Fin de la barra libre para los pisos turísticos. Con el país en niveles récord de afluencia de visitantes, el recuerdo reciente de las protestas contra la masificación de Canarias y el coste de la vivienda convertido en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, las autoridades se han lanzado a regular los alojamientos para turistas. El objetivo: ponerles coto. Tanto, que en algún caso eso se traduce directamente en un cierre masivo. La tendencia no es nueva, pero parece haber ganado impulso en los últimos meses con movimientos en Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga o Córdoba, como parte de una largo suma y sigue.

Como acaba de visibilizar el intento de Santiago por refrenar la oferta, en ocasiones ese cambio regulatorio afecta de forma directa a quienes han enterrado sus ahorros en comprar o reformar un apartamento para destinarlo a fines turísticos.

¿Qué dicen las cifras? Que el negocio de los pisos turísticos se ha expandido con fuerza por España, animado por el aumento del flujo de visitantes extranjeros tras la pandemia, las facilidades que ofrecen plataformas como Airbnb o Holidu y la pingüe rentabilidad que deja a los propietarios, sobre todo en los destinos más concurridos. No es extraño que, tras su expansión de los últimos años, haya ciudades en la que la oferta de alquiler vacacional ya supere a la hotelera.

Los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que, tras experimentar un incremento sensible a lo largo del último año, por España se reparten 351.400 «viviendas turísticas» con 1,75 millones de plazas. En algunas ciudades las propias autoridades han apreciado una brecha notable entre los apartamentos registrados y los que realmente se anuncian en las redes, con ofertas que en la práctica superan con creces el parque oficial.

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Echando el freno. Eso es lo que están haciendo las autoridades en diferentes puntos del país. Y cada vez de forma más clara. Ante la clara proliferación de pisos turísticos y para evitar que su oferta complique (aún más) el acceso a la vivienda, los ayuntamientos se han lanzado a regular el alquiler vacacional. Ejemplo claro lo deja Madrid. Hace apenas un mes su Consistorio lanzó un «plan de acción» que, en palabras del propio organismo, «ordena» los pisos de uso turístico, congelando la concesión de licencias de forma inmediata y endureciendo las sanciones.

Valencia acaba de activar una moratoria, en Sevilla han optado por no conceder nuevas licencias en los barrios más saturados de su barrio histórico y en Málaga, Córdoba o Vigo han dado pasos también para regular o limitar la oferta. Tras las manifestaciones en contra de la saturación, Palma de Mallorca ha dado muestras de que endurecerá su tono con los alquileres vacacionales y en Cataluña se han adoptado o perfilan medidas para regular e incluso evitar la especulación.

El caso de Santiago. Si bien los pisos turísticos se han colado en la agenda política de muchas de las urbes de España, hay una en concreto en el que destaca desde hace meses. Por sus detalles. Y por las lecturas que deja. En Santiago, una ciudad con menos de 100.000 vecinos pero un mercado inmobiliario interesante por la gran demanda de alquiler estudiantil que genera la universidad y el enorme flujo de turistas movilizados por el Camino y su patrimonio histórico, han decidido regular también la oferta de viviendas disponibles para los viajeros.

En líneas generales, como precisa la cadena SER, la nueva regulación tumba las viviendas de uso turístico que no se ajusten al Plan de Ordenación Municipal ni el Plan Especial de la Ciudad Histórica. Y eso en la práctica aboca al cierre a buena parte de su parque actual. Se habla de la desaparición de 650 pisos turísticos, a los que nos les quedará más remedio que echar el cierre o resignarse a operar solo dos meses al año.  El propio sector asegura que ya está recibiendo órdenes de cierre.

Bajando al detalle. Con el cambio normativo podrán destinarse a alquiler turístico viviendas que se usen como residencial habitual, pero siempre y cuando cumplan ciertos requisitos y solo durante un tiempo determinado: como máximo 60 días al año. La normativa fija además límites bien definidos para las conocidas como VUT (vivienda de uso turístico), aclarando dónde pueden situarse —es restrictiva en el casco histórico— y qué características deben cumplir.

«Mis ahorros están ahí». El caso de Santiago de Compostela es interesante porque afecta a cientos de personas, incluida gente que a lo largo de los últimos años han comprado y reformado apartamentos en la ciudad con un propósito muy concreto: arrendárselos a los turistas. Las noticias publicadas durante las últimas semanas en medios locales y regionales muestran además que al menos una parte significativa de esos anfitriones afectados son familias, pequeños propietarios que han invertido todos o parte de sus ahorros a modo de inversión.

«Me dejé todo, quedé a cero, vacío, para ponerlo moderno y bonito, comprar electrodomésticos… cuando acabé fui al ayuntamiento a preguntar qué papeleo tenía que hacer y me respondieron que no hacía falta nada, así que me inscribí en el REAT y empecé a operar hace ya siete años», señala a ABC Lucas, un particular que asegura haber invertido 35.000 euros en remodelar un apartamento del centro histórico y alquilárselo a visitantes. Esos ingresos le ayudan a afrontar la hipoteca y los costes del piso que han comprado para vivir en otro barrio de la ciudad.

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Cientos de afectados. Las cifras bailan, pero en líneas generales el cambio normativo afectaría a cientos de anfitriones. La SER precisa por ejemplo que de las 816 viviendas para turistas que figuran en el Registro de Empresas e Actividades Turísticas de la Xunta, solo una pequeña parte, 170, se ajustarían a los requisitos de la normativa. Otras fuentes apuntan que, tras el cambio en el PGOM, aprobado a comienzos de 2023, solo 58 de los cientos de viviendas que operaban hasta ahora podrán seguir haciéndolo con licencia durante todo el año. Entre otras cuestiones deben cumplir ciertos requisitos sobre su ubicación en los edificios.

Los afectados insisten en los perjuicios que les causa la nueva regulación, advierten del efecto que tendrá en la oferta de alojamiento de la ciudad y reivindican su papel económico. «Yo pago un 40% más de comunidad por un supuesto mayor uso de los servicios», recuerda Alberto, otro perjudicado, a COPE: «¿Cuántas denuncias hay en la Policía por ruidos en pisos turísticos y cuántas por pisos de estudiantes?».

¿Volver al mercado residencial? Al menos parte de los anfitriones de Compostela que ahora acogen a turistas ya advierten que no recolocarán sus pisos en el mercado del alquiler convencional o para estudiantes. «Si meto estudiantes aquí durante el curso tendré que hacer un desembolso en verano para volver a pintarla y arreglarla de nuevo, no me compensa», asegura María a ABC. La alternativa más factible para ella: sacar su apartamento a la venta.

Imagen | Juan Antonio Segal (Flickr)

https://www.xataka.com/magnet/anos-barra-libre-ciudades-se-lanzan-a-regular-cerrar-pisos-turisticos-para-pequenos-caseros-drama