El sector denuncia la inseguridad jurídica que genera y advierte de que miles de afectados por la okupación no podrán acogerse al seguro de impagos.

La aprobación de un nuevo real decreto antidesahucios con un seguro de impagos para tratar de compensar a los propietarios no solo no convence a las víctimas de la okupación, a las que el Gobierno sigue condenando a la ruina, sino que también ahuyenta a un sector inmobiliario que ya advierte de que lo único que hará es «perjudicar al alquiler».
La razón es que los caseros seguirán sin poder recuperar sus viviendas y solo cobrarán las rentas impagadas una vez que logren echar a unos okupas a los que, al mismo tiempo, se les impide echar por ley, y solo si sus rentas se ajustan a los límites establecidos por el Gobierno. A ello se suma el mensaje que se transmite con decretos que van y vienen y que, de una semana para otra, cambian completamente la legislación vigente.
«Todas estas medidas siguen redundando en la incertidumbre y generan un clima de inseguridad jurídica que dificulta el desarrollo del alquiler en España», denuncian desde Alquiler Seguro, cuyos responsables jurídicos alertan, además, del limitado alcance de los avales anunciados a bombo y platillo por el Gobierno.
«Millones» de propietarios desamparados
«El Decreto-ley no contiene una previsión específica de carácter retroactivo para esta línea de avales, como en el caso de los desahucios, por lo que ha de entenderse aplicable sólo a contratos suscritos a partir de su entrada en vigor el 30 de enero de 2025″, explican, aunque no descartan que, a posteriori, pueda matizarse este aspecto.
Lo que sí deja claro el Gobierno es que, incluso aunque así fuera, solo podrán cobrar este seguro de impagos siempre que «la renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia», algo que, según Alquiler Seguro, solo se cumple en un 15% de los contratos. «Resulta inconcebible que la política social de este Gobierno en materia de alquiler la tengan que seguir pagando los propietarios particulares, porque el aval anunciado que pretendía compensar a la parte arrendadora, deja fuera a más de 3 millones de contratos de alquiler en vigor. Y para los nuevos contratos de alquiler, será totalmente inaccesible para el 85% de propietarios de viviendas en alquiler, cuyas rentas están fuera del rango del índice estatal de referencia al alquiler aprobado por el Gobierno», afirma Carlos Sánchez, responsable del área jurídica.
La inseguridad jurídica perjudica a todos
La Agencia Negociadora del Alquiler, por su parte, hace hincapié en el drama que supone para este mercado la confusión que generan todas estas medidas que se aprueban, se derogan y regresan al BOE con cambios que tampoco quedan claros. «Estos decretos, que producen efectos jurídicos al aprobarse, pero que luego pierden validez al suspenderse, solo para ser reactivados nuevamente sin certeza de su continuidad, dependiendo de su convalidación por el Congreso de los Diputados, no hacen más que agravar la falta de estabilidad. Este constante vaivén genera inseguridad entre quienes podrían aumentar la oferta de viviendas en alquiler, desincentivándolos de invertir en este mercado«.
La estrategia del Gobierno, por tanto, no solo perjudicará a los propietarios, que seguirán a merced de sus inquiokupas, sino también a los inquilinos con voluntad de pago que continuarán enfrentándose a un mercado con una oferta cada vez más reducida y, por tanto, con unos precios disparatados.
«¿Cómo se espera que propietarios, inversores o promotores quieran apostar por el mercado de alquiler de viviendas cuando se enfrentan a tantas limitaciones e incertidumbres?», se pregunta retóricamente desde ANA, quienes recuerdan que, más allá de este asunto, «el panorama sigue siendo poco atractivo debido a:
1. Las restricciones en los precios que pueden fijar para el alquiler de sus viviendas.
2. Las limitaciones para actualizar las rentas.
3. El aumento de la duración obligatoria de los contratos.
4. La creciente carga fiscal que deben soportar.
5. Las promesas engañosas, como la bonificación del 100% de los rendimientos si fijan sus rentas según el índice de precios de alquiler, que no generan confianza.
6. Los interminables procesos legales para recuperar la vivienda en casos de incumplimiento de los inquilinos, que pueden durar años.
7. La falta de protección efectiva contra la ocupación ilegal de viviendas».