Un patrimonio superior a los 10.000 millones garantizaban la viabilidad del Banco Popular si necesidad de ser vendido al Santander por 1 euro

La vicepresidente, Soraya Sáenz de Santamaría

La venta del 51% ladrillo del Banco Popular a Blackstone por más de 5.000 millones probablemente sea la mayor operación realizada en el mercado inmobiliario español y supone, para la entidad todavía presidida por la acusada de asesinato de su propio padre, Ana Patricia Botín, desprenderse de unos activos valorados en más de 10.000 millones de euros. El restante 49 % queda en manos del fondo oportunista, un grupo que en 2015 adquirió también al desaparecido Banco Popular, por 90 millones de euros, el 25% del grupo constructor gallego San José.

Desde el Banco de Santander, todavía presidido -insistimos-  por una Ana Patricia Botín situada en el ojo del huracán tras la publicación por La Tribuna de Cartagena de su implicación como inductora al asesinato de su padre (junto a su madre, Paloma O´Shea) Emilio Botín, según querella presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, se ha manifestado al respecto de esta operación: “El cierre de la operación conllevará la creación de una sociedad a la que Banco Popular traspasará el negocio constituido por los activos señalados (con un valor bruto contable agregado de unos 30.000 millones de euros) y el 100% del capital de Aliseda”.

Diversos expertos consultados por La Tribuna de Cartagena sostienen que la valoración del patrimonio inmobiliario procedente del Banco Popular, que asciende a más de 10.000 millones de euros, con una buena gestión hubiera sido suficiente para salvar la falta de liquidez de la entidad, pero le faltó tiempo para poder acceder a una ampliación de capital y, desde sus propios órganos gestores, se impidió llevar a cabo diferentes operaciones para lograr salvar al banco. En este sentido, Diario16 hacía públicas las ofertas de Barclays y Deutsche Bank para suscribir una ampliación de capital que garantizaría 8.000 millones de euros entre ambas. A esto, habría que sumar las ofertas, también en firme, para suscribir acciones en una ampliación de capital de Antonio del Valle con 5.000 millones de euros y de la familia Luksic dispuesta a aportar 1.000 millones de euros más. Nada de esto fue posible. Parece como si la venta del Banco Popular al Banco de Santander por un euro estuviera decidida desde el primer momento. Todo resulta, cuanto menos, extraordinariamente sospechoso…

Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander

Todo esto viene a enturbiar aún más el difícil panorama que se le presenta a Ana Patricia Botín que, como informaba día atrás La Tribuna de Cartagena, se enfrenta a una petición de relevo del cargo por parte de un grupo accionarial muy importante, un fondo de inversión norteamericano (que dobla en participación las acciones que la familia Botín posee en la entidad financiera) y que ha agotado su paciencia tras la publicación por parte de LTCT de la implicación de Ana Patricia Botín en el supuesto asesinato de su padre. Desde este grupo accionarial se ha hecho público su deseo de un cambio en el timón del Banco: “las continuas irregularidades que han caracterizado la gestión de Ana Patricia Botín desde que accedió a la presidencia del Banco de Santander, han sobrepasado todos los límites éticos e incluso legales y su manera de conducir la entidad supone un grave peligro para su estabilidad empresaria y la del propio mercado financiero”

Por otra parte, nuestros compañeros de Diario 16, llevan días publicando un extraordinario trabajo periodístico al respecto de la más que irregular compra del Banco Popular por parte del Banco de Santander. Así las cosas, en su edición de ayer, Diario 16 publicaba que “desde un despacho de abogados muy vinculado históricamente al Banco Santander se mantuvo una conversación telefónica con altos directivos del Popular mientras se celebraba la última reunión del Consejo de Administración en la que les explicaban los pasos legales a seguir para que el banco fuera intervenido. Esa conversación fue transcrita y enviada al Popular, un documento del que dispone Diario16, que ya ha sido presentado ante la Audiencia Nacional y que haremos público en los próximos días. Ese mismo día, desde el mismo despacho, repetimos, muy vinculado al Santander, se diseñó toda la estrategia de comunicación para el día siguiente, es decir, para establecer las fórmulas adecuadas para comunicar las consecuencias de la intervención. Operación R, lo llamaron. Ese documento también obra en nuestro poder”.

Por otra parte y como anunciábamos en la edición de ayer, obran en nuestro poder un informe confidencial con documentos, desclasificados ex profeso para La Tribuna de Cartagena, que involucraría directamente a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y a todos los miembros del Consejo de Administración del Banco de Santander, como sospechosos de encubrimiento del asesinato de Emilio Botín.

En los próximos días vamos a intentar poner un poco de luz en esta oscura historia a la que no le falta ningún ingrediente de la novela negra: dinero presuntamente procedente del narcotráfico, blanqueo de capitales, amantes, mundo del motor y muerto incluido. Así las cosas, en días sucesivos y diferentes entregas, desde La Tribuna de Cartagena vamos a mostrarles esos documentos confidenciales, hasta ahora ocultos a la opinión pública y que tenemos en rigurosa exclusiva.