Después de unas semanas de puertas abiertas en las escuelas, las familias catalanas tuvieron del 11 al 22 de marzo de plazo para realizar la preinscripción de sus hijos/as en los centros escolares públicos y concertados de Cataluña. Aunque probablemente esta noticiasólo haya llamado la atención de aquellos con hijos o hermanos en edad de escolarización en Cataluña, todos hemos pasado por la escuela y nos podemos plantear por qué motivos cursamos nuestros estudios en un centro escolar y no en otro. ¿Por pura proximidad geográfica? ¿O fue fruto de una decisión reflexionada de nuestros padres?

El proceso de preinscripción nos plantea una buena oportunidad para (re)abrir el debate en torno a la forma de elección escolar en Cataluña: un tira y afloja entre la libertad de elección de las familias sobre la educación de sus hijos y la planificación educativa que se hace desde la administración. Es cierto que padres y/o tutores legales tienen una gran responsabilidad a la hora de decidir a qué escuela irán sus niños, pero el reto es cómo encontrar una fórmula que asegure la igualdad y la cohesión social, manteniendo la calidad de la educación ofrecida. Cómo hacer que los padres tengan voz y voto sobre la escuela donde sus hijos pasarán la mayor parte de la jornada evitando que haya escuelas “buenas” y “malas”.

Podríamos enmarcar el debate en un eje en el que situamos en un extremo a aquellos que defienden que la elección escolar tendría que recaer exclusivamente en manos de la familia y en el otro extremo, a aquellos que creen que tiene que ser una decisión tomada desde las administraciones públicas.

La argumentación principal de aquellos que defienden una libertad absoluta de los padres para escoger la escuela de sus hijos es que introduciendo mecanismos de mercado en la elección de los centros se hará posible que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder a escuelas mejores, independientemente de su procedencia social, zona de residencia o escuela anterior. La competencia entre escuelas para atraer estudiantes también comporta una mejora en la eficiencia y promueve la innovación y la calidad de su oferta educativa. Asumiendo que el progenitor tiene derecho a decidir la educación de su descendiente y que querrá darle la mejor educación posible, podemos pensar que la elección que haga será la más óptima a nivel individual.

No es demasiado difícil pensar en algunos de los inconvenientes de confiar totalmente en el mercado y en la libre elección de las familias. Uno de los primeros sería que aunque esta acción puede ser óptima a nivel individual, no tiene porqué serlo a nivel global. Otro de los inconvenientes más conocidos y contestados a la confianza total en el mercado es la de la ya existente segregación residencial: la división por barrios o distritos en las diferentes ciudades y pueblos suele seguir una división socioeconómica, al menos parcialmente. Puesto que la proximidad del hogar al centro escolar suele ser uno de los principales factores que tienen en cuenta las familias, son aquellas familias con más recursos las que pueden escoger su zona de residencia en función de la oferta educativa (aplicando así una estrategia meditada de elección de centro), mientras que aquellos con menos recursos no pueden escoger lugar de residencia fácilmente y, por lo tanto, tampoco escuela.

Además, centrándonos en el marco de la competencia entre escuelas, hay incentivos claros para que aquellos centros que tienen los mejores alumnos los continúen teniendo. En los centros educativos percibidos como “buenos y de calidad” la demanda de plazas suele ser mayor que la oferta. La opción más eficiente es quedarse con los mejores estudiantes, puesto que es más fácil garantizar su éxito educativo que no el de aquellos estudiantes más vulnerables que ya vienen con una desventaja socioeconómica y educativa previa. Y la división catalana entre centros de titularidad pública, concertada y privada refuerza todavía más los incentivos de los centros privados y concertados para atraer los estudiantes más exitosos y dejar de lado los vulnerables.

Pero tal como se ha destacado en numerosos estudios, la segregación escolar va más allá de la segregación urbana: el interés y la preocupación por la elección del centro no está distribuida uniformemente entre todas las familias. Según un estudio recientemente publicado sobre los dilemas y desigualdades en la elección de centro en Barcelona, la mayor parte de las familias consideran que la elección del centro condicionará el futuro de su hijo, pero se observan diferencias importantes según el nivel de instrucción de los padres.

