Una investigación a la que tiene acceso elDiario.es desvela que en noviembre el buque Sagamore transfirió armamento de EEUU a Israel a través de Rota, a pesar del anuncio de suspensión de este tipo de escalas por el Gobierno español
Estados Unidos sigue siendo suministrador esencial de armamento a Israel mientras continúan las masacres contra población civil en el norte de Gaza, y para ello emplea varias rutas de transporte. Una información a la que ha tenido acceso elDiario.es indica que, en octubre y noviembre de este año, el buque MV Sagamore usó la base naval de Rota, en Cádiz, para hacer escala en su transporte de armamento al puerto israelí de Ashdod, cubriendo así un servicio para el Mando Militar de Transporte Marítimo de EEUU (MSC).
A través de las imágenes por satélite se comprueba la presencia del barco en las costas de Rota el pasado 27 de octubre. El carguero llevaba en aquel momento contenedores amarillos en la cubierta. Venía del puerto MOTSU (Terminal Oceánica Militar Sunny Point), situado en Wilmington, Carolina del Norte (EEUU) -perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos- y tenía como destino Ashdod, Israel.
Otra imagen por satélite del 16 de noviembre muestra cómo el Sagamore aparece nuevamente en Rota, tras su paso por Israel, ya sin contenedores amarillos en la cubierta. La base militar de Rota es de uso compartido con Estados Unidos, pero de exclusiva soberanía española.
Las imágenes de satélite muestran al barco en Rota con contenedores en el viaje de ida y sin ellos a la vuelta
El cálculo del cargamento de material militar
Una investigación de los colectivos internacionales Progressive International y Palestinian Youth Movement, facilitada a este diario, ha podido comprobar que el Sagamore descargó unos 48 contenedores en Rota -se detectó una disminución del calado del barco de 0,2- a pesar de que no atracó en el puerto. Tras ello, permaneció 37 horas con su rastreador apagado y reapareció el 10 de noviembre a 34 millas del puerto israelí de Ashdod.
Los buques fletados para la Armada de EEUU que transportan explosivos y municiones no incluyen conocimientos de embarque en bases de datos accesibles. Es decir, no hay información pública sobre el contenido de su carga. “Esto significa que no se puede determinar la cantidad precisa de material militar cargado o descargado, pero se pueden hacer estimaciones basadas en cambios en el calado”, explican los investigadores en contacto con elDiario.es.
El buque entregó miles de toneladas de municiones explosivas a Israel mientras éste sigue lanzando ataques contra Gaza
El calado es la distancia entre el casco de un barco y la superficie del agua, y cambia según la cantidad de carga que transporte el barco. Tras su paso por el puerto israelí de Ashdod, el buque Sagamore informó de “una disminución del calado del barco de 0,4 m, lo que corresponde a aproximadamente noventa y seis contenedores de municiones” y otros suministros militares.
Estas evidencias muestran el uso de la base de Rota en España para el traslado de armamento a Israel, a pesar de que el Gobierno español afirmó en mayo que no permitiría estas escalas en puertos españoles. Las pruebas empleadas por el equipo investigador son los cambios de calado del buque, su historial de viajes, las imágenes por satélite y el pasado del barco en la entrega de material militar a Israel.
El puerto de EEUU del que procedía el buque (MOTSU) es el puerto militar más grande del mundo y se utiliza exclusivamente para el transporte de munición real y explosivos. Con toda esta información el equipo investigador indica que este buque entregó “miles de toneladas de municiones explosivas de Clase 1 a Israel este invierno mientras Israel lleva a cabo su guerra contra Gaza”.
El puerto militar de EEUU del que procedía el buque es el más grande del mundo y se usa para el transporte de munición real y explosivos
También señala altos indicios de que el Sagamore transportó armamento desde Chipre a Israel entre abril y junio, misión que compaginó con la construcción de un muelle flotante en Gaza, una tarea comandada por el Ejército de EEUU y que finalizó menos de dos meses después, tras el desplome del muelle.
