La Iglesia católica en España funciona «como un paraíso fiscal». Esta es la conclusión a la que llega la organización Europa Laica tras analizar en profundidad la última Memoria Anual de Actividades de la Conferencia Episcopal y comprobar los consiguientes privilegios fiscales. Entre ellos, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los beneficios económicos –es la única confesión religiosa con casilla propia en la declaración de la renta y que recibe grandes cantidades de dinero en subvenciones públicas– y patrimoniales, palpables en las polémicas inmatriculaciones de inmuebles puestos a su nombre desde 1946.

El informe, que ha elaborado el profesor Enrique Ruiz del Rosal y será presentado este martes, hace un minucioso repaso por las cuentas públicas de la Iglesia católica, destacando cómo «sigue sacando en situación de privilegio cantidades enormes de dinero del erario público que se desvían para el fortalecimiento de sus múltiples actividades. Ello sin que el Estado realice, a través del Tribunal de Cuentas o a nivel de transparencia en el Parlamento, una fiscalización de su destino y de su uso», denuncia.

Entre otras cosas, y según su propia memoria correspondiente al año 2017, la Iglesia recauda anualmente 335 millones de euros en donativos sin control fiscal, lo que supone un 36% de su financiación. El estudio, de más de un centenar de páginas, cifra en no menos de 11.600 millones de euros, más del 1% del PIB de España, el dinero que «se hurta» a los Presupuestos Generales del Estado con los distintos privilegios fiscales, patrimoniales y económicos de la Iglesia en nuestro país.

Inversiones opacas con el dinero no gastado

Entre los puntos novedosos del informe, que la organización elabora cada año, se  encuentra la información relativa al Fondo de Reserva de la Conferencia Episcopal, que incluye dinero de los fondos recibidos a través de la ‘X’ en la casilla del IRPF que la Iglesia no reparte entre las diócesis. Según Europa Laica, este dinero es utilizado en «inversiones fiscales» de cuyo contenido no se informa.

Este fondo se nutre, afirma el estudio, de los 80 millones que la Iglesia se llevó en 2007, año en el que el Gobierno incrementó lo recibido del 0,52% al 0,7% de los impuestos de los ciudadanos que marcan la casilla. Además de estos 80 millones, el fondo cuenta con otros 85 millones que no se han gastado en los últimos años (y cuyo destino tampoco se desglosa), señala Europa Laica.

En este punto, la organización se apoya en una investigación que la revista Tiempo publicó en enero de 2017, según la cual la Iglesia católica habría ingresado unos 23 millones de euros como consecuencia de sus múltiples inversiones financieras, que no habrían sido inferiores a 2.500 millones y que podrían llegar hasta los 5.000 millones. «Ninguna información acerca de esta cuestión se ofrece en la Memoria publicada por la Conferencia Episcopal», lamenta el informe, que sí da cifras estimativas de los ingresos financieros de algunas diócesis. Así, Pamplona obtuvo por este concepto 2,2 millones en 2015; Valladolid, 1,4; Mondoñedo-Ferrol, 263.000 euros; Córdoba, 273.000; Madrid, 737.000 y Barcelona, 224.000 euros.

Superávit sin control

Junto al Fondo de Reserva se encuentran los 35,2 millones de euros en superávit de los dos últimos ejercicios (19,3 en 2016 y 15,9 en 2017). «¿Cómo es posible que a los obispos les hayan sobrado 35,2 millones en los dos últimos ejercicios, mientras que por todos lados exprime las arcas públicas en actitud lastimera?», se pregunta Europa Laica.

De esos «35,2 millones de superávit del dinero público que recibió la Iglesia católica de la casilla del IRPF de 2016 y 2017, 20 millones (el 57%) los ha ‘enterrado’ en Trece TV para enjugar las pérdidas», señala Europa Laica, que añade que «la situación de pérdidas sucesivas y crecientes ha obligado a los obispos a continuas ampliaciones de capital hasta llegar a poseer el 78%» del canal de televisión. Por otro lado, desde el punto de vista del empleo, «el plan de recortes puesto en marcha en el verano de 2017 ha traído aparejado que a comienzos de 2018 haya 100 personas trabajando de las 140 iniciales», prosigue la organización.

Inmatriculaciones y responsabilidad gubernamental

Respecto a la polémica sobre las inmatriculaciones, el informe de Europa Laica pone énfasis en la «complicadísima batalla legal que se iniciaría» en caso de que se reclamara judicialmente a la Iglesia, una por una, las 30.000 propiedades que fueron puestas a su nombre en virtud de la ‘Ley Aznar’. El Gobierno cuenta con el listado elaborado por el Colegio de Registradores desde hace más de un año, pero aún no ha decidido cómo hacerlo público. Entre los bienes figuran desde catedrales y ermitas hasta plazas, fuentes, jardines e incluso frontones.

Frente a ello, Europa Laica propone que el Gobierno apruebe, con el respaldo del Congreso, «una iniciativa política que revierta en bloque la situación a su punto de origen», y que impugne todas las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015. Es este periodo temporal el que abarca el listado que tiene en sus manos el Ejecutivo, pero las inmatriculaciones habían empezado 20 años antes.

En sus conclusiones, el informe no sólo culpa a la Iglesia católica de disfrutar de esta situación de «paraíso fiscal», sino que también apunta a otro lado: «El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Iglesia católica en España, como viene denunciando Europa Laica, es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años».

Así, relata cómo «Felipe González concedió los conciertos educativos, la asignación tributaria, la exención del IVA o los acuerdos con las confesiones minoritarias; Aznar, el Plan de catedrales, la reforma de la Ley Hipotecaria que favoreció las inmatriculaciones, las dos casillas en el IRPF o la Ley de Mecenazgo; Zapatero, el acuerdo con la Iglesia para subir la financiación en el IRPF o la contratación indefinida del profesorado de religión; y Rajoy, la amnistía registral para las inmatriculaciones o la Ley Wert», que logró multiplicar el número de alumnos que eligen la asignatura de religión porque cuenta para la nota media.

El problema, culmina Europa Laica, «sigue siendo la connivencia y el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las Administraciones Públicas». «La Iglesia católica disfruta de un ‘paraíso’ jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho», finaliza el informe, que exige al Tribunal de Cuentas que «fiscalice, de una vez en 2019, tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Iglesia católica como las exenciones de que se benefician». El objetivo, prosigue, debe ser poner coto «al presunto enriquecimiento injusto o a las cantidades desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios, que sirven para financiar tanto sus actividades económicas como las asistenciales, así como a su propia estructura organizativa».

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