Municipios de Bruselas-Capital están echando mano de un recurso relanzado en 2022: la Gestion Publique
En la región de Bruselas-Capital han decidido ponerse serios en materia de vivienda. Y quieren hacerlo con una iniciativa poco convencional: confiscando casas para luego arrendarlas. Eso sí, con letra pequeña. Sus problemas con la subida de precios, una oferta menguante de pisos en alquiler asequible y la «aguda crisis inmobiliaria» que padece la zona, ha hecho resurgir una vieja herramienta de la que disponen sus municipios desde hace más de una década: el Droit de Gestion Publique, o DGP, un recurso legal que les permite tomar las riendas de casas vacías, reformarlas y alquilarlas luego temporalmente a precios sociales.