Nuno Monteiro/ Eduardo Sousa – Sin Permiso.

Enfrentada a una situación financiera cada vez más apurada, Portugal ha comenzado a negociar un paquete de rescate con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sigue así los pasos de Grecia e Irlanda, dos países cuyo rescate se ha demostrado ineficaz. Con todo, pocos se atreven a defender la opción de política más efectiva en los tres casos: el impago gestionado de la deuda soberana.

Ese impago permitiría a los gobiernos griego, irlandés y portugués hacer retroceder las obligaciones de su deuda acumulada, rebajando las tasas de interés de su servicio, posponiendo el reembolso y, si es necesario, devolviendo sólo parte del capital que deben. Como en el caso de la quiebra de un particular – que permite que los particulares sobreendeudados renegocien las condiciones de reembolso – el impago soberano permite a los países devolver sus actuales deudas de acuerdo con sus futuras expectativas de ingresos. El rescate, por el contrario, da prioridad a las entidades de préstamo al proceder a un reembolso completo y ceñirse a las tasas de interés y el calendario de devolución acordados inicialmente, obligando al gobierno a ajustar los futuros ingresos al peso de la deuda acumulada.

Los defensores del rescate siguen cantando sus alabanzas. Al obligar a los gobiernos con problemas a cambiar su política económica, fomenta supuestamente el crecimiento e impide nuevas crisis de deuda. Al hacer recaer la mayoría de los costes sobre los países rescatados, fortalece presuntamente su disciplina fiscal. Por último, al impedir un impago soberano por parte de un miembro de la eurozona, estabiliza supuestamente los mercados de deuda y de divisas.

En un examen más detallado, no obstante, no se materializa ninguno de estos beneficios. Ni en Grecia ni en Irlanda estabilizó el rescate los mercados ni alentó el crecimiento económico ni inspiró un cambió de ánimo respecto a los créditos. Si acaso, lo que sugieren estos casos es que, con la camisa de fuerza de la unión monetaria, la mezcla del rescate no funciona. Exige estrictas medidas fiscales que desalientan el crecimiento económico y vuelven imposible rebajar la relación entre deuda y PIB.

Por el contrario, los rescates condicionales impuestos a Grecia, Irlanda y ahora Portugal, conducen a un insidioso círculo de recortes del gasto y aumentos de impuestos, inestabilidad social y turbulencias políticas. Estos países pueden esperar tormentos sociales y económicos, que pondrán en peligro su situación política y facilitarán un impulso favorable al populismo ¿Está preparada Europa para permitir que unos cuantos de sus estados miembros caigan en un prolongado estancamiento económico, que produzca malestar social mientras refuerza a los partidos de los márgenes que capitalizan el descontento y socavan los procesos democráticos? En resumen, ¿queremos ver cómo los problemas que llevaron al hundimiento de la Alemania de Weimar se extienden por la periferia de Europa?

Una deuda administrada podría suponer tres ventajas: permitiría que los países en problemas arrancaran en su recuperación económica. La inmediata reducción de la deuda dejaría espacio a las reformas orientadas al crecimiento con resultados visibles a corto plazo. El impago podría ahorrarle a Europa una década de incipiente crecimiento económico, lastrado por los albatros de la deuda en la periferia.

El impago soberano enviaría además a los mercados una señal firme del compromiso de la UE de limitar el riesgo moral. Al desplazar algunos de los costes de la crisis de la deuda de los prestatarios, el impago disciplinaría a las entidades de préstamo que han provisto continuamente de crédito barato con la expectativa de que, si era necesario, un rescate de la UE o del FMI serviría de garantía de su capital. Mientras que un rescate supuestamente disciplina el lado de la demanda de los mercados crediticios, el impago disciplina de forma efectiva tanto la demanda como la oferta, produciendo un efecto estabilizador a largo plazo. La reestructuración de la deuda clarificaría asimismo las tensiones subyacentes de la eurozona al eliminar presiones especulativas y obligar a políticas fiscales más coherentes en el conjunto de dicha área.

Lo que es más importante, un impago estructurado del crédito limitaría los riesgos políticos ligados a la opción del rescate. Sofocaría el auge de las tendencias populistas en los países con problemas como reacción a la mezcla de medidas de política de rescate punitivas. También limitaría los daños en la cohesión europea causados por la percepción – exacta o no – de que la UE está obligando a adoptar soluciones injustas y asimétricas a los países receptores.

A buen seguro, la reestructuración de la deuda debería diseñarse cuidadosamente, con una mezcla bien considerada de recortes a las entidades de préstamo, ampliación del vencimiento de préstamos y mengua de las tasas de interés. Un impago ideal podría incluso – coordinado a escala de la UE – estimular los mercados crediticios. Los bancos alemanes, franceses (y en el caso portugués, españoles) son las principales acreedores de los gobiernos saturados de deudas y llevarían la peor parte de un impago conjunto. Otros países podrían ser testigos de un repunte de las tasas de interés, lo que exigiría compromisos europeos adicionales.

No obstante, más allá de estas cuestiones manejables, el propio interés económico, financiero y electoral le ha impedido a Alemania discutir la opción del impago. De modo semejante, Francia e Italia, que tienen ambas una deuda mayor en relación con su PIB que Portugal, se han beneficiado de que el centro de atención de los mercados se dirigiera a los problemas de Lisboa. El cortafuegos portugués también ha puesto a salvo a España y Bélgica, próximos objetivos probables de los mercados.

Pretender que la opción del impago no existe viola principios económicos fundamentales que acabarán por anular cualquier preferencia política. Para evitar una década perdida, Grecia, Irlanda y Portugal deberían forzar a Europa a discutir la reestructuración de la deuda. Francia, Alemania, Italia y España por su parte, harían bien en prestar oídos. Tal como escribió el economista Irving Fisher en un artículo sobre la deuda durante la Gran Depresión, asumir que en condiciones socioeconómicas atroces se saldarán todas las deudas es tan absurdo como suponer “que el Océano Atlántico puede moverse sin levantar una sola ola”.

El impago de la deuda disiparía el espectro de Weimar, con economías estancadas – o peor, en contracción– que dieran lugar a tendencias populistas que podrían socavar la democracia en los estados miembros y poner así en peligro la paz europea. Un impago coordinado de la deuda no haría peligrar la estabilidad del euro y la UE. En realidad, podría ser la mejor manera de preservarlo.