El pasado 21 de septiembre, por 33 votos a favor del PRI y 14 en contra de toda la oposición, los legisladores del estado de Veracruz (México) aprobaron la denominada Ley Javier Duarte, en honor del señor gobernador, que la promueve.
La ley reforma el artículo 373 del Código Penal de Veracruz, tipificando como delito la “perturbación del órden público” estableciendo que “quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
El gobernador promovía esta iniciativa después de la polémica detención de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, acusados de terrorismo por difundir mensajes alarmistas en Twitter. Los dos han pasado 29 días en la cárcel.
Pero la ley “ad hoc” contra la expresión digital en libertad no ha gustado a un buen número de ciudadanos digitales mexicanos que ven en la iniciativa del gobernador del PRI una forma de censura en la red y de convertir a todos los usuarios en potenciales “criminales” y “perturbadores del orden público”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que “cualquier afectación del orden público invocada como justificación para limitar la libertad de expresión debe obedecer a causas reales y objetivamente verificables, que planteen una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas. En consecuencia, no resulta suficiente invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden”.
Aministía Internacional y Reporteros sin Fronteras (RSF) también han alzado su voz. Desde RSF se recordó desde el primer momento a las autoridades de Veracruz que perdían el tiempo inútilmente en un “caso sin futuro”, en referencia a la detención de los dos twitteros, “mientras hay tres asesinatos recientes de periodistas por esclarecer en un Estado clasificado como el más peligroso para la prensa”.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha anunciado que hará una valoración de la ley en un plazo de 30 días para resolver si procede presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Foto | La Chingada News
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