SANTIAGO, jul (IPS) – El incremento de la violencia contra la mujer, la agresividad de los femicidas y la edad cada vez más temprana de víctimas y victimarios interpelan en Chile a las autoridades por la falta de políticas de prevención y a la hipocresía de una sociedad que «busca permanentemente mostrar su cara más bonita».

Un estudio de la organización no gubernamental Activa indica que los hechos de violencia intrafamiliar se incrementaron 10 por ciento en el primer semestre de 2012 en Chile, al igual que su grado de agresividad.

Entre enero y junio de este año se registraron 17 asesinatos de mujeres, también llamado femicidios o feminicidios, a mano de sus parejas registraron, cuatro más que en el mismo lapso del año pasado.

La directora de Activa, Gloria Requena, explicó a IPS que entre las causas identificadas existen algunas de orden estructural y psicológico, y otras que tienen que ver con falencias del ámbito legislativo.

«En cuanto a las causas estructurales, esto tiene que ver con la subvaloración que se hace sobre las mujeres. Lamentablemente, las campañas que se han diseñado para contrarrestar la violencia apuntan a generar más violencia y no a atacar las causas de la misma», sostuvo.

Requena añadió que el diálogo en Chile se ha perdido desde lo político hasta en las relaciones familiares.

«Lo que observamos es que las parejas no tienen herramientas para el diálogo y el Estado no se las está entregando. Los subconflictos hoy día se solucionan de manera cada vez más violenta o directamente a través de hechos de sangre», precisó la exjefa de la División de Seguridad Ciudadana del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).

El sondeo de Activa indicó, además, un aumento del ensañamiento hacia la víctima en los casos de femicidio, donde la muerte es acompañada por múltiples formas de maltrato y sofisticaciones en las agresiones, especialmente cuando se verifica el uso de armas blancas en esos crímenes.

«Ha habido recrudecimiento no solo de la violencia intrafamiliar sino también de otras figuras delictivas como las lesiones, el homicidio, que dan cuenta de la resolución de conflictos por vía de la fuerza y no mediante el diálogo», advirtió Requena.

La investigación registra que las principales causas de la violencia serían los celos y el deseo de venganza producto del rechazo de la mujer a las pretensiones amorosas de su agresor.

Entre los medios empleados para ejecutar el femicidio, se aprecia un aumento en el uso de armas blancas y de fuego, que llega a 73 por ciento de las consultas, seguido por la asfixia con 14 por ciento y objetos contundentes con 10 por ciento.

Respecto de las armas blancas y de fuego, el estudio constató que el agresor acrecentaba su violencia y los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples heridas, lo que da cuenta de un mayor nivel de violencia que no se satisface tras provocar la muerte.

La mayoría de las víctimas se ubican en el tramo comprendido entre los 20 y los 39 años de edad, periodo de consolidación de las relaciones de pareja y, en especial, de la convivencia.

Los agresores tienen entre los 20 y los 59 años, aunque preocupa el crecimiento en el segmento etario de 20 a 39 años en lo que va de 2012.

Chile cuenta desde octubre de 2005 con una ley de violencia intrafamiliar que, entre otras cosas, estableció la creación de los tribunales de familia.

La normativa fue complementada cinco años después con la Ley de Femicidio, que define este delito como la muerte violenta de una mujer por el abuso del poder de género y que se produce en el seno de una relación de pareja, actual o pasada.

Este concepto es criticado por las organizaciones feministas que consideran que excluye otras formas de violencia contra la mujer, que se establecen en diversos contextos.

«En Chile se ha legislado en el tema de violencia fragmentadamente, sólo la intrafamiliar, dejando afuera la agresión en el ‘pololeo’ (noviazgo), por ejemplo», cuestionó Carolina Carrera, presidenta de la no gubernamental Corporación Humanas.

«Aquí no hay una ley que incorpore toda la violencia de género que estamos viendo: desde la sexual policial hasta la intrafamiliar», señaló a IPS.

«Nuestro país muestra permanentemente una cara bonita y estos temas los deja debajo de la alfombra. Somos un país hipócrita como lo hemos sido siempre, y eso es lo más grave», sentenció.

Carrera explicó que el movimiento feminista ha logrado visibilizar el tema de la violencia contra la mujer. El problema, dijo, es que, según el estudio, «pareciera que vamos en retroceso».

«La pregunta es qué están haciendo este gobierno y las políticas públicas para evitarlo», expresó.

«No hay política de prevención contra la violencia que sea permanente y sistemática en el tiempo. Tampoco hay un programa educacional desde la primera infancia que esté permanentemente abocado a esto», denunció.

Requena coincidió con Carrera. «Se debe reformar la definición de sujetos protegidos, la incapacidad de las medidas cautelares para proteger a las víctimas. La legislación actual no define qué entendemos por maltrato ni cuántas veces una mujer se debe dejar golpear y verse vulnerada en sus derechos para que la ley la proteja», reclamó.

Insistió en que la figura legal del femicidio en Chile obliga que se establezca un vínculo afectivo entre la víctima y el victimario, «entonces en las relaciones de pololos (novios) no se configura este delito porque no hay convivencia, tampoco lo son en las relaciones profesionales y tampoco la situación de las prostitutas», puntualizó.

Chile es uno de los pocos países de América Latina que no ha adoptado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tampoco cuenta con una norma que aborde la violencia contra las mujeres en su integridad.

Según el Informe de 2011 de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, «el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) se ha enfocado en la incorporación de la perspectiva de género en la atención de la violencia familiar, a través de convenios bilaterales, y no ha propuesto al Poder Ejecutivo una política sobre prevención de la violencia de género».

Con todo, las activistas abogan por la destinación de más recursos y que el Servicio Nacional de la Mujer pase a ser un Ministerio.

«El Estado debe dar una respuesta adecuada para combatir este flagelo, porque somos una sociedad con varios rasgos que indican que nos estamos comenzando a enfermar», advirtió Requena.

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