Por Unai Cano
Irlanda se ha plantado ante las presiones de Bruselas para implementar leyes de «discurso de odio» que, según denuncian desde distintos sectores, podrían convertirse en herramientas para acallar la disidencia legítima. La alarma ha sido elevada por representantes políticos como el líder de Aontú, Peadar Tóibín, acompañado de otros ciudadanos preocupados por el rumbo que podría tomar la libertad de expresión si se aprueban estas normativas en su forma actual.
En un contexto europeo cada vez más restrictivo, donde usuarios en países como Alemania están siendo encarcelados por sus críticas a la inmigración en las redes sociales, Irlanda se ha mantenido firme en su decisión de no delegar sus principios democráticos a instituciones supranacionales. En el corazón de esta resistencia está una pregunta fundamental: ¿quién decide qué constituye el “odio”?
Lo que para algunos gobiernos europeos se traduce como incitación, para muchos irlandeses es simplemente el ejercicio honesto de su conciencia. En una nación con una larga historia de lucha por la autodeterminación y la justicia social, las propuestas de Bruselas despiertan inquietud: podrían convertirse, aseguran sus detractores, en un caballo de Troya para censurar voces críticas bajo la apariencia de protección.
Los críticos de estas leyes advierten que permitir a los políticos —nacionales o extranjeros— definir los límites del lenguaje aceptable es una puerta abierta al abuso. «¿Cuánto poder es demasiado cuando se otorga la facultad de decidir qué se puede decir y qué no? La experiencia enseña que el silencio impuesto rara vez protege al vulnerable; más bien, tiende a blindar al poderoso«.
“No podemos permitir que comisionados alejados de nuestra historia y realidad local definan los contornos de nuestra conversación pública”, insisten desde Aontú. Y añaden: “Cuando una madre preocupada, un profesor honesto o un ciudadano indignado pueden ser etiquetados como propagadores de odio simplemente por expresar su opinión, es evidente que se ha cruzado una línea peligrosa”.
Una cita antigua —“la ley prohíbe por igual a ricos y pobres dormir bajo los puentes”— resume bien la ironía de estas medidas. Aunque se presentan como igualitarias, estas leyes pueden acabar castigando sólo a quienes desafían las narrativas oficiales. No hay simetría cuando el poder decide qué ideas merecen espacio y cuáles deben ser silenciadas.
Frente a esta amenaza, han hecho un llamado claro: que la ciudadanía presione a sus representantes parlamentarios, que exijan una legislación que defienda los derechos fundamentales, no que los sacrifique en nombre de un bien común mal definido. La libertad de expresión, recuerdan, no debe verse como un peligro, sino como la base misma de una sociedad justa.
Irlanda ha sido históricamente una tierra de voces libres, de resistencia al poder impuesto y de solidaridad con los oprimidos. Hoy, esa tradición está en juego. En lugar de ceder a una censura sutil disfrazada de virtud, muchos irlandeses reclaman permanecer fieles a su identidad: una nación donde decir la verdad nunca fue un crimen.
Europa ha negado 1.100 millones de euros a España con un solo objetivo: que paguemos más por el diésel
España recibirá 23.900 millones de euros de Europa en el quinto tramo de las ayudas de fondos europeos. Sería mayor si hubiera desbloqueado todos y cada uno de los requisitos que Bruselas ha impuesto a España. Como si fuera un videojuego, cada hito conseguido tenía su recompensa en dinero.
Y subir los impuestos al diésel era una de esas cuestiones innegociables.
1.100 millones de euros. Ese es el dinero que dejará de percibir España de un paquete adjudicado de 23.900 millones de euros que forma parte del quinto tramo de ayudas proporcionado por la Unión Europea dentro del marco de los fondos Next Generation.
Para recibir los fondos, Europa obligaba a diversas reformas. Dos de ellas no se han cumplido. La primera es la que tiene que ver con los interinos que Europa quiere convertir en trabajadores fijos pero que no pasan a engrosar las listas del funcionariado. La segunda era una reforma fiscal que contemplara una subida en los impuestos al diésel. El incumplimiento de ambas reformas ha dejado a España sin 1.100 millones de euros.
