El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado hoy que es ilegal que un juez ordene a un proveedor de internet a realizar un control general de los datos que transmita en su red para evitar descargas ilegales de archivos protegidos por derechos de autor.
La sentencia (pdf) afirma que el establecimiento de un sistema de control de este tipo vulnera los derechos fundamentales de los clientes, como la protección de datos o la libertad de recibir y comunicar informaciones, y también infringe la libertad de empresa.
El fallo tiene su origen en un litigio entre Scarlet, un proveedor de acceso a Internet, y SABAM, la SGAE belga. SABAM denunció que los usuarios que utilizaban los servicios de Scarlet descargaban obras protegidas que figuraban en su catálogo.
La SABAM solicitó ante los tribunales belgas que se obligara a esta compañía a poner fin a la supuesta violación de derechos de autor de obras musicales protegidas a través del intercambio de archivos que permiten los programas peer to peer, que se podían utilizar dentro de la conexión ofrecida por Scarlet.
Un tribunal local dio la razón a la SGAE belga y condenó a Scarlet a imposibilitar cualquier forma de envío o de recepción por parte de sus clientes de archivos musicales con derechos protegidos sin autorización de sus titulares, bajo una multa coercitiva de 2.500 euros diarios.
Pero el proveedor recurrió al tribunal de apelación de Bruselas, alegando que este requerimiento judicial no se ajustaba al derecho de la UE, puesto que le imponía de hecho una obligación general de supervisar las comunicaciones en su red, lo cual era incompatible con la directiva sobre comercio electrónico y con los derechos fundamentales.
Los jueces belgas consultaron el caso al TJUE que ahora viene a rechazar la sentencia ya que la aplicación de la misma “implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa de Scarlet, dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas”.
No hay un juez ni ley que pueda obligar a los proveedores a ejercer de policías de la red. El requerimiento judicial vulneraría los derechos fundamentales de sus clientes. El máximo tribunal europeo ha hablado.
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