El presidente interino de Paraguay, Federico Franco, dijo que pedirá apoyo de su predecesor para “destensar” la hostilidad generada en los países de la región por su nombramiento. En declaraciones a la agencia Reuters, Franco dijo que trabajará para “disuadir y convencer” a otros países de que la decisión de destituir a Lugo fue legítima. Los países regionales hicieron frente común a la hora de valorar la destitución de Lugo: ninguno de ellos reconoció el gobierno de Franco, muchos hablaron de un “golpe de estado” y Brasil inclusó pidió expulsar a Paraguay de las organizaciones regionales Unasur y Mercosur y llamó a consultas a su embajador. El último gesto en relación a este asunto fue de Argentina, que retiró a su embajador de Paraguay. La Cancillería argentina informó en un comunicado que “frente a los graves acontecimientos institucionales ocurridos en la República del Paraguay, que culminaron con la destitución del Presidente Constitucional, Fernando Lugo, el Gobierno argentino ha dispuesto el inmediato retiro de su embajador en Asunción”. El propio ex mandatario paraguayo, Fernando Lugo, aunque aceptó la destitución y llamó a sus partidarios a abstenerse de acciones violentas, no cree que el Congreso actuara de una manera legítima, ya que -argumenta- no tuvo tiempo para preparar su defensa. Según él, la decisión sobre su destitución ya había sido tomada con antelación. El juicio político contra Lugo arrancó tras la muerte de 17 personas durante el desalojo de campesinos de unas tierras que, a juicio de las autoridades, fueron ocupadas ilegalmente. De los 17 muertos 11 eran campesinos y 6 representantes de las fuerzas de seguridad. Los partidarios de Lugo creen que estos sucesos sirvieron de mero pretexto para llevar a cabo un cambio del poder que ya estaba planeado

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