El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para proceder a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. El objetivo: eliminar de su texto la palabra «disminuidos» y sustituirla por «personas con discapacidad».
Se trata de la cuarta reforma que experimenta la carta magna española desde su aprobación en 1978 y la primera que se realiza en el capítulo que recoge los aspectos sociales. Para elaborar esta modificación, el Ejecutivo ha contado con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una organización que reúne a más de 8.000 asociaciones.
Con la finalidad de impulsar los derechos de este colectivo como ciudadanos libres e iguales, esta reforma, además de la modificación lingüística, también abarca la reforma de la estructura del artículo, de acuerdo con los múltiples enfoques desde los que se aborda la discapacidad, así como de su contenido, en relación a la protección del colectivo. Se deja así atrás un enfoque asistencialista para pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos.
El nuevo artículo señala como objetivo de la acción de los poderes públicos la plena autonomía personal y la inclusión social, y la obligación de respetar siempre la libertad de elección y preferencia de las personas con discapacidad. Asimismo, hace una alusión expresa a mujeres y niñas con discapacidad, que sufren aún más discriminación dentro de este colectivo.
Tras esta aprobación, la reforma deberá someterse a la tramitación parlamentaria, donde espera obtener el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas con representación en el Hemiciclo y entre en vigor antes de que finalice el año. Aunque estaba prevista hace unos meses, su tramitación ha tenido que esperar al final del estado de alarma, pues este mecanismo constitucional no permite cambios de la carta magna mientras se encuentra en vigor.
Más que un cambio lingüístico
El movimiento asociativo de la discapacidad en España ha considerado que se trata de un día histórico, después de que se vaya a implementar una de las mayores reclamaciones de este colectivo, que considera que blinda los derechos de las personas con discapacidad y los de sus familias.
Según ha reseñado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta reforma supone más que un cambio de terminología en el lenguaje constitucional, ya que implica «una reforma integral y en profundidad en la estructura y contenido» de la norma.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado esta iniciativa de «empeño del Gobierno» y de «un deber que España tenía con ellos», en referencia al colectivo con discapacidad.
Para el CERMI, fue una «jornada trascendental para las personas con discapacidad y sus familias en España y también para todo el ámbito de lo social», porque se trata de la «primera reforma de la Constitución Española de 1978 que tiene clara y netamente un contenido social».
Esta organización ha celebrado el destierro de la palabra ‘disminuido’, que defiende que es «hiriente y no encaja con el modelo social de la discapacidad», y se felicita porque el nuevo artículo 49 es «mucho más amplio e integral» al «cristalizar la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo».
El presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que «esta reforma situará a España en el rango constitucional como uno de los países con legislación fundamental más avanzada en materia de personas con discapacidad».
En línea con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Con este cambio, la Constitución Española se homologa a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, ratificada por el Estado español.
También recoge el testigo de los últimos cambios legales que han afectado positivamente a este colectivo en los últimos años. Así, en octubre de 2018 se recuperó el sufragio para alrededor de 100.000 ciudadanos que hasta entonces habían estado privados de su derecho al voto pasivo. Hasta ese momento, la normativa no permitía votar a las personas con discapacidad intelectual que tenían sentencias de incapacidad.
Y más recientemente, en diciembre de 2020, se prohibió la esterilización forzosa de personas con discapacidad, un procedimiento que había afectado a más de mil mujeres durante la última década, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
Más de 4 millones de personas con discapacidad
Se estima que en España hay más de 4 millones de personas con discapacidad (casi el 9 % de la población total), según recoge el último Informe Olivenza del Observatorio estatal de la Discapacidad. Casi la mitad, más de 3,8 millones, residen en domicilios familiares.
Las tasas de prevalencia de discapacidad son más elevadas en las mujeres que en los hombres a partir de los 45 años, mientras que la probabilidad de tener una discapacidad aumenta con la edad, hasta llegar a los 751,5 dependientes por cada 1.000 habitantes a partir de los 90 años.
Las discapacidades relacionadas con la movilidad representan dos de cada tres casos (67,2 %), las que afectan a la vida doméstica son cinco de cada nueve (55,3 %), y
las que atañen al autocuidado es uno de cada dos (48,4 %).
La población con discapacidad tiene el 34,5 % de tasa de actividad, menos de la mitad de la media nacional; su salario medio es un 16 % menor; tiene un 13,6 % más de personas en pobreza severa que la población general y cuatro veces más población analfabeta.
El porcentaje de este colectivo que no ha completado la educación secundaria es más del doble que en el total de la población y un 44 % menos los que han accedido a estudios superiores. Habitan infraviviendas un 30 % más que el resto de los habitantes españoles; y casi triplican la tasa de personas que no tienen acceso a los medicamentos que precisan.
Nuria López
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