Standard and Poor’s (S&P) ha degradado la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos. Por muy grande que sea su déficit y el volumen de su deuda, el hecho puede calificarse como insólito. Sólo cabe una explicación política. No deja de resultar curioso que Estados Unidos reciba de su propia medicina.
Desde sus orígenes, la burguesía ha desconfiado de la democracia sospechando que podría poner en peligro sus privilegios. Ya Benjamín Constant distinguía dos tipos de liberalismo, uno bueno (el de los modernos), que provenía de Montesquieu y consistía en mantener un ámbito de independencia personal y de autonomía, y el otro malo (el de los antiguos), que tenía su origen en Rousseau y se caracterizaba por permitir al pueblo participar en los asuntos del Gobierno.
Las fuerzas económicas han permanecido vigilantes para que el voto del pueblo no interfiriera en sus intereses. En esa tarea no dudaron en echar mano del Ejército (por ejemplo en España y en América Latina) cuando intuían que sus prerrogativas se veían amenazadas. Desde 1971, año en el que Estados Unidos asumió la libre circulación de capitales y fue extendiéndola por el resto de los países, el capital no ha necesitado ya de cañones, ha dispuesto de sus propias armas. Durante bastantes años, el Consenso de Washington, de la mano del Fondo Monetario Internacional, privó de soberanía a la mayoría de las naciones subdesarrolladas, imponiéndolas sus prescripciones.
Recientemente el ataque ha cambiado de nivel, se ha dirigido contra Europa, convirtiendo la democracia de países tales como Grecia, Irlanda, Portugal y España en papel mojado. El último asalto, no carente de osadía, ha alcanzado incluso a la propia Norteamérica. La ofensiva de S&P se dirige, por una parte, a presionar a Obama y al Congreso para que en los debates que se vienen celebrando sobre la política fiscal esta se incline por los intereses del dinero, y, por otra, constituye un aviso, casi un chantaje, a la comisión parlamentaria que está investigando los crímenes de la agencia durante la crisis, cuando otorgó calificaciones óptimas a instituciones en quiebra. Es una llamada de atención para que quede claro quién manda.