Jaime Robles Lobo, el multimillonario de extrema-izquierda dueño de Mediapro y fundador de La Sexta y del diario Público, que se presenta públicamente como Jaume Roures, fue detenido en 1983 acusado de colaborar con ETA, según cuenta La Tribuna del País Vasco.
Por aquel entonces, Roures, que jamás terminó la escuela básica, militaba en la Liga Comunista Revolucionaria, un grupo asentado fundamentalmente en Cataluña de ideología trotskista que mantenía excelentes relaciones con los terroristas vascos, agrega la misma fuente.
Concretamente, Roures fue acusado de colaborar en la constitución del comando Barcelona y de haber alojado en su domicilio al etarra lñaki Ibero Otegui, secuestrador del empresario Saturnino Orbegozo, que fue liberado por la Guardia Civil tras varias semanas de secuestro y apenas unas horas antes de que fuera a ser asesinado.
Más de 30 años después, y convertido ya en un magnate y especulador de la comunicación audiovisual gracias a las dádivas que en su momento le concedió el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al adjudicarle a dedo la puesta en marcha de La Sexta, Jaume Roures ha vuelto a toparse con la Guardia Civil. La Benemérita le sitúa a la cabeza de la estrategia de comunicación diseñada par la celebración del ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017. Así lo considera al menos en un informe entregado al Tribunal Supremo que explica que el propietario y fundador de Mediapro, productora de La Sexta, “podría integrarse en el Comité Ejecutivo” que se plasmó en el documento ‘EnfoCats’ en calidad de “profesional experto en el ámbito de la comunicación”.
El informe revela que Roures habilitó un centro de prensa desde donde el Gobierno golpista catalán informó “sobre el desarrollo y el resultado del referéndum ilegal” y que Mediapro “produjo el vídeo [del] 1-O difundido por la cadena de televisión TV3 en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum, se enaltecieron a las personas que fueron capaces de hacerlo efectivo y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista”.
Los investigadores detallan que “los máximos responsables del movimiento independentista son conscientes de que en sus acciones de comunicación juegan un papel fundamental los medios de comunicación social” por lo que “contar con el soporte de un proveedor de servicios audiovisuales de la entidad Mediapro permitiría difundir el mensaje soberanista a un público mucho mayor”.
El documento elaborado por la Guardia Civil detalla tres llamadas, captadas por los investigadores por orden judicial, en las que el ex cargo del Departamento de Economía Josep Maria Jové habla con varias personas sobre la supuesta implicación de Roures en el proceso soberanista y detalla que pretendían crear un “documental que tenía que girar alrededor de todos porque se trataba de hacer un documento para la historia”, posiblemente en referencia a la producción de Mediapro respecto al 1-O.