El independentismo empieza a hacer autocrítica. Con la boca pequeña y combinándola con acusaciones al «autoritarismo del Estado», los partidos secesionistas asumen errores y reconducen su discurso a las puertas de la campaña electoral del 21D.

El exconseller Santi Vila, que abandonó el cargo para no votar la declaración de independencia, ya no es el único que reconoce que las cosas no se hicieron bien. Sin llegar a cuestionar la hoja de ruta con la contundencia con lo que ha hecho Vila, empiezan a surgir voces que apuntan que la estrategia a partir de ahora será distinta.

La primera fue la consellera de Ensenyament cesada, Clara Ponsatí, quien desde Bruselas, en una entrevista en Rac1, explicó el domingo que el Govern no estaba preparado para aplicar la DUI. «No estar lo bastante preparados es un error», asumió. «No tuvimos en cuenta la fuerza del nacionalismo español, que estaba dormido, y se comporta de forma antidemocrática y en ocasiones violenta», argumentó para justificar que el Ejecutivo catalán no hubiese seguido con los planes posteriores a la declaración de independencia. Ponsatí fue la primera pero no solo ella rebaja las pretensiones secesionistas.

También desde Bruselas, en declaraciones al diario ‘Le Soir’ Carles Puigdemont ha subrayado que es «posible» una solución que no sea la independencia. «He trabajado durante treinta años para obtener otro anclaje de Catalunya en España. Hemos trabajado mucho en eso, pero la llegada al poder del señor Aznar detuvo esa senda», defiende el president cesado, quien insiste en culpar al PP del auge del independentismo.

Pero si hay una prueba de cómo está reconduciendo su estrategia el independentismo es el reconocimiento por parte de ERC de que el Govern no estaba preparado para «desarrollar» la república catalana. El portavoz republicano, Sergi Sabrià, en línea con la argumentación de Ponsatí, ha subrayado que si no se ha ido más lejos, si no se ha dado «continuidad» al resultado del referéndum, ha sido por miedo a una reacción por parte de «un Estado autoritario sin límites para aplicar la violencia”.

Fuentes próximas al Govern cesado han explicado que los consellers temían por su propia integridad y que el president había expresado en más de una reunión su miedo a que en la calle se produjesen enfrentamientos entre partidarios y contrarios a la independencia.

Además, ERC ha dado otra pista más de que se ha acabado el mantra del «tenim pressa» (tenemos prisa) de algunos sectores independentistas. Así, los republicanos no fijarán un calendario concreto para no imponerse «presión». Cabe recordar que en el programa de Junts pel Sí se estableció un límite de 18 meses para declarar la independencia.

A estas alturas, la única formación independentista que no se autoenmienda es la CUP, que insiste en que la república está en marcha y que su propósito es que tras el 21D se pueda implementar. El exdiputado Benet Salellas ha asegurado que los anticapitalistas se dedicarán esta campaña a «defender todo lo que ha pasado en los dos últimos meses», esto es, el 1-O y la DUI. De hecho, la CUP no incluirá en su programa la celebración de un referéndum porque considera que eso sería volver a «la casilla de salida» del proceso soberanista.

Más allá de los puntos programáticos en común, la petición de libertad de los presos políticos (en caso de que aún sigan encarcelados), la recuperación de las instituciones y la derogación de la aplicación del 155, en la campaña podrá verse hasta qué punto rivalizan el PDeCAT y ERC. Los exconvergentes han decidido presentarse con la marca Junts per Catalunya, una denominación que en el congreso fundacional del PDeCAT se llegó a barajar como un posible nombre para el partido. De esta manera se quiere dar la imagen de que es una candidatura que va más allá de las siglas, tal y como había exigido Puigdemont.

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