Este pasado 3 de diciembre el Sagamore estaba atracado nuevamente en el puerto Sunny Point, (MOTSU), en Wilmington, EEUU. A día de hoy, 17 de diciembre, la información pública indica que el buque está a la espera de órdenes para este próximo jueves. Progressive International y Palestinian Youth Movement advierten de que su presencia en ese puerto militar puede suponer otro plan de viaje a Israel para llevar más material militar.
Estos colectivos internacionales piden a “las naciones de conciencia europeas y del norte de África” que nieguen el atraque o reabastecimiento a todos los buques con material militar a Israel y, en concreto, solicitan al Gobierno español que se niegue a permitir que la base de Rota “o cualquier agua española se use para buques que transporten material militar a Israel”.
Además, hacen un llamamiento “a todos los trabajadores de conciencia” de puertos, transporte y logística en Europa y el norte de África para que se nieguen a manipular cualquier envío de municiones o carga militar con destino a Israel.
Entre mayo y septiembre al menos 25 barcos con material militar de EEUU a Israel hicieron escala en Algeciras
También recuerdan que el uso de la base naval de Rota para el transporte de material militar israelí viola el Tratado Internacional sobre Comercio Armas, que prohíbe la transferencia de armamento -incluido el tránsito- a países que puedan usarlo contra población civil para crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. La Ley española 53/2007 establece pleno compromiso con dicho tratado.
Además, la resolución de la Asamblea de la ONU aprobada en septiembre –con 124 votos a favor, incluido el de España– solicita a los países miembros la suspensión de las inversiones, el comercio y las transferencias -lo que incluye el tránsito- que puedan contribuir a la ocupación ilegal israelí o usarse como material militar en los territorios palestinos. A ello se suman las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En noviembre la naviera Maersk indicó que la ruta de sus barcos por Algeciras con carga militar a Israel era «rutinaria»
La escala en España de otros barcos
Este tránsito de armamento contradice lo anunciado por el ministro de Exteriores español, José María Albares, el pasado mes de mayo, cuando aseguró que España no permitiría tránsitos por España de material militar con destino Israel. Sin embargo, como desveló elDiario.es en noviembre, desde ese anuncio de mayo hasta este mes de septiembre al menos veinticinco barcos con material militar de EEUU para Israel hicieron tránsito -y transbordo- en el puerto español de Algeciras.
Este diario también adelantó el pasado 13 de noviembre, en base a investigaciones de Progressive International y Palestinian Youth Movement, que otros once barcos de la naviera Maersk tenían previsto transportar armamento desde EEUU a Israel haciendo escala en España. Su llegada escalonada a Algeciras estaba programada entre noviembre de este año y febrero de 2025.
Ante estas informaciones, colectivos y sindicatos han exigido al Gobierno español un protocolo de inspección a los buques con destino a Israel y un embargo integral de armamento que incluya vigilancia del tránsito de material militar.
EEUU investiga a España por el desvío de barcos con material militar a Israel y advierte de que puede sancionarla
Preguntadas por ello, fuentes del ministerio de Exteriores español afirmaron a este medio que “ningún barco que lleve material militar a Israel será autorizado a hacer escala en España” y aseguraron que no habían tenido conocimiento de los tránsitos anteriores, por lo que “se trataría de acciones fraudulentas ante las que se adoptarán medidas”.
Ante ello, la naviera Maersk desvió el trayecto de sus cargueros hacia Tánger -lo que provocó protestas sociales en el país norteafricano- y dijo haberse puesto en contacto con las autoridades españolas para comprender por qué negaban “la entrada de cargas similares a envíos anteriores”. En un comunicado, Maersk indicó el carácter “rutinario” de la ruta de estos barcos a través del puerto de Algeciras y la existencia en ella de cargas relacionadas “con el Ejército, con destino u origen en Israel”.
