«El poder político se jugará metro a metro en los comicios locales y regionales del 30 de este mes en Colombia, porque es un país cruzado por la violencia con distintos ejércitos disputándose porciones de territorio», advirtió Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Asesinatos, secuestros, masacres y desplazamientos forzados de personas de sus hogares forman parte de la campaña, en una lucha relacionada muchas veces con intereses económicos que se convierten en verdaderos botines políticos, señalaron analistas consultados por IPS.

La campaña electoral en curso ya soporta 232 hechos violentos, 128 por ciento más que los registrados en los comicios presidenciales y parlamentarias de 2010, según datos de la MOE, una agrupación no gubernamental que reúne a analistas e investigadores de relevantes universidades y centros de estudio de Colombia.

El Ministerio del Interior informó que hasta el miércoles 19 habían sido asesinados 37 candidatos. Además, la MOE indica que presentan riesgos de fraude electoral 534 municipios, mientras que 447 están expuestos a actos violentos.

Casi 102.000 candidatos juegan sus cartas en pos de 32 gobernaciones, 1.102 alcaldías, 418 asientos parlamentarios departamentales, 12.068 concejalías y alrededor de 5.000 cargos de ediles, quienes representan el poder político más inmediato a la ciudadanía, detalló Barrios a IPS.

Los que resulten elegidos asumirán sus puestos el 1 de enero de 2012 por un periodo de cuatro años, el mismo tiempo de mandato que para la Presidencia y el parlamento nacional, que se dirimen en comicios separados, siete meses antes.

«Es un muy proceso complejo» en este país con 46 millones de habitantes y un territorio dividido en 32 departamentos, con su poder ejecutivo y asamblea legislativa cada uno, subdivididos a su vez en municipios, explicó Barrios. Las grandes ciudades también tienen la administración descentralizada e juntas locales.

«La explotación minera», programa bandera del gobierno nacional de Juan Manuel Santos, «juega un papel importante en estas elecciones locales y regionales», según la experta.

Por ejemplo hay empresas multinacionales a la espera de decisiones gubernamentales para la explotación minera en distintas regiones, como la Anglo Gold Ashanti que insiste hace años en operar en el central departamento de Tolima.

«La restitución de tierras es otro de los asuntos en el primer plano de la campaña, porque son muchos los alcaldes, concejales o administradores que no están de acuerdo en devolver lo que el despojo violento quitó a millones de campesinos», agregó.

Más de cuatro millones de personas obligadas a desplazarse de sus hogares por el conflicto armado interno de casi 50 años, que enfrenta a las fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares de derecha y guerrillas de izquierda, se verán beneficiadas con la devolución de sus propiedades o parcelas de cultivos por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada en junio.

Se calcula que las devoluciones involucrarán a más de dos millones de hectáreas de tierras usurpadas por grupos armados ilegales, terratenientes y hasta funcionarios.

También en la disputa electoral regional se suman temas ríspidos como la economía ilícita de plantaciones y comercialización de coca, adormideras y marihuana.

Hasta las lluvias que azotaron al país entre 2010 y este año, con una nueva temporada iniciada en septiembre, «se entrelazan con gran cantidad de recursos por administrar, sumando que, las promesas para la reconstrucción se convierten en mecanismo de fácil manipulación preelectoral», indicó Barrios.

«Son muchos recursos, si tenemos en cuenta que las inundaciones afectaron a 90 por ciento de los municipios», continuó. Se estima en 2,8 millones de dólares en juego destinados a paliar los cuantiosos daños.

Intereses que, explica la MOE, se juegan en medio del conflicto en el que participan tres guerrillas izquierdista con dinámicas distintas, como son el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «las más poderosas y que suelen convocar al llamado paro armado» para interferir en elecciones.

Por el otro lado están las denominadas Bandas Criminales (Bacrim), surgidas tras la desmovilización de las paramilitares ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

«Las Bacrim son la eclosión de las AUC con presencia en lo local, y aparición de grupos en regiones como (el oriental) Casanare (rico en petróleo) o (la norteña) Guajira (rica en carbón) entre otros», apuntó la observadora.

«Ejércitos mantenidos durante casi 60 años con diferentes explicaciones u orígenes y que han apoyado distintos candidatos, fomentando la asociación entre la ilegalidad y la política», señaló Barrios.

Con una historia que no es nueva en Colombia, pero que solo en 2006 empieza a mirarse de frente a través de la acción de organizaciones como la MOE y de grupos de defensa de los derechos humanos.

«Como ciudadanos, y como miembros de organizaciones sociales serias, nos dimos cuenta que estábamos centrados en temas específicos de derechos humanos, pero desconocíamos los avisos sobre corrupción electoral», indicó.

En ese marco se dio el exterminio, especialmente entre 1984 y 1992, de candidatos de la izquierdista Unión Patriótica (UP), surgida de los acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) con las FARC, como un intento de que éstas se integraran a la vida civil y política del país.

La persecución a la UP, a la que se habían sumado movimientos regionales de distintas tendencias y militantes procedentes del liberalismo y el Partido Comunista, prosiguió hasta totalizar unos 4.000 asesinatos. En septiembre de 2002, tras la llegada al gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), el Consejo Nacional Electora le quitó su personería jurídica, que aún reclama.

Otros casos de violencia electoral que se sucedieron tuvieron como víctimas mortales a candidatos presidenciales de izquierda, como Jaime Pardo en 1987, y Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en 1990.

«Así, nos dimos cuenta que cada cuatro años asistíamos a la misa del proceso electoral que no se realizaba precisamente, bajo la transparencia, la idoneidad o la libertad, sino bajo la imposición de grupos armados».

«Y aún estamos perplejos, porque siguen siendo insuficientes los esfuerzos más quijotescos para lograr elecciones limpias. Por eso nuestro interés es continuar en la construcción de democracia, para lograr que comprendamos lo decisivo de nuestro voto», apuntó Barrios.

El esfuerzo de la MOE se replica a través de nuevas estrategias para las próximas elecciones.

La gubernamental Registraduría Nacional del Estado Civil presentó esta semana un nuevo tarjetón con código de barras, etiquetas de radiofrecuencia y marchas de seguridad, y 30 mecanismos distintos para evitar fraudes, peregrinaje de votantes, y «garantizar la transparencia», anunció.

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