Sin duda, en lo que a España se refiere, no está pasando por una época económica pensada para personas de corazón débil.
Los sobresaltos abundan, las sorpresas de corte negativo no faltan y prácticamente cada viernes de los últimos meses desde el inicio del año, los Ministros de Economía o de Hacienda, ora uno ora otro, tras cada Consejo de Ministros nos presentan colecciones de medidas para recordarnos (como si alguien pudiera olvidarlo) que el camino para salir de la crisis y volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo es aún muy largo.
Uno de estos recordatorios recientes fue el presentado por el Ministro de Economía Luis de Guindos el pasado 11 de mayo, cuando hizo pública la segunda reforma bancaria aprobada por el Gobierno.
Las acciones principales que el Real Decreto 18/2012 exige a las entidades financieras son dos. La primera es la de aumentar las provisiones sobre sus créditos inmobiliarios sanos; y la segunda les obliga a colocar sus activos inmobiliarios en firmas externas: lo que se conoce como sociedades de gestión de activos.
Las nuevas provisiones
El aspecto esencial de la reforma es que obliga a los bancos a dotar nuevas provisiones para los activos inmobiliarios que se consideran sanos elevando su cobertura hasta el 30%, lo que supone unos 30.000 millones adicionales a sumar a los 54.000 millones que ya se habían dotado para hacer frente a los créditos inmobiliarios de dudoso cobro.
El efecto total de todo este baile de números es que a finales del presente año 2012 las entidades en su totalidad -cada una en la cuota que le corresponda- habrán dotado provisiones por valor de 84.000 millones de euros y que con esa cantidad de dinero estará cubierto el 45% de los créditos concedidos al sector inmobiliario.
Mención especial en este proceso merece Bankia, entidad nacida de la agrupación de Caja Madrid y Bancaja, al que posteriormente se adhirieron otras entidades menores como La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.
El impacto de la crisis inmobiliaria, especialmente por el lado mediterráneo de la entidad, ha sido demoledor, lo que ha provocado entre otros efectos secundarios la necesidad de que el Estado aporte capital a la entidad y que se forzara un cambio en sus órganos directivos que se ha llevado por delante al otrora Ministro de Economía y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato Figaredo.
¿Es esta la solución definitiva?
Esta es la gran pregunta que todos -expertos, curiosos, inversores o particulares- se están haciendo en estas semanas desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de estas novedades.Lo cierto es que la respuesta es difícil de saber y la razón es obvia.
Los cálculos del Gobierno se establecen en base a hipótesis de impago que no se conocerán hasta que se produzcan y esto podría obligar a revisar la situación nuevamente en un futuro no muy lejano.
Precisamente para evitar que se dé este escenario y encontrarse nuevas sorpresas es por lo que el Ministerio de Economía ha encargado a varios expertos independientes3 la valoración de toda la cartera de activos de la banca española, como anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La intención es que esta valoración de los activos del sistema financiero español esté preparada antes de cuatro meses. El análisis consistirá fundamentalmente en lo que se llama técnicamente prueba de esfuerzo (más conocido por stress test, su equivalente en idioma inglés) de los balances de la banca española.
Esta prueba se realiza simulando diferentes escenarios económicos con dificultad creciente y midiendo el efecto teórico que provocan, para así detectar una posible necesidad de provisiones adicionales en alguna o algunas de las entidades españolas.
http://www.lagranepoca.com/24581-banca-espanola-da-una-nueva-vuelta-tuerca