Antes de llegar a la mesa del presidente, la norma fue aprobada por el parlamento ruso, precisamente en un momento en que la actividad opositora se ha visto incrementada en los últimos meses, con manifestaciones no autorizadas que derivaron ocasionalmente en disturbios con la policía, incluso en la capital, Moscú, donde varias personas resultaron heridas.

El presidente declaró que “los ciudadanos de Rusia deben tener derecho a la manifestación abierta de sus ideas, pero sin violar los derechos de otros, que deben ser protegidos del radicalismo”.

“La ley rusa sobre las manifestaciones no contiene ningún artículo que sea más duro que en los países europeos”, esgrimió el presidente. No obstante,Putin anunció que no excluye eventuales enmiendas al documento.

Responsabilidad para manifestantes y autoridades

El documento aumenta en varias veces las multas por violación de la legislación durante actos públicos. Entre otras cosas, el texto prohíbe participar en las manifestaciones con la cara cubierta y exige responsabilidades por acciones no autorizadas.

Además, la ley también contempla sanciones para las autoridades caso de que se opongan ilegalmente al derecho a manifestarse pacíficamente de los ciudadanos. Las autoridades también serán multadas por forzar a personas a participar en algún acto público.

«Una ley más suave que las de la UE y EE. UU.»

Según varios politólogos, la ley sobre manifestaciones ilegales es equilibrada en cuanto a la exigencia de responsabilidades para  los organizadores de las acciones, como de las autoridades.

El analista político Juan Miguel Díaz Ferrer subraya que Rusia sigue la corriente de la tendencia mundial. Comenta que hoy en día muchos países dotan de leyes que son bastante severas en cuanto a la práctica de manifestaciones callejeras, siendo algunas de las regulaciones bastante extremas.

En Francia se estipulan multas de 19.000 dólares por seguir protestando tras recibir un aviso de dispersión por parte de la policía, mientras que por llevar máscaras un manifestante puede ser castigado con 56.000 dólares, a lo que pueden añadirse 3 años de prisión en caso de que porte armas.

En cuanto a EE. UU., su legislación prevé 10 años de prisión por llevar consigo armas en una manifestación, mientras que en algunos estados basta con llevar objetos que pudieran emplearse como armas. La ley también establece multas de 3.000 dólares para quienes bloqueen la circulación de personas o vehículos. La autorización de marchas dura entre 40 y 45 días.

El director del Centro de Información Política de Rusia, Alexéi Mujin, subraya que la ley rusa es más liberal que las vigentes en la Unión Europea o Estados Unidos. “La ley actual ultraliberal sobre los infractores del orden público —incluso tal y como está aprobada ahora— es más suave que las legislaciones que existen en Francia, Alemania y EE. UU. Por eso, honestamente no entiendo qué es lo que disgusta a la oposición”, dijo.

El miembro de la Cámara Social rusa, Georgui Fedótov, está de acuerdo con este enfoque: considera que la ley “es adecuada a la cultura establecida de las manifestaciones de protesta”. Según Fedótov, “presiona precisamente a los organizadores y a la gente que participa en infracciones. Si la oposición actúa dentro de la ley, no le pasará nada malo a nadie”.

Multas de miles de dólares

El documento eleva las multas e introduce nuevas sanciones administrativas por infracciones durante las concentraciones populares. Así, los organizadores de estas tendrán que pagar multas de entre 600 y 900 dólares si no avisan a las autoridades locales.
Una de las infracciones más serias consiste en causar daño a la integridad física de las personas o en dañar el mobiliario urbano, para lo que la ley prevé multas de hasta 9000 de dólares.

En caso de agravantes, las multas más altas para estos casos se elevan hasta los 10 000 dólares o  200 horas de trabajo social. En el caso de los organizadores de las acciones, la multa aumenta hasta los 18 000 dólares, mientras que las personas jurídicas pueden ser obligadas a pagar hasta unos 30 000 dólares.

Asimismo, las autoridades culpables de obstaculizar el paso de una manifestación autorizada o de forzar a personas a participar en algún acto público, habrán de pagar de entre 300 a 1200 dólares.

Recomendaciones rechazadas

Antes de firmar el documento, el presidente recibió la recomendación de vetar la ley de su Consejo de Derechos Humanos. Según expertos del organismo, el documento contradice al artículo 31.º de la Constitución de Rusia, que regula el derecho de los ciudadanos de congregarse pacíficamente.

En este sentido, el presidente Putin, no ha descartado la posibilidad de hacer  correcciones en la letra de la ley, caso de que fuera necesario.

El mandatario exhortó a tribunales e instituciones de seguridad que “analicen la ley”, así como la esfera de su aplicación, y que propongan enmiendas en caso de que lo vean necesario.

Antes de recibir el visto bueno de Vladímir Putin la ley fue aprobada en la Cámara Baja del país, donde la discusión se prolongó hasta casi medianoche debido a la ‘huelga de celo’ emprendida por el partido Rusia Justa.

El grupo parlamentario presentó más de 300 enmiendas e insistió en que cada una de ellas se valorase con una votación por separado, impidiendo así que Rusia Unida, que tiene mayoría absoluta en la Duma, aprobara rápidamente el proyecto.

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