Diversos colectivos de Lanzarote y Canarias, que califican la expulsión de «persecución política propia de una dictadura», convocan una concentración este miércoles a las 17:30 horas frente a la Delegación del Gobierno en Lanzarote

La Delegación del Gobierno en Canarias confirma que salió del país este martes a última hora

La Delegación del Gobierno en Canarias da por válidos los dos expedientes abiertos a Morales, uno en apoyo a la causa saharaui y el otro en protesta de las prospecciones petrolíferas, a pesar de que hay también un proceso judicial abierto y sin concluir

José Morales Brum, activista uruguayo y residente en Lanzarote, ha sido finalmente expulsado en la tarde de este martes, 12 de junio de 2012, tras dictamen de la Delegación del Gobierno en Canarias por dos expedientes sancionadores que le han costado la salida del país.

Morales fue detenido este martes por la mañana en la comisaría ’3 de mayo’ de Santa Cruz de Tenerife, a la que había acudido para el trámite habitual de firmar cada 15 días, tal y como se le ha obligado desde la apertura de ambos expedientes. El activista uruguayo fue expulsado del territorio nacional el mismo martes a última hora, según ha confirmado la propia Delegación del Gobierno en Canarias, que sin embargo no ha facilitado detalles sobre el trayecto que se ha llevado a cabo para repatriar a Morales a Uruguay.

Movilizaciones en Lanzarote y Tenerife

Por tal motivo, los colectivos sociales de la isla capitalina convocaron con urgencia una concentración a las 18:00 horas en la comisaría 3 de Mayo de Santa Cruz de Tenerife bajo el lema ’Si nos tocan a uno nos tocan a tod@s». Dichos colectivos critican lo que entienden es una «injusticia, arbitrariedad y abuso de poder», y que posiblemente se vea traducido en las próximas horas con la expulsión de Morales y el traslado del activista en avión hasta Uruguay.

Por su parte, este mismo miércoles a partir de las 17:30 horas, diversos colectivos que apoyan a Morales han convocado una concentración justo frente a las puertas de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote.

Cabe recordar que el activista uruguayo afincado en Lanzarote José Morales Brum se dirigió el pasado 29 de mayo a los Juzgados para interponer una denuncia en contra del subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina González, por los presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad.

Persecución política propia de una dictadura

Entre las reacciones que la expulsión de Morales ha suscitado, Izquierda Unida Canaria (IUC) considera que este acto «es propio de un Estado dictatorial, pues se efectúa careciendo de sentencia judicial, se aplica a una persona que tiene una hija de siete años en Canarias y, además, se aduce una situación de irregularidad para ocultar que se le castiga por haber participado en una protesta pacífica, en Lanzarote, contra el ministro José Manuel Soria, por su apoyo a las prospecciones petrolíferas».

IUC denuncia que el activista Morales Brum es objeto de persecución política «desde hace ya más de un año», cuando se le quiso expulsar por su participación en protestas públicas a favor de la causa saharaui.

Por su parte, para la Plataforma Canaria Contra la Represión Política, Morales ha sufrido un calvario de persecuciones a lo largo del último año, en el que se le abrieron dos expedientes de expulsión solo en base a informes policiales por su significada participación en los movimientos sociales de Lanzarote. A su juicio, esta decisión ha sido adoptada por un instrumento político, sin intermediación judicial ni de ningún otro tipo, como es la Delegación del Gobierno, que no ha tenido en cuenta las pruebas documentales y testifícales que se han aportado en contra de las afirmaciones vertidas en los respectivos expedientes, siendo en este caso Juez y parte al limitarse a ratificar el contenido de la denuncia fabricada por la Policía.

«Lo que hace particularmente grave esta expulsión es el uso de una perversa norma legal con fines aún más turbios. En efecto, la modificación de la Ley de extranjería hecha por el anterior gobierno del PSOE introdujo un procedimiento sumarísimo que deja sin amparo la tutela judicial de los derechos políticos de la comunidad inmigrante, al darle absoluta preminencia a los informes policiales», señalan.

En este caso, además, «hemos visto como, en primer lugar por parte del PSOE se encubre e impide aclarar lo que era el auténtico problema que se dio cuando un funcionario policial, franco de servicio, fotografió a los participantes en un acto de recibimiento a los niños sahararuis que llegaban a Lanzarote dentro del programa vacaciones en paz. ¿Actuaba ese policía en una misión al servicio del estado español o formaba parte de la “intensa colaboración” que se impulsaba con las fuerzas policiales marroquíes?», cuestionan.

El segundo expediente, recuerdan, «es fabricado contra José Morales y otros seis activistas, que al ser canarios aún no pueden ser expulsados, pero si sancionados, con la finalidad de amedrentar a un potente movimiento social en contra de las injustificables prospecciones petrolíferas de la multinacional REPSOL. Forma parte de la acreditada actitud despótica del actual ministro de industria y de una concepción del uso privativo de los servicios del estado. Se usa así a la policía para defender a una determinada posición política en un momento de intenso debate social, y con la finalidad de eliminar a las personas que más activamente participan e impulsan la movilización ciudadana».

A su juicio, estas acciones contienen un trasfondo político hostil contra José Morales Brum, ciudadano perfectamente integrado desde hace casi una década en nuestra sociedad y padre de una niña canaria que también se está viendo afectada por la actuación desalmada de las autoridades españolas».

«El ensañamiento político es ya claramente innegable cuando el procedimiento de expulsión se acelera al denunciar José Morales Brum la grave intromisión en su honor por parte del Delegado del Gobierno en Canarias que pretende enturbiar las auténticas razones de su expulsión, intentando revivir hechos claramente negados en resoluciones judiciales, con la única finalidad de debilitar el apoyo a José Morales», explican.

La plataforma concluye señalando que los procedimientos legales en contra de esta expulsión seguirán su curso y apuntan que «estamos convencidos de que no pueden terminar sino con la vuelta a Canarias de José Morales. No cejaremos hasta que esto se produzca, pero tampoco cejaremos hasta que los responsables de este claro caso de abuso de poder respondan por sus arbitrariedades».

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