la vigilancia de las fronteras se realiza con relativo éxito “sin necesidad de drones”.

El experto no recela de los drones destinados a otros fines, como las cosechas o a la vigilancia de incendios.

“Pero me asusta que drones de combate sean utilizados para vigilar las fronteras”, añadió, porque “pueden disparar a emigrantes que lo único que hacen es buscar una vida mejor”.

Jordi Calvo baraja también la posibilidad de que, como EEUU está utilizando sus bases militares en España como centro de operaciones para el norte de África, quiera montar una base de drones a través “de la industria militar española”.

Así, “podría usar estos drones de combate para sus reconocimientos y disparar sobre sus objetivos”, que son “personas identificadas en unas condiciones muy poco fiables” y que provocan un “elevado número de víctimas”.

En España existe un vació legal en esta materia, explica Calvo.

“España tiene drones militares, que no están armados, para captar imágenes, y que solo pueden ser usados en Afganistán”, aclara.

Estos aparatos “cuando vuelven a España se han de guardar en un almacén porque no existe una legislación que controle este tema”.