La inmigración se ha convertido en un quebradero de cabeza para los políticos alemanes este verano. Datos recientes del auge de la violencia xenófoba, la reaparición mediática del grupo anti-inmigración de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida, por sus siglas en alemán), el creciente flujo de demandantes de asilo así como la aparente necesidad de una nueva ley de inmigración está generando en Alemania un debate político de notable intensidad y de final tan incierto como el futuro de quienes vienen a Europa huyendo de las miserias de sus países.

Solo en la primera mitad de este año, las autoridades germanas han contado 202 ataques xenófobos contra refugiados. Si este tipo de agresiones continúan a su ritmo actual doblarán los 203 ataques registrados el año pasado. Entre esos actos violentos se cuenta el lanzamiento de objetos incendiarios a la puerta de una casa de refugiados, tirar piedras contra esos hogares o agresiones físicas. Asociados a esta actitud xenófoba también están los disturbios en que acabó hace unos días en Dresde (este germano) una manifestación de miembros de la formación política neonazi Partido Nacionaldemócratico de Alemania (NPD) contra de la llegada de 800 refugiados a esa ciudad. En esa manifestación volvieron a escucharse proclamas típicas de Pegida tales como: «Ama Alemania o déjala Alemania».

Hay expertos que indican que esta violencia forma parte del «proceso de normalización» y de adaptación de Alemania a la realidad migratoria del siglo XXI. Sin embargo, el actual ritmo al que están llegando a suelo germano los refugiados –se espera que este año se alcance la cifra récord de 450.000 personas, el doble que en 2014– y las reacciones de los políticos ante este fenómeno dan cuenta de una situación algo excepcional. Tanto es así que ya abundan en la clase política quienes se han manifestado a favor o en contra de la aprobación de una nueva ley de inmigración.

« El Partido Socialdemócrata (SPD) está a favor de la ley, la Unión Cristiano Demócrata de Angela Merkel también, aunque desde hace menos de una semana, sin embargo, la también conservadora Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) todavía está en contra», aclara a eldiario.es Claudia Walther, investigadora centrada en temas de inmigración e integración para la Fundación Bertelsmann.

Este debate parece estar lejos de haber acabado. Al menos así lo planteaba el periodista Berthold Kohler en un reciente editorial del diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Si Alemania quiere seguir siendo un país de inmigración, entonces debe comportarse como tal», pero «para eso uno tiene que saber para qué ha de ser buena la inmigración» y «en la política alemana las ideas son dispares», se leía en dicho periódico.

Pese a que Alemania lleva tiempo en una preocupante crisis demográfica que le podría hacer perder 13 millones de habitantes de aquí a 2060 debido al envejecimiento de su población, «sólo desde principios de este siglo es oficial esa apreciación de que éste es un país de inmigración», según Walther. «Además, en Alemania existe entre los políticos un cierto temor a desbordar a la población con el tema de la inmigración», agrega. En su entrevista con este periódico, esta investigadora recuerda que la clase política alemana «no fue muy valiente» frente a la ola de violencia xenófoba contra refugiados protagonizada por neonazis y extremistas de ultraderecha en los años noventa. La reacción política entonces fue restringir severamente el derecho de asilo que hasta 1993 reconocía la Constitución de Alemania.

Larga espera de las solicitudes de asilo

Según cuenta Walther, todavía hoy «se cree en Alemania, por regla general, que los asilados son unos vagos que no quieren trabajar», aunque «la realidad sea otra». «Lo que ocurre es que hay muchas barreras que impiden la entrada de los refugiados en el mercado laboral», añade la experta de la Fundación Bertelsmann. Entre esos obstáculos figura la larga espera que impone la sección de la burocracia germana que lidia con las solicitudes de asilo. «Es un proceso muy largo, los refugiados han de esperar entre medio año y año y medio para saber si se pueden quedar o no en Alemania», precisa a este periódico Franziska Woellert, investigadora del Instituto de Berlín para la Población y el Desarrollo.

El pasado mes,  la niña palestina que lloró ante Angela Merkel tras una respuesta de la canciller devolvió a los medios esta realidad: su familia presentó la solicitud de asilo hace cuatro años, cuando llegó de un campo de refugiados del Líbano, y aún no había visto resuelta su solicitud.

Al entender de Woellert, tampoco ayuda que sean los Länder, y no el Ejecutivo federal, los responsables de la gestión de las solicitudes de las personas que vienen en busca de asilo. «Estamos teniendo ahora muchas demanda de asilo, y el sistema que tenemos no es suficiente para afrontar este problema, porque los Länder lo han de gestionar todo y no están preparados para ello», opina Woellert.

De momento, la respuesta que ha encontrado el Gobierno de Angela Merkel consiste en asumir los costes millonarios que genera esta situación. El Gobierno federal ha de decidir este mes sobre un cheque de 500 millones de euros de ayudas para que los Länder puedan gestionar el problema. Esa suma es considerable habida cuenta de que se estima que en 2014 a Alemania le dedicó unos 2.200 millones de euros a los demandantes de asilo.

Para una población germana cansada de pagar en Europa los males económicos de otros, como los de Grecia, los costes que generan los asilados no es una cuestión baladí. «Existe el miedo en la población de que los demandantes de asilo procedentes de los países de los Balcanes vengan para quedarse el tiempo que dure la gestión de su solicitud y así aprovecharse de las ayudas sociales que se les pueda prestar, aunque sean pocas», concluye Woellert .

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