El equipo de la ONG Transparencia Internacional. EFE
Según el catedrático Jesús Lizcano, presidente deTransparencia España, la actitud de los partidos ante la corrupción se ha convertido en una variable que determina el sentido de voto y las formaciones políticas deben tomar nota y no ser «insensibles». A su juicio, en nuestro país rige una partitocracia donde los partidos tienen extendida su presencia en todos los organismos e instituciones, y en cambio las encuestas reflejan que están alejados de los ciudadanos y que no gozan de credibilidad.
Estas 40 medidas, que inicialmente eran más de 150, han sido elaboradas pluralmente por una Comisión de Medidas legales y sociales contra la corrupción, creada en el seno de la ONG e integrada por 34 miembros pertenecientes a la Universidad, la Judicatura, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, organismos antifraude y las Fuerzas de Seguridad.
Organismos estatales y autonómicos
Por un lado, exigen un compromiso para despolitizar la elección de los miembros de las principales instituciones del país (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus equivalentes autonómicos), así como prohibir que se nombre a políticos para formar parte de órganos reguladores y de control.
Además, abogan por eliminar el aforamiento de políticos en caso de investigaciones judiciales por delitos relacionados con corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etc.), delitos contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social y/o delitos de fraude de subvenciones/ayudas públicas.
Del mismo modo, plantean prohibir que una persona que se encuentre investigada judicialmente o haya sido condenada por delitos relacionados con la corrupción pueda concurrir a cualquier tipo de lista o proceso electoral.
Transparencia Internacional también aconseja establecer límites temporales claros y precisos para el ejercicio de todos los cargos públicos, y especialmente en el seno de instituciones y organismos especialmente relevantes para la causa pública, como pudieran ser los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, con el fin de «evitar riesgos de corrupción y la generación de redes clientelares».
Basta de cargos ‘a dedo’
Y, mientras un político ejerza cargo público, creen que deberíadesvincularse de su cargo en el partido y no tener responsabilidades políticas o económicas en la organización, con la excepción del presidente del Gobierno.
En la Administración, hacen hincapié en profesionalizar la gestión pública en función del mérito y la capacidad y proponeneliminar los sistemas de libre designación, limitar los puestos eventuales, e imponer un «régimen estricto» de incompatibilidades de los altos cargos públicos, a los que exigen dedicación exclusiva con la única excepción de tareas académicas. Y frente a las «puertas giratorias», piden ampliar de dos a cinco años el plazo de incompatibilidad que rige para los cargos cesantes.
Por otro lado, recomiendan un «aumento urgente» de efectivos en las carreras judicial y fiscal hasta alcanzar la media de la Unión Europea (21 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 11 que hay en España).
En el ámbito de la represión, quieren introducir en el Código Penal el delito de Enriquecimiento ilícito y que se pueda exigir responsabilidad civil solidaria a los partidos políticos y dirigentes cuyos cargos hayan sido condenados por corrupción.
Apoyo al denunciante
Estas son otras de las medidas planteadas:
–Establecer incentivos tanto en el sector privado como a los funcionarios, para la denuncia de casos de corrupción, permitiendo «programas de clemencia» para funcionarios públicos y particulares implicados que colaboran con la justicia.
–Incluir un régimen sancionador en la Ley de Transparencia.
–Aplicar los principios de la transparencia a las fundaciones de los partidos políticos
–Comprometerse a no efectuar operaciones con países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales. Su incumplimiento será causa de renuncia.
–Regulación por Ley de los Lobbies o «grupos de interés» y su vinculación con el sector público, estableciendo medidas de transparencia y de control en sus relaciones con los cargos públicos, y creación de un Registro público obligatorio, on line y abierto, de todos sus integrantes y actividades básicas en este terreno.
–Revocar la doctrina de Hacienda de 2014 de asumir como legales las donaciones presuntamente ilegales.
–Control de los flujos directos o indirectos de las subvenciones públicas, especialmente cuando las subvenciones son recibidas por sociedades públicas, que escapan del control administrativo.
–Eliminación del sistema de libre designación de los secretarios, interventores y tesoreros de Administración Local, pasando a basarse su designación en los principios de publicidad, mérito y capacidad, para evitar que sean elegidos por los propios cargos electos a los que van a controlar.
Estas 40 medidas se añaden a las 60 que Transparencia Internacional presentó y envió a los partidos políticos el pasado 9 de octubre, así como a las doce medidas que la organización que preside Jesús Lizcano ya había propuesto antes en 2014 a los partidos, que estos aceptaron mayoritariamente y algunas de las cuales ya son realidad en la legislación española, como la prohibición de condonación de deuda a los partidos y la tipificación como delito de la financiación ilegal.