Sólo 6 diputados –Pouria Amirshahi, Isabelle Attard, Sergio Coronado, Noel Mamere, Barbara Romagnan y Gerard Sebaoun– votaron contra la ley que renueva y extiende el estado de urgencia en Francia.

Ellos comprendieron que quienes ordenaron los atentados perpetrados son falsos aliados de Francia y que la verdadera respuesta a los atentados sería renunciar a las alianzas que ensucian la República Francesa.

En vez de ceder a la histeria generalizada, estos diputados optaron por la defensa de la democracia.

Desde aquí les expresamos nuestro reconocimiento y reproducimos la opinión de uno de ellos, el ecologista Sergio Coronado.

Los yihadistas han golpeado a París en pleno corazón: en los alrededores del Stade de France, en los distritos X y XI, donde viví hasta hace sólo unos meses, en la sala Bataclan, donde a menudo fui a divertirme.

Sus blancos fueron la juventud, nuestra manera de vivir, nuestras libertades. Este viernes 13 fue espantoso, con tantas víctimas y tantos muertos.

Los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad que arriesgaron sus vidas para proteger nuestra seguridad y los profesionales de la salud en plena labor suscitaron una admiración unánime, mucho más allá de nuestras fronteras.

Los mensajes de solidaridad y de amistad provenientes del mundo entero fueron para nosotros como besos reconfortantes.

Es evidente el objetivo de los asesinos: crear las condiciones de una guerra civil en pleno corazón de nuestro país, introduciendo allí el odio, arremetiendo contra las libertades que constituyen la vida cotidiana, como la libertad de circular, la libertad de reunirse, la libertad de hacer manifestaciones…

Esos yihadistas que matan en nombre de Daesh [1] no tienen fronteras, se mueven en un espacio transnacional y en el ciberespacio.

Reclutan en toda Europa, en África, en Asia, en el Medio Oriente. Son, en parte, el resultado de las intervenciones occidentales en Afganistán, en Irak, en Libia y en Siria, cuyo balance nunca hemos hecho, sin duda porque nunca nos han llamado a pronunciarnos sobre si esas intervenciones se justificaban o no.

El estado de urgencia se instauró mediante la ley del 3 de abril de 1955, durante la guerra de Argelia. En aquella época, por cierto, sólo sirvió para desestimular los atentados en territorio francés. Pero abrió el camino al voto a favor de los poderes especiales en marzo de 1956.

Hoy en día, la amenaza es imprecisa, esporádica, puede resurgir en cualquier momento. Es a la vez externa e interna. Se trata, en efecto, de jóvenes franceses, de europeos que matan y masacran en el mismo lugar donde nacieron, donde vivieron.

A partir de eso, existe la hipótesis de un estado de urgencia que dure más tiempo que lo previsto.

Pero el estado de urgencia es un estado de excepción y, por ende, necesariamente temporal, mientras que la amenaza es duradera, incluso permanente según las palabras del primer ministro.

En ese contexto, ¿es necesario prorrogar el estado de urgencia?

¿Quiere eso decir que el estado de derecho es un estado de debilidad?

Yo creo, al igual que Robert Badinter, que el estado de derecho no es un estado de debilidad.

Importantes medios han sido desplegados, desde hace un año, y medios suplementarios serán puestos a la disposición de la justicia, de la policía, de los servicios de inteligencia. Esos medios no dependen del estado de urgencia.

Desde 1986, nuestro Parlamento ha venido fortaleciendo constantemente el arsenal judicial contra el terrorismo. Varias medidas que restringen las libertades públicas y que en el momento de su adopción habían sido anunciadas como temporales han sido finalmente implantadas de forma perenne.

Ya existen en el derecho numerosas modalidades de acusación, de instrucción y de juicio para luchar contra el terrorismo.

Para decirlo claramente, son ya exorbitantes en relación con el derecho común, como en el caso de la detención bajo custodia, de los registros nocturnos, de las intrusiones en los domicilios y confiscaciones, de los controles de identidad y registros realizados en los vehículos, de los procedimientos menos restrictivos en materia de pruebas y de juicio contra los acusados y de la modificación de los plazos de prescripción.

El estado de urgencia no es en sí mismo, desgraciadamente, capaz de eliminar el peligro. Sirve, sobre todo, para demostrar que algo se hace, sin que se haya demostrado su verdadera eficacia. Las garantías del estado de derecho no son un obstáculo en la lucha contra el terrorismo.

Descartar la institución judicial constituye un peligro para nuestra democracia. Unas 2 500 personas se dedican a las labores de inteligencia mientras que apenas 150 laboran del lado judicial. Ese desequilibrio significa que los jueces no disponen de medios para examinar la información que se les entrega.

Siendo mi íntima convicción que el estado de urgencia no garantiza ninguna superioridad operativa en materia de lucha contra el terrorismo sino que representa, por el contrario, una suspensión de nuestro estado de derecho y, por consiguiente, un peligro para nuestras libertades, decidí votar contra el proyecto de ley que prorroga el estado de urgencia.

[1] Daesh es el acrónimo árabe del Emirato Islámico, también designado en Occidente como «Estado Islámico», o través de siglas como EI, ISIS, ISIL, EIIL. Nota de la Red Voltaire.