La investigación de EEUU a España
Tras estas informaciones de elDiario.es y la reacción del Gobierno español, este mes de diciembre entró en escena la Comisión Federal Marítima de EEUU -agencia del Gobierno estadounidense- anunciando que podría sancionar a España por vetar la escala en Algeciras de barcos que transportan armas para Israel.
En un comunicado difundido el 7 de diciembre, dicha agencia indica que está investigando si España “está creando condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de los Estados Unidos al denegar la entrada a sus puertos a determinados buques”.
La agencia señala que la ley estadounidense autoriza este tipo de investigaciones y, “si es necesario”, la adopción de “medidas”, lo que incluye la denegación de la entrada en puertos de EEUU a buques del país sancionado y multas de hasta 2.304.629 de dólares por escala.
Valencia y Barcelona también son puertos de tránsito de armamento a Israel, denuncia el Centre Dèlas
Además de Rota y Algeciras, Valencia y Barcelona también han actuado en estos meses de atrás como puertos de tránsito de armamento con destino Israel, como desveló elDiario.es en noviembre, a través de las conclusiones del investigador Alejandro Pozo, del Centre Delàs de Estudios por la Paz. Pozo indica que estas escalas son “la norma, no la excepción”.
Por todo ello, colectivos nacionales e internacionales -sindicatos portuarios, movimientos como RESCOP, juristas o gente de la cultura– exigen al Gobierno español un embargo integral de armas que garantice el fin del tránsito y protocolos de vigilancia para evitar nuevas escalas.
Según cifras oficiales, ya hay más de 45.000 muertos -17.000 de ellos niños- y unas 102.000 personas heridas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. A estas cantidades hay que añadir unos 11.000 desaparecidos bajo los escombros, así como las muertes provocadas por el bloqueo intencionado de ayuda humanitaria por parte de Israel, que está causando hambre y enfermedades. Entre este domingo y lunes el Ejército israelí lanzó ataques contra cuatro escuelas con refugiados en la Franja, en los que mató a 69 personas, entre ellas varios niños, mujeres, y un bebé de dos días.
Crisis de confianza en el Tribunal Penal Internacional
En una reciente reunión en La Haya, los representantes estatales ante el Tribunal Penal Internacional se angustiaron por las desastrosas implicaciones paral derecho internacional si Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant no rindieran cuentas por los crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Las órdenes de detención contral Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ex Ministro de Guerra, Yoav Gallant, el 21 de noviembre, no solo conmocionó a las camarillas israelí y estadounidense, sino también a algunos de los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, que pronto serían los encargados de ejecutar esas órdenes, una vez que hayan sido certificadas y comunicadas allos por el Registro de el Tribunal.
La semana pasada, en las salas del Centro de Convenciones del Foro Mundial de La Haya, los representantes de esos países se reunieron para la 23 Sesión de la Asamblea de los Estados Partes (ASP) del Tribunal Penal Internacional, el órgano representativo que financia, gobierna y supervisa la implementación del tratado fundacional del Tribunal Penal Internacional. En última instancia, la ASP garantiza que los perpetradores de los crímenes internacionales más graves sean detenidos, juzgados y encarcelados.
Tanto en la reunión oficial de la ASP como tras bambalinas en los pasillos de La Haya, el tema que estaba en la mente de todos era la cuestión de las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant y las implicaciones potencialmente desastrosas paral orden internacional basado en reglas si los Estados Partes ceden a las presiones externas que buscan proteger a los funcionarios israelíes de la rendición de cuentas.
Entre los crímenes de los que se acusa a Netanyahu y Gallant, en órdenes de detención clasificadas como “secretas”, se encuentran “el crimen de guerra de inanición como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, todos ellos “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”.
Al sugerir el crimen de genocidio –sin utilizar el término–, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional citaron “motivos razonables para creer que [Netanyahu y Gallant] privaron intencional y conscientemente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.
Si Netanyahu, Gallant y otros dirigentes israelíes susceptibles de ser acusados de crímenes graves se sienten bajo presión, también se sienten los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma, ante la perspectiva de detener y entregar a los dirigentes de un estado supuestamente democrático, respaldado por Occidente –y el querido aliado del estado más poderoso del mundo.
