Narcis Serra en la jornadas XXXII Reunión Circulo de Economia.

Tras casi dos años de tramitación, la Audiencia de Barcelona ha resuelto rechazar los diversos recursos presentados contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona de procesar a los ex directivos de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó junto a 39 miembros del consejo de la entidad por un delito de administración desleal. De esta forma el tribunal estima que se sienten en el banquillo de los acusados por considerar que existen supuestas irregularidades penales en la aprobación de un aumento de las retribuciones en varias reuniones de la cúpula de la entidad.

La Audiencia de Barcelona considera que de la investigación realizada por el juez instructor, se «desprenden indicios suficientes para atribuir a los recurrentes un delito de administración desleal» ya que en los acuerdos del 2010 del consejo de administración de CatalunyaCaixa los imputados «con aparente abuso de su cargo y en perjuicio de la entidad» aprobaron incrementos salariales de sus máximos directivos «que no eran acordes a la situación real de la entidad y al entorno de la grave situación de crisis económica por la que atravesaba». Además, el tribunal recuerda que la situación financiera de la entidad era «especialmente delicada» ya que entre 2007 y 2009 sus beneficios se habían reducido considerablemente y en el año 2010 hubo un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas.

En diciembre de 2014, el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona concluyó que Narcís Serra y Adolf Todó, junto con otros miembros del consejo, cometieron un presunto delito de administración desleal al aprobar sobresueldos a directivos de la entidad financiera en plena crisis. El juez consideró que «los acusados, unos beneficiarios directos por la aprobación de unos elevados ingresos a su favor y otros convenios de orden económico y otros en connivencia o con temeridad rayana en el dolo con el propósito de ser bien vistos en la institución y abriendo puertas a alguna expectativa o posibilidad futura, todos en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales tomaron las aparentemente reprobables que se consideran».

El auto indicó que el nombramiento del ex director general Adolf Todó y de su adjunto Jaume Masana, que no está acusado, estuvo plagado de cláusulas económicas «que, a todas luces, excede la prudencia y las buenas prácticas» en un banco «máxime teniendo en cuenta la precaria situación económica de la entidad que ha tenido que ser sostenida con dinero público, de todos los contribuyentes». En este sentido el juzgado de instrucción que Todó subió su retribución variable del 35% fijado en su contrato al 50% del salario fijo en 2010 cuando «el FROB estaba a punto de aportar 1.250 millones de euros».

Por eso, el auto indicaba que los contratos «iniciales» de los directivos fueron por un importe «tan elevado como perjudicial para los intereses de la entidad».

El juez también precisa que los acuerdos fueron adoptados por el consejo de administración que entre 2005 y 2010 presidió Narcís Serra, quien, como «mero cargo representativo, tenía elevados emolumentos en concepto de dietas». En concreto, Todó pasó a cobrar de 800.000 a 812.501 euros y Massana de 598.428 a 610.201, gracias al aumento retributivo aprobado en los consejos de administración del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de ese mismo año. Ante el juez, Serra y Todó defendieron estos acuerdos ya que estaban avalados por el banco de España y por el FROB.

A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones populares personadas, la CUP y Ausbanc, deben presentar sus escritos de acusación contra los 41 procesados. Precisamente, la CUP presentó un escrito hace unas semanas a la Audiencia de Barcelona por la demora de la Sección 21 a resolver este recurso teniendo en cuenta que habían pasado casi dos años.