En el acceso a P3, el 77,7% de los padres con un nivel de estudios obligatorios o inferior consideran la elección de centro como esencial, mientras que este porcentaje aumenta casi 10 puntos (87,4%) entre los padres con nivel de estudios universitarios. Los padres más informados tienden a conseguir una plaza en una escuela de más calidad, donde hay menos alumnos con desventajas educativas y económicas graves. Y estos padres más informados acostumbran a ser los que tienen más recursos económicos y un nivel de estudios más alto. Por otro lado, aquellos padres con un nivel menor de recursos económicos y culturales están menos informados sobre el abanico de posibilidades escolares y, a pesar de querer proporcionar la mejor educación a sus hijos, suelen dar más peso a parámetros poco adecuados y de carácter práctico (como por ejemplo la proximidad geográfica) y menos a los de tipo exclusivamente educativo (como el proyecto escolar o el equipo de profesores).

De forma que la combinación de padres más informados y la saturación de plazas en las mejores escuelas hace que la segregación por centros escolares aumente. Y aquí es donde entra el papel de las administraciones públicas y, por lo tanto, de los que se ubican en el otro extremo del eje.

La evidencia muestra como a nivel internacional aquellas experiencias que confían exclusivamente en modelos de libre elección de las familias están asociadas con mayores niveles de segregación escolar. Así, pues, las administraciones tienen motivos para asegurar no sólo la libre elección, sino también la equidad y la cohesión del sistema. Existen dos alternativas claras: poner límites a la posibilidad de elección o bien dar más apoyo a las familias que se encuentran en una situación de más desigualdad. Estas dos opciones no son excluyentes, sino que una combinación de ambas es posible, como se da en el caso catalán.

Las familias pueden escoger libremente la escuela mientras haya plazas disponibles y, un vez hay más demanda de plazas de las que el centro puede ofrecer se aplican criterios de preferencia para aquellos que ya tienen hermanos en el centro, para las familias monoparentales y las familias numerosas y criterios según la renta familiar o para los alumnos con discapacidad. La intención es compensar la diferencia en igualdad de oportunidades que tienen algunos colectivos en comparación con otros. Pero además de estas medidas de tipo corrector habría que emprender medidas con voluntad transformadora para hacer que aquellos menos informados puedan llegar a estarlo mucho.

En un periodo de crisis económica y de recortes no es sorprendente que los procesos de segregación escolar aumenten. En el caso de Cataluña, el Departament d’Ensenyament es el máximo responsable y quien tiene que velar por una política educativa coherente e integradora, pero parece ser que se ha preocupado más por la libertad de elección que por la planificación de las necesidades educativas de la población. Y no soy la única que lo piensa, sino que también lo muestra el estudio sobre segregación escolar en seis municipios catalanes. Sin embargo, esta misma investigación concluye que desde la experiencia municipal también se pueden emprender acciones educativas para mejorar la equidad y la igualdad de oportunidades, complementando a la de nivel autonómico.

En resumen, a pesar de que en Cataluña existen políticas para moderar la segregación escolar, cabe tener en cuenta que partimos de un contexto de desigualdad mayor que en otros países y que todavía queda mucho camino por recorrer. Para combatir la segregación escolar hay que ir más allá de una lista de criterios objetivos a tener en cuenta en los baremos de admisión al centro que protejan los más débiles. Políticas proactivas de información a las familias más vulnerables y de acompañamiento y orientación de los estudiantes son algunas de las líneas en las que la consejería tendría que profundizar con la intención de “empoderar” a este colectivo más vulnerable y no sólo protegerlo.

Por Queralt Capsada. Esta entrada fue publicada originalmente en catalán en Cercle Gerrymandering. Visto enpolitikon.es

http://sociologosplebeyos.com/2013/04/11/dime-cual-es-tu-escuela-y-te-dire-quienes-son-tus-padres/