El horror sólo aparece con la conciencia
“Estamos en un punto de inflexión en la historia”, dijo la jueza del Tribunal Penal Internacional y presidenta de el Tribunal, Tomoko Atame, a la Asamblea en la apertura de los procedimientos de la ASP el 2 de diciembre en la capital holandesa.
“El derecho internacional y la justicia internacional están bajo amenaza”, dijo Atame. “El peligro paral Tribunal es existencial […] El futuro del Tribunal está ahora completamente en sus manos”.
Docenas de ministros de asuntos exteriores y delegados de diversa procedencia subieron al estrado de la Asamblea, pidiendo que se ponga fin a los dobles raseros y a la impunidad; que se persiga a los autores de los crímenes más graves “sin temor ni favoritismo”; que los Estados Partes cooperen con el Tribunal, en primer lugar y sobre todo, ejecutando las órdenes de detención.
La única delegada que se refirió al ataque de Israel a Gaza con algún detalle fue la ministra de Justicia de Namibia, Yvonne Dausab. El país africano “recibe con agrado las recientes órdenes de detención emitidas por el Tribunal Penal Internacional contral Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant”, declaró Dausab.
“Namibia está consternada por la muerte, las heridas y el sufrimiento de la población del territorio palestino ocupado, su desplazamiento indiscriminado y la destrucción de infraestructuras, incluidas escuelas y hospitales”, dijo Dausab. “La negación del acceso a la ayuda humanitaria es una afrenta total a las Convenciones de Ginebra […] Nuestra conciencia colectiva civilizada debe estar horrorizada”.
Amenazas contra los miembros del Tribunal
En la reunión muchos Estados Partes y grupos no gubernamentales que también hablaron se centraron en la letanía de amenazas, actos de intimidación y sabotaje que ha enfrentado el Tribunal Penal Internacional, algunos de los cuales son más descarados por parte de Estados que se han negado a adherirse al Estatuto de Roma.
Estas amenazas parecen provenir de múltiples direcciones.
“Es muy posible imaginar una aplicación quirúrgica de un Onyx hipersónico desde un barco ruso en el Mar del Norte en el Tribunal de La Haya”, sugirió el presidente ruso, Dmitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en respuesta a la orden de detención del Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin, emitida por el tribunal en marzo de 2023, “así que, jueces, miren atentamente al cielo”.
A raíz de las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional contra dirigentes israelíes, algunos políticos estadounidenses parecen dispuestos a unirse a Rusia en su asalto al tribunal penal más importante del mundo.
“El Tribunal Penal Internacional es un tribunal irregular y Karim Khan es un fanático desquiciado”, declaró el senador de Arkansas Tom Cotton en X/Twitter. “Ay de él y de cualquiera que intente hacer cumplir estas órdenes judiciales ilegales. Permítanme darles a todos un recordatorio amistoso: la ley estadounidense sobre el Tribunal Penal Internacional se conoce como Ley de Invasión de La Haya por una razón. Piénsenlo”.
En una carta del 24 de abril, un mes antes de que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, solicitara órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, Cotton y otros once senadores republicanos advirtieron que “Estados Unidos no tolerará ataques politizados del Tribunal Penal Internacional contra nuestros aliados”.
“Apunten a Israel y los atacaremos a ustedes”, agregaron los senadores. “Si siguen adelante con las medidas indicadas en el informe, nos moveremos para terminar con todo el apoyo estadounidense al Tribunal Penal Internacional, sancionaremos a sus funcionarios y asociados y les prohibiremos a ustedes y a sus familias ingresar a los Estados Unidos. Han sido advertidos”.
A principios de junio, tras la solicitud de Khan de que se emitan órdenes de detención, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por 247 votos a favor y 155 en contra, sanciones al Tribunal Penal Internacional. Cuarenta y dos demócratas votaron a favor. La Resolución 8282 de la Cámara de Representantes espera la aprobación del Senado de Estados Unidos.
