Por José María Triper

“Si dijéramos lo que vamos a tener que hacer, no nos votaría nadie”, confesaba Cristóbal Montoro, responsable de Economía del PP, a un empresario y amigo durante la campaña electoral. La deuda, el paro y la falta de crédito son los ‘demonios’ que esperan al PP.

Ni la España de 2012 es la misma que se encontró el tándem Aznar-Rato en 1996, ni el gobierno que forme Mariano Rajoy va a gozar de la autonomía y capacidad de decisión que tuvo entonces.

Porque el nuevo Ejecutivo, quiéralo o no su presidente, va a ser un Gobierno sometido a estricta vigilancia, al menos en el medio plazo, por el sacro imperio germánico de Angela Merkel, por su virrey en la Galia Sarkozy, por el Banco Central Europeo, por el Fondo Monetario Internacional y, sobre todo, por esos mercados y agencias de calificación que hoy son los que marcan el paso del nuevo orden mundial.

Ya hay deberes

Unos dirigentes europeos que ya le han encargado los deberes y unos mercados que no le van a dejar mucho más de esa media hora a la que aludía el propio Rajoy en el cierre de campaña. Las convulsiones y el ataque especulativo sobre la deuda española del pasado jueves fue sólo el primer aviso de lo que le espera si decide actuar por libre.

Por eso, el repetido recurso a los logros económicos del primer cuatrienio de Aznar no pasa de ser más que una estrategia de márketing electoral. Todos, o casi todos, en el Partido Popular saben que las recetas aplicadas contra la gripe del 96 no sirven para curar la neumonía de hoy. Y que si entonces la mayor parte del trabajo sucio se lo había hecho Pedro Solbes, ahora la parte más dura del ajuste, Zapatero se la ha dejado a ellos y que a ellos les toca pedir nuevos sacrificios a una ciudadanía que ya está harta de pagar los platos ratos de la crisis.

Sacrificios y recetas que, en parte, ya les había prescrito el BCE a Zapatero y Berlusconi a finales de septiembre, en la famosa carta de Trichet, y que pasan por liberalizar servicios públicos, reformar la negociación colectiva para adaptar las condiciones laborales a las necesidades de cada empresa, reforma de la contratación y del despido, endurecer los requisitos para la jubilación, reducir el salario de los funcionarios, adelgazar las cuentas de las autonomías, reducir entidades locales y cambiar la Constitución para limitar el déficit. Y, recordemos que, de todas ellas, Zapatero sólo cumplió la última.

Algunas de estas medidas ya las contempla el PP en su programa electoral, especialmente las referidas a la reforma del mercado laboral, pero no serán las únicas.

El nuevo Gobierno necesita desesperadamente buscar 18.000 millones de euros para completar un nuevo plan de ajuste para 2012 y ello hace muy difícil que la educación y la sanidad salgan indemnes del recorte. La sombra del copago, aunque sólo sea parcial, planea sobre el panorama sanitario.

Y respecto a los impuestos, pues las rebajas prometidas tendrán que esperar y, a mí me resultó especialmente significativo que a la única pregunta que Rajoy no ha querido responder ni durante su debate con Rubalcaba ni en ningún momento en la campaña, ha sido a la de si va a subir el IVA. ¿Será por aquello de que quien calla otorga? Y todo ello, en un contexto de recesión en el que a la obligación ineludible de cumplir con el objetivo de reducción del déficit se añade la necesidad de impulsar el consumo y la inversión para crecer y crear empleo. La cuadratura del círculo.

¿Quién será el encargado?

Ante este panorama parece fundamental saber el nombre del nuevo titular de Economía. Ayer, en plena euforia, un destacado dirigente popular apostaba decididamente por Montoro. “Uno de los retos más importantes que vamos a tener que hacer ahora es lidiar con nuestros gobiernos autonómicos para que reduzcan drásticamente el gasto en sus comunidades. Y eso sólo lo puede hacer una persona con autoridad dentro del partido y no alguien que venga desde fuera”. Es una razón de peso.

Y si los mercados no van a dejar mucho margen al Gobierno Popular en el partido, otro tanto le va a ocurrir con la calle. Los sindicatos, respaldados por la resucitada Izquierda Unida de Cayo Lara, no van a resistirse a movilizaciones en cuanto comiencen los ajustes. Claro que en el PP hoy tienen más miedo al 15-M que a unas centrales sindicales desprestigiadas y con escasa credibilidad.

Y, respecto al resto de partidos, pues lo esperado. El desastre del PSOE, que ni siquiera ha llegado al suelo de los 125 escaños de Almunia en 1996, no es imputable a Rubalcaba, pero obliga inevitablemente a una catarsis dentro del partido y anticipar un Congreso que muchos pronostican ya para febrero, a pesar de Pepe Griñán, que tras ver rapar las barbas de Alfredo se resiste a poner a remojar las suyas en Andalucía, para lo que necesita que el actual equipo aguante al menos hasta abril. Difícil lo tiene y más tras salvar los muebles los aspirantes, Carmen Chacón en Cataluña y Patxi López en el País Vasco.

Esperado también el éxito de Amaiur, a costa de un PNV que ha pagado su “lealtad” a Zapatero y su ambigüedad hacia ETA y sus amigos, pero que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de cambiar una ley electoral injusta y obsoleta. ¿Es legítimo, acaso, que Amaiur consiga siete diputados con el 1,4 por ciento de los votos, mientras que UPD, que casi le cuadriplica en número de sufragios y se consolida como la cuarta fuerza política en España, se quede sólo en cinco?

Ésta es, junto a la despolitización de la justicia, otra de las grandes reformas que necesita este país y con urgencia, pero ni está en el programa popular, ni se le espera, y todo indica que tampoco toca ahora.

Fuente: El economista