GUATEMALA, jul (IPS) – El riesgo de contaminación que supone la mina Cerro Blanco para la Reserva de la Biosfera Trifinio Fraternidad, compartida por El Salvador, Guatemala y Honduras, es solo la punta del iceberg de las amenazas ambientales a las que está sometida esa amplia zona.

La deforestación acelerada, la contaminación de ríos y lagos, malas prácticas agrícolas, el uso indiscriminado de agroquímicos, incendios forestales, la tala ilegal y la pesca indiscriminada se cuentan también entre las principales preocupaciones de ambientalistas y autoridades de Guatemala.

«La región sudeste es la más deforestada de Guatemala y solo quedan algunos remanentes», dijo a IPS el experto Julio Castro, del estatal Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en alusión a la porción de la reserva que corresponde a este país.

«La pesca indiscriminada en el lago de Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, las construcciones ilícitas a su alrededor, así como la cacería y deforestación son las asuntos que nosotros más hemos vigilado», sin que hasta ahora hayamos podido frenar el deterioro, admitió el funcionario.

La Reserva de la Biosfera Trifinio Fraternidad, declarada como tal el 29 de junio de 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, comprende un área de 1.500 kilómetros cuadrados, integrada por ocho municipios salvadoreños, dos en Honduras y otros dos en Guatemala.

Situada en la parte central de la Región Trifinio, es la primera reserva de biosfera trinacional de América Central, la cual posee innumerables especies endémicas de animales como el puma, el mono araña, el tucán o el jaguar, y vegetales como el roble y el laurel.

El río Lempa, que cruza los tres países antes de desembocar en el océano Pacífico, nace en el seno de la reserva y sirve de sustento a millones de personas, así como el lago de Guija, de 45 kilómetros cuadrados, compartido por El Salvador y Guatemala.

A pesar de su riqueza, esta área compartida permanece en riesgo debido a diversidad de actividades humanas que afectan el ecosistema.

Hasta ahora, la preocupación que ha prevalecido en el área es la instalación de la mina Cerro Blanco, en el sudoriental departamento guatemalteco de Jutiapa, de donde se extraerá oro y plata a partir de 2013, lo cual representa «un peligro» para la salud humana por el uso de químicos tóxicos, advierten ambientalistas.

De hecho, el vicepresidente salvadoreño, Salvador Sánchez, acusó este mes a Guatemala de contaminar aguas trinacionales por esa actividad minera y amenazó con demandar al país «ante otras instancias» de no tomar acciones al respecto.

«Hay pruebas científicas de la contaminación; no estamos exagerando», dijo a IPS la activista Berta Medrano, del grupo salvadoreño Gaia, quien mostró su preocupación por la degradación de las aguas del Lempa, que surte de este recurso a miles de familias salvadoreñas.

«Por eso hemos insistido en que se eleve al grado de las cancillerías y de los presidentes este asunto, porque los procesos productivos de los países no pueden poner en peligro las vidas humanas de otros estados ni del propio», añadió.

Pero hay otros temas que consideró igual de preocupantes en la zona.

«La deforestación acelerada por el cambio de uso del suelo para la ganadería y la agricultura extensiva, el uso indiscriminado de agroquímicos que causan contaminación del agua, la quema y los incendios forestales son amenazas constantes», precisó la activista.

Según el Programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) en América Central y República Dominicana, más de 285.000 hectáreas de árboles se pierden cada año en la región.

Y otros estudios confirman la debacle ambiental.

«Para 2100 se podría esperar la pérdida de la tercera parte de los bosques existentes en 2005 y hasta 80 por ciento de pastizales, sabanas y arbustos, mientras que el área agropecuaria crecería hasta 50 por ciento», proyectó un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La situación merece acciones urgentes de los gobiernos, pero también de la sociedad civil, advirtió Medrano, cuya organización promueve temas como la educación ambiental, la productividad y el desarrollo sostenible.

«A nivel de gobiernos debería armonizarse los marcos legales ambientales para facilitar la consolidación de la reserva. Otro gran tema que tenemos que trabajar es la reconversión productiva para volver sostenible la agricultura tradicional», explicó.

Además, urgió a fortalecer la plataforma trinacional y el desarrollo de mercados de consumo local sostenibles, porque de lo contrario, incluso, «la región pondría el riesgo de perder la categoría de biosfera que recibió la región de Trifinio Fraternidad», advirtió.

Ángel Ibarra, de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña, compartió las preocupaciones de Medrano sobre la Reserva Trifinio Fraternidad, pero consideró que El Salvador puede resultar más perjudicado.

«Los problemas derivados de la contaminación, deforestación y mal uso del territorio son similares en los tres países, sin embargo, por estar en la cuenca baja del Lempa, es El Salvador quien puede resultar más afectado», dijo a IPS.

Ibarra cree que en la actualidad las principales amenazas se derivan de la explotación minera intensiva, «cuya mayor permisividad está en Guatemala y Honduras, lo cual debería motivar distintas acciones para mejorar la calidad de vida de la población».

«La promoción de prácticas de agricultura sustentable para alcanzar la soberanía alimentaria, la protección de las fuentes de agua y su uso racional y equitativo, planes de manejo sustentable de los ecosistemas, en particular la zona protegida y la veda de la minería», detalló entre otros. En el lado guatemalteco existe preocupación por la importancia que está tomando la industria extractiva en perjuicio del ambiente.

Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la jesuita Universidad Rafael Landívar, dijo a IPS que «las apuestas del gobierno guatemalteco van en la línea con promover crecimiento económico para generar recursos que mantengan viva la economía nacional».

«Pero no hay equilibrio ambiental. De cada 100 quetzales que se generan del producto interno bruto, apenas 60 centavos se invierten en la protección de los sistemas naturales», ejemplificó.

Maas cree que la minería de metales preciosos no debería permitirse en Guatemala por considerar que para el país el balance es más negativo, por sus efectos sobre el ambiente, que el beneficio económico que representa esta industria para el país.

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