‘Nos matan con bombas estadounidenses y europeas’
Los aliados de Estados Unidos que pronto tendrán la tarea de ejecutar las órdenes de detención de Khan contra los dirigentes israelíes también han sido amenazados. “A cualquier aliado –Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia– que intente ayudar al Tribunal Penal Internacional, lo vamos a sancionar”, dijo el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham a Fox News a finales de noviembre, refiriéndose al Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya como un tribunal belga.
“El Estatuto de Roma no se aplica a Israel ni a Estados Unidos”, declaró Graham en otra ocasión, “porque no fue concebido para perseguirnos”.
Los intentos más atroces de frustrar el procesamiento de los dirigentes israelíes por parte del Tribunal Penal Internacional parecen haber sido realizados por el propio Israel: presunto pirateo de las aplicaciones informáticas del Tribunal Penal Internacional y amenazas macarras y cara a cara contra la ex fiscal jefe Fatou Bensouda.
Las amenazas contral Tribunal podrían resultar contraproducentes, dijo el abogado australiano de derechos humanos Chris Sidoti a la ASP la semana pasada. La “postura pomposa de políticos engreídos” es una cosa, dijo Sidoti. Según el artículo 70 del Estatuto de Roma, continuó Sidoti, las acciones que intimidan, corrompen o lesionan a testigos, funcionarios judiciales y al propio tribunal son delitos procesables.
También lo son los actos que ayudan e incitan a los crímenes del Estatuto de Roma. “¡Nos matan con bombas estadounidenses y europeas!”, gritó Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, en una sesión paralela a la Asamblea de la semana pasada, en la que no había sitio para nadie, golpeando la mesa con el puño y pidiendo rendición de cuentas.
“¿Queréis que Gaza y Palestina sean el cementerio del derecho internacional? Los pueblos libres y comprometidos de todo el planeta no pueden ser rehenes de cuatro, cinco o seis Estados que se apropian de todo este sistema jurídico internacional y quieren destruirlo, quieren desterrarlo […] ¡Es kafkiano!”
El doble rasero occidental
Las amenazas contral Tribunal Penal Internacional por parte de Estados no miembros del Convenio de Roma son motivo de enorme preocupación, declararon los delegados de la Asamblea de la semana pasada. Mucho más preocupante es la falta de voluntad de quienes se han adherido al tratado fundacional del Tribunal para cumplir con su deber legal de ejecutar las órdenes de detención. Abundan las declaraciones contradictorias.
“El gobierno federal [alemán] se adhiere a la ley, porque nadie está por encima de ella”, dijo la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalina Baerbock, al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la ciudad italiana de Fiuggi, el 26 de noviembre.
Días antes, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, anunció que se examinarían “cuidadosamente” las “medidas internas” derivadas de las órdenes de detención contra dirigentes israelíes, y añadió: “Me resulta difícil imaginar que ejecutemos detenciones”.
“Francia cumplirá con sus obligaciones internacionales”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores francés el 27 de noviembre, estipulando que, como dirigente de un Estado no parte del Estatuto de Roma, Netanyahu gozaba de inmunidad.
A raíz del acuerdo de alto el fuego en Líbano alcanzado apenas 24 horas antes –con Francia como co-garante–, la posición de Francia sobre la inmunidad de Netanyahu parecía ser un quid pro quo. “De conformidad con la amistad de larga data entre Francia e Israel”, añadió el comunicado de Francia del 27 de noviembre, “Francia tiene la intención de seguir trabajando en estrecha cooperación con el Primer Ministro Netanyahu y las demás autoridades israelíes para lograr la paz y la seguridad para todos en Oriente Medio”.
De hecho, ni los Estados no partes del Estatuto de Roma ni sus dirigentes gozan de inmunidad. “La calidad [oficial] de Jefe de Estado o de Gobierno, de miembro de un Gobierno o parlamento, de representante electo o de funcionario gubernamental no eximirá en ningún caso a una persona de responsabilidad penal”, establece el artículo 27 del Estatuto.
