La falta de identificación de los mossos d’esquadra antidisturbios, pese a la orden que les obliga a llevar su número conocido como TIP, impide a la justicia llegar hasta el fondo de las investigaciones sobre violencia policial en la mayoría de casos de cargas contra manifestantes.

La intervención de los Mossos d’Esquadra del pasado viernes en la plaza de Cataluña de Barcelona ante los ‘indignados’ ha desembocado en al menos una quincena de denuncias en el juzgado, pero correrán la misma suerte que históricamente lo han hecho las causas abiertas por actuaciones policiales y previsiblemente serán archivadas, según han apuntado fuentes judiciales. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, investigará lo ocurrido el pasado viernes.

Las denuncias se presentaron ante el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona De hecho, de las denuncias que el pasado sábado se presentaron ante el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona, que estaba de guardia, la juez sólo ha acordado tramitar, y como falta, media docena que iban acompañadas de partes de lesiones. El resto de las denuncias, interpuestas por personas no lesionadas en las cargas que pedían una investigación sobre la actuación policial y la devolución de las pertenencias requisadas en la plaza, han sido archivadas provisionalmente por la juez al no existir perjudicados directos.

Las pocas causas que seguirán adelante por las lesiones causadas por los Mossos d’Esquadra, coinciden las fuentes consultadas, acabarán siendo archivadas con toda probabilidad por falta de autor conocido, dado que en derecho penal las causas sólo pueden prosperar contra personas físicas y no contra instituciones o entes jurídicos.
De forma aislada

Además, según las mismas fuentes, las agresiones de las fuerzas de seguridad deben ser investigadas en el ámbito judicial de forma aislada, lo que diluye las responsabilidades en la planificación de la intervención policial, que finalmente acaba siendo cuestionada sólo en el terreno político.

De hecho, las decenas de denuncias presentadas por los estudiantes afectados por las cargas durante las manifestaciones anti-Bolonia de marzo de 2009 acabaron siendo archivadas por ese mismo motivo, igual que en la mayoría de movilizaciones que acaban en violencia policial. En el mejor de los casos, los jueces instructores ordenan a la Policía facilitar la identidad de los agentes que integran el dispositivo antidisturbios, pero el gran número de policías que suelen componer ese tipo de despliegues -350 en el caso del pasado viernes- impide llegar a mayores concreciones.