Campesinas y mujeres rurales denunciaron ser víctimas de prácticas estatales de arrasamiento de tierras, violaciones sexuales, criminalización de la defensa de los territorios, asesinatos, quema de sus cosechas y destrucción de sus viviendas, por parte de instituciones del Estado.
Prácticas similares a las cometidas por el ejército durante el conflicto armado interno en Guatemala, que duró 36 años, sufren las mujeres en la actualidad según denuncias de las organizaciones que conmemoraron el pasado sábado el Día Internacional de las Mujeres Rurales, al realizar una conferencia de prensa en la Plaza de la Constitución.
Al autorizar concesiones para la explotación de los recursos naturales o la instalación de megaproyectos, el gobierno desaloja violentamente a las y los habitantes de las comunidades, en algunas ocasiones se han registrado violaciones de niñas, adolescentes y mujeres, como en el caso del desalojo en el Polochic.
En esa oportunidad, las fuerzas de seguridad quemaron las cosechas y robaron las propiedades, dijo a Cerigua María Guadalupe García, representanta de la organización Mama Maquín.
En San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde opera la Mina Marlin, el Estado giró orden de captura contra 8 mujeres, quienes decidieron defender sus tierras y sus hogares ante la coacción y las amenazas ejercidas por la empresa para apropiarse de los terrenos.
Ese mismo tipo de situaciones se registran en algunos poblados de Huehuetenango; Ixán, Quiché; Alta Verapaz y Quetzaltenango, situaciones contradictorias en una época donde se supone el Estado debería alentar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, aseguró García.
El conflicto armado interno en Guatemala dejó 200 mil personas asesinadas y desaparecidas, 100 mil de ellas fueron mujeres violadas reiteradamente por elementos del ejército, de acuerdo con registros de la Comisión del Esclarecimiento Histórico.
Las causas del conflicto, la extrema desigualdad social y la pobreza, han sido escasamente abordadas por el Estado; ante esa situación, las mujeres rurales propusieron la transformación de la política agraria, que permita la redistribución equitativa de la tierra y mayor acceso a la propiedad para ellas.
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