“Nadie, sin importar quién sea o dónde se encuentre, puede escapar de la justicia”, dijo el embajador de Hungría a la ASP la semana pasada, aunque Hungría fue uno de los primeros Estados Parte de Roma, junto con Argentina, en anunciar que Netanyahu sería bienvenido a visitar el país.
Las triquiñuelas de los anfitriones
Irlanda sería menos hospitalaria. “No podemos decir que nos preocupamos por las víctimas y luego invitar a los perpetradores a nuestra casa”, dijo la embajadora irlandesa en Países Bajos, Ann Derwin, a la ASP la semana pasada. “La justicia no es un menú a la carta”, dijo Derwin. “No podemos elegir cumplir con nuestras obligaciones bajo los Estatutos de Roma cuando nos conviene e ignorarlas cuando no”.
Fiel a su condición de estado anfitrión del Tribunal Penal Internacional, tal vez Países Bajos haya tomado el camino correcto. “Actuamos en base a las órdenes de detención para personas que estén en territorio holandés”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, a la cámara baja del Parlamento holandés en noviembre.
Días después, el primer ministro, Dick Schoof (conocido en su país como “El Triquiñuelas”), vaciló. “Hay posibles escenarios […] en los que [Netanyahu] podría venir a Países Bajos sin ser arrestado”, dijo Schoof en una conferencia de prensa en vísperas de la ASP.
“Eso no es correcto”, dijo el Representante Permanente de Países Bajos ante el Tribunal Penal Internacional, Henk Cor van der Kwast, insistiendo en que el Ministro de Asuntos Exteriores Veldkamp tenía razón. “Si [Netanyahu] viene, será arrestado”, dijo van der Kwast.
El Tribunal expurga sus miserias internas
La semana pasada, tumbado en una escalera del Centro de Convenciones del Foro Mundial de La Haya, el embajador de Sudáfrica en Países Bajos, Vusi Madonsela, habló sobre el ambiguo compromiso de ejecutar las órdenes de detención contra los dirigentes israelíes y la crisis de confianza que esto ha engendrado entre las partes del Estatuto de Roma.
“Entendemos que incluso Países Bajos pueden estar dudando en esa dirección, que dicen que creen que existe un vacío técnico que les permitiría no cooperar con el Tribunal mediante la detención y entrega del Primer Ministro Netanyahu o del ex ministro Gallant”, dijo Madonsela.
“Todos los Estados Partes deben estar dispuestos a poner el hombro y cooperar con el Tribunal, o de lo contrario el sistema de justicia penal internacional se verá socavado”, añadió.
El artículo 86 del Estatuto de Roma obliga a los Estados Partes a “cooperar plenamente con el Tribunal”, incluso ejecutando las órdenes de detención, sin condiciones ni peros. La sugerencia de que no lo harían es la raíz de la crisis de confianza en el Tribunal Penal Internacional, declararon los oradores de la Asamblea de Estados Partes de la semana pasada.
“Podemos tener Estados Partes que aplaudan ruidosamente una decisión tomada por el Tribunal mientras indican una falta de voluntad para hacer cumplir otra”, dijo el jurista australiano Chris Sidoti a los delegados la semana pasada. “Esta inconsistencia, esta hipocresía, plantea una amenaza más grave al derecho internacional, a los órganos judiciales internacionales y al estado de derecho internacional que cualquier otra cosa […] Acepto que los Estados actúen en su propio interés. Acepto que siempre lo han hecho y siempre lo harán. Pero en el pasado, a menudo consideraban que sus propios intereses se satisfacían mejor mediante un esfuerzo a largo plazo para construir un estado de derecho internacional con leyes bien desarrolladas e instituciones que funcionen. Ahora, cada vez más, los Estados parecen considerar que sus propios intereses son de corto plazo y completamente egoístas. Esa es la causa fundamental de la crisis”.