¿Qué pagamos? Europa lleva tiempo presionando para que el precio del diésel se iguale a la gasolina. Al menos en su tramo impositivo. Eso quiere decir que España debería eliminar la subvención que este combustible tiene en el tramo del Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos. Ahora mismo, las cifras son las siguientes:
- Gasolina sin plomo 98: 431,92 euros/1000 litros o 0,432 euros/litro.
- Gasolina sin plomo 95: 400,69 euros/1000 litros o 0,401 euros/litro
- Diésel: 307 euros/1000 litros o 0,307 euros/litro.
A este tramo del impuesto hay que añadir el autonómico que, desde 2019, es lineal en 7,02 céntimos/litros. Esto nos deja un Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos de:
- Gasolina sin plomo 98: 0,504 euros/litro.
- Gasolina sin plomo 95: 0,473 euros/litro
- Diésel: 0,379 euros/litro.
A estas cifras también hay que añadir el IVA. Como este es del 21%, el impacto será mayor cuanto más caro sea el combustible. Es decir, en un litro de gasolina se recauda más dinero en IVA que en uno de diésel. Según el último boletín europeo, en España pagamos de media el litro de diésel a 1,425 euros/litro. Sin impuestos sería de 0,799 euros/litro. Es decir, el 56% de lo que pagamos en un litro de diésel son impuestos.
Igualar el diésel. Pese a ello, el gran objetivo de Bruselas es igualar los impuestos del diésel y la gasolina. Este combustible está señalado desde Europa porque sus emisiones contaminantes son más perjudiciales para los seres humanos que las de la gasolina y por eso impulsan medidas para reducir su uso o sacarlos del centro de las ciudades.
Para reducir su uso y presionar a los conductores a buscar alternativas más limpias, desde Europa hace tiempo que insisten en igualar los impuestos. Esto elevaría el precio del diésel en casi 10 céntimos/litro, acabando con su ventaja competitiva en las gasolineras.
Yo no lo hago. Evidentemente, subir el precio del diésel tiene un evidente coste político de cara a la sociedad. En abril, Europa daba un ultimátum a España. Debía llegar a un acuerdo para subir el diésel o los fondos quedarían congelados. La amenaza resonó con más fuerza después de que en noviembre de 2024 se deslizara desde el Gobierno que ya se había llegado a un acuerdo para subir hasta 11 céntimos el litro de diésel (igualar el Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos y la pertinente actualización porcentual con el IVA).
Esa reforma fiscal pactada nunca se materializó. Era un fracaso que llegaba tres años más tarde de otra anunciada subida en 2021 que, como bien se puede intuir, tampoco se produjo nunca. Pero eso fue después de la crisis de coronavirus y antes de la Guerra de Ucrania. El conflicto dio una última tregua.
Pero incluso antes, en 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy también tanteó la posibilidad de subir los impuestos al diésel. Al final, esa reforma que iba a afectar al diésel se tradujo en una subida generalizada de todos los combustibles. La presión europea se tradujo en la armonización del tramo autonómico al alza que se aplica desde 2019. Esos 7,02 céntimos/litro de los que ya hemos hablado.
18 millones de coches. La resistencia a implantar estas medidas no es casual. Según los últimos datos recogidos por Anfac, el parque móvil español lo conforman 31,3 millones de vehículos que se mantienen activos. De ellos, el 58,9% son coches movidos por combustible diésel.
Es decir, tres de cada cinco vehículos, más de 18 millones de coches todavía utilizan diésel para moverse a diario. Es el resultado de unos primeros años 2000 donde el diésel llegó a acumular una cuota de mercado que parecía irrebatible. En 2007 se vendieron en España 1,6 millones de coches. De ellos, 1,14 millones eran automóviles movidos por diésel.
Foto | Daniyar Orazov y Xataka
https://www.xataka.com/movilidad/europa-ha-negado-1-100-millones-euros-a-espana-solo-objetivo-que-paguemos-diesel