Integrantes del pueblo indígena yagua en el departamento amazónico de Loreto. Crédito: Richard Smith/IBC

LIMA, oct (Tierramérica) – La titulación de tierras de las comunidades indígenas y campesinas de Perú está casi congelada desde hace dos años, con expedientes perdidos o incompletos. Pero la promoción de inversiones extranjeras marcha viento en popa en los mismos territorios.

«Sin títulos, la gente va de un lugar a otro y hasta ha sido amenazada de muerte. Hay algunos que se adueñan de sus chacras (granjas), en otros casos vienen las empresas…», dijo a Tierramérica Valbina Miguel Toribio, de la etnia amazónica yanesha, en la central región de Pasco. «Así solo queda luchar por tener un lote propio».

Ella ha tenido que encarar varios de esos conflictos cuando era dirigente de la Federación de Comunidades Nativas Yanesha, y hoy es testigo de este escenario convulso en pueblos vecinos.

Su relato se multiplica por todo el país, porque la titulación de tierras de pueblos que ocupan más de 27 por ciento del territorio nacional, se ha deteriorado en los últimos años.

Entre 2006 y 2010, mientras gobernaba Alan García, apenas se otorgaron 19 títulos y se realizaron 23 ampliaciones territoriales, según el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

El avance ha sido lento para las comunidades de los Andes y de la costa, pero la situación es mucho más caótica en la Amazonia, donde se concentran inversiones y proyectos de explotación de gas, petróleo e infraestructura.

Perú, un país andino y amazónico con costas sobre el océano Pacífico, es una potencia minera mundial y también posee yacimientos de crudo y gas. Es también una nación multiétnica de 30 millones de habitantes, de los que 31 por ciento pertenecen a pueblos aborígenes.

Desde 2010, cuando el gobierno transfirió la función de titulación que tenía el Cofopri a las administraciones regionales, el proceso está casi estancado.

Veinticuatro de los 26 gobiernos regionales ya pueden formalmente ejercer esa función, pero no se les entregaron los expedientes ni la información completa de Cofopri, por lo que tienen poco margen de acción, dijeron a Tierramérica fuentes de la Secretaría de Descentralización.

Además, no existe una institución en el gobierno central que regule el proceso, y en varios casos tampoco se cuenta con recursos ni suficiente personal capacitado para la tarea, aseguró a Tierramérica la adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), Alicia Abanto.

Hasta septiembre de 2010, según cifras oficiales, se registraron y fueron reconocidas 6.069 comunidades campesinas en los Andes y la costa y 1.469 comunidades nativas en la Amazonia. De este universo, 16 por ciento aún no contaban con título de propiedad. Sin embargo, fuentes del no gubernamental Instituto del Bien Común (IBC) advierten que el número real de estas poblaciones es mucho mayor y que en la selva la cantidad de comunidades no tituladas puede multiplicarse hasta por cuatro respecto de las cifras gubernamentales.

Uno de los mayores problemas es la falta de información sistematizada y actualizada «para saber dónde están las comunidades y a partir de allí implementar acciones y políticas», opinó el legislador de la etnia awajún Eduardo Nayap. «Los indígenas no contamos en las cifras», enfatizó a Tierramérica.

Para llenar ese vacío, el IBC presentó en septiembre el Directorio de Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana, a partir de los expedientes oficiales de inscripción y titulación de tierras desde febrero de 1975 hasta abril de 2012. En ese lapso se inscribieron oficialmente 1.807 comunidades, mientras 663 siguen gestionando sus títulos de propiedad desde hace más de una década.

«No existe una política estatal que plantee el procedimiento y mecanismo para la titulación, lo cual coloca a estas poblaciones en una situación frágil frente a las inversiones privadas (en territorios comunales)», dijo a Tierramérica el abogado Pedro Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), una de las 18 organizaciones que impulsan la campaña Territorios Seguros para las Comunidades del Perú.

Hasta octubre de 2010, más de 60 por ciento del territorio amazónico de este país estaba cubierto por concesiones de hidrocarburos, según cifras oficiales relevadas por el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana del IBC.

En ciertas zonas de los Andes, el panorama se repite. Por ejemplo, en la región de Cajamarca (noroeste) 47,3 por ciento del territorio tiene concesiones mineras, según un informe elaborado por la organización no gubernamental CooperAcción con cifras oficiales.

Puesto que el actual gobierno de Ollanta Humala tampoco avanza en titular tierras comunales, la Defensoría del Pueblo formuló recomendaciones a las instituciones involucradas.

En reuniones sostenidas hasta septiembre por la Defensoría del Pueblo con funcionarios de 10 gobiernos regionales, se comprobaron «graves problemas en el acervo documentario, (para titular a las comunidades) porque está incompleto o los expedientes no existen», dijo a Tierramérica una representante de la Defensoría, Mayra Quicaño.

Casi la mitad de los territorios comunales campesinos tampoco están incorporados a una base gráfica catastral. Los planos y memorias descriptivas están dispersos en reparticiones de gobiernos regionales, registros públicos y otras entidades, asegura la Defensoría del Pueblo.

En la Amazonia, el marco legal tiene más de 20 años y no responde a la realidad actual. Como resultado, los conflictos por falta de titulación de tierras comunales continúan en ebullición.

La Defensoría del Pueblo dijo a Tierramérica que en junio las diversas instituciones involucradas le informaron que se evaluaba un proyecto de decreto supremo para establecer como ente rector de las titulaciones al Ministerio de Agricultura, lo que fue evaluado como un paso positivo por el Ombudsman y por el abogado Castillo, de Cepes.

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Descentralización aseguran que la concreción del decreto está congelada porque no se ponen de acuerdo las gerencias legales del Ministerio de Vivienda, del cual depende Cofopri, y del Ministerio de Agricultura.

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