• La UE ha abierto un canal para abrirse a los ciudadanos y permitir que los temas que les interesan puedan entrar en la agenda política.
• La primera propuesta no se ha hecho esperar: quieren que el agua sea un derecho.

Los europeos pueden presentar ya sus propuestas legislativas a Bruselas y la primera, que pide que se reconozca el derecho al acceso al agua, no se ha hecho esperar y ha sido registrada a las pocas horas de estrenarse esta herramienta que aspira a hacer más democrática la Unión Europea (UE).

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es «una oportunidad para que se escuche la voz de los ciudadanos en la UE», según el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y una puerta abierta para que los temas que preocupan entren en la agenda política, según el comisario europeo de Administración, Maros Sefcovic.

La clave reside precisamente en que cualquier persona puede poner en marcha este proceso, sin necesidad de recurrir a instituciones o políticos, para pedir que se regule por ley europea un tema que le preocupe,siempre que esté dentro del abanico de competencias comunitarias (es decir, que dependa de Bruselas).

«El agua no es un bien comercial, sino un bien público», es la principal reivindicación del borrador de una Iniciativa puesta en marcha por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, por sus siglas en inglés) al que ha tenido acceso Efe, que aspira a ser la primera que se registre en la UE.

El texto pide a la Comisión Europea (CE) que exija a los Veintisiete quegaranticen unos servicios de agua potable y saneamiento a todos los ciudadanos «suficientes y económicos» y le pide que deje de «presionar» a los Veintisiete para que liberalicen este mercado, ha explicado a Efe el sindicalista Pablo Sánchez Centellas. Sánchez Centellas subraya que los servicios de agua y saneamiento deben estar al margen de las reglas del mercado único europeo.

Para preparar una Iniciativa Ciudadana Europea, lo primero que hay que hacer es buscar una cuestión que sea competencia de la CE y crear elcomité de ciudadanos -siete personas que vivan en siete países distintos de la UE- que la va a impulsar. El siguiente paso es registrar la iniciativa, lo que EPSU ha hecho hoy pese a los problemas técnicos que aún presenta el proceso.

El pasado enero la CE dio un toque de atención a seis países, entre ellos España, por incumplir el plazo para tener preparada la autoridad que se hará cargo tanto de certificar las iniciativas y verificar las firmas, aunque fuentes comunitarias aseguraron a Efe que estos problemas se han resuelto en su mayoría.

Las campañas de la recogidas de firmas comenzarán cuando la CE dé luz verde a la iniciativa -después de que sus servicios jurídicos estudien que la cuestión planteada entra dentro de sus competencias y, por tanto, es procedente-, lo que puede tardar uno o dos meses.

Tras este pistoletazo de salida, los organizadores tienen un año para lograr el millón de firmas necesario, que deben venir de al menos siete Estados miembros, y presentar la iniciativa ante la Comisión; ésta deberá responder en tres meses si va a plantear una nueva legislación comunitaria o no.

En España, los sindicatos UGT y CCOO serán los responsables de la campaña, puesto que son los «socios directos» de la organización sindical europea, que trabajarán codo con codo con organizaciones de ciudadanos que se han creado contra la privatización de los servicios hídricos, como la Red de Aguas Públicas.

Otras iniciativas están ultimando su puesta a punto: una sobre el derecho de los ciudadanos europeos viviendo en otros países comunitarios de votar en las elecciones nacionales; otra sobre la libertad de los medios y el pluralismo; y una tercera sobre el derecho a un